En 2016 ya hay 6000 personas más en situación de calle en la Ciudad

El 31 de agosto finalizará el Operativo Frío en la Capital Federal para miles de personas. El problema de los números es que despersonalizan, no permiten apreciar las subjetividades que hay detrás. Pero la cuestión se complica cuando las cifras oficiales no coinciden con las cotidianas. Según un censo de la Ciudad, que data de abril, hecho en tres horas un día de lluvia, hay 876 personas en situación de calle. Las mismas de 2013. Pero para las organizaciones del sector, este año ya son casi 22 mil, entre un 20 y un 40% más respecto de 2015. Tres de cada cuatro que viven en situación de calle no son tenidos en cuenta por el discurso del Ejecutivo porteño.

“La población es estable y hace años que no cambia”, expresó días atrás a Clarín el subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la Ciudad, Maximiliano Corach, hijo del ex ministro del Interior de Carlos Menem. Tiene a cargo el programa Buenos Aires Presente (BAP), que aborda a las personas en situación de calle. La coordinadora de Ciudad Sin Techo, Claudia Enrich, revela a Tiempo: “Claramente hay un aumento. Cualquiera lo ve. Más de 50 organizaciones hicimos relevamientos y hay unas 22 mil personas. Es terrible”. El año pasado contabilizaban casi 16.500. Horacio Ávila, titular de Proyecto 7, otro referente del sector, coincide con ese número y completa: “Hoy la gente tiene que elegir: paga los servicios o morfa. Es real. La gente caída del sistema es muchísima”. Corach respondió: “No voy a opinar sobre la percepción de la gente. Lo que pasa es que vienen del Conurbano, por eso parecen más”. Sin embargo, el propio funcionario admitió que los 35 refugios con más de 2000 camas, “los días de frío polar se llenan”.

Existe un problema básico: qué se entiende por persona en situación de calle. La Ley 3076 es clara. Son todas aquellas, de cualquier origen, que habiten en la calle o espacios públicos “en forma transitoria o permanente”, incluidas las que están “en riesgo a la situación de calle”.

Los casos tejen la telaraña de los excluidos. Desocupados, adictos, externados de salud mental sin contención, chicos que trabajan de y en la calle, recicladores urbanos. Un grupo crece a pasos agigantados: los desalojados. “La cantidad de gente comiendo en la basura, no la veía desde los ’90 –expresa Ávila–. Hacía rato que no presenciaba peleas por las hamburguesas de McDonalds en los horarios de cierre”. Está el caso de María y Armando. Ella es profesora de Bellas Artes; él, contador. Terminaron con sus hijos en Plaza Congreso por no poder hacer frente al aumento de alquileres y servicios. Son nuevos actores sociales excluidos. Muchos de clase media baja, y otros que están en el borde. Sólo en el primer trimestre, según datos de Proyecto 7, ingresaron unas 800 personas nuevas al sistema informático del BAP. Nunca habían estado en la calle. Son los “caídos”.

Aquellos que pueden, van a refugios. El sistema es carcelario. Son casi las 19 y en el parador Pereyra, en Barracas, la fila es enorme, arreada por fuerzas de seguridad. Sin DNI no ingresan. Funcionan medio día. A las 8 se desaloja y el parador cierra. En algunos hay sólo dos operarios de guardia. Seis años atrás eran 20. Un factor son los salarios, menores a $ 8500.

Una trabajadora del BAP remarca que “hay personal no capacitado, lo que se traduce en que sean dispositivos súper expulsivos”. Habla de falta de agua y pañales, abusos no denunciados, egresos injustificados: “Llego y hay una madre y su nena en la puerta, con una derivación a un hogar en la loma del traste, que me dice: ‘No tengo SUBE, no tengo cómo llegar’”.

Casi no hay paradores para familias. Para no ser separados, varios grupos prefieren acampar afuera y seguir juntos. La población LGBT carece de contención. La línea 108, para llamar cuando alguien se encuentra en situación de vulnerabilidad, recibió en el período junio-agosto de 2015 un promedio de 200 llamadas diarias. Este año fueron 300.

“En noviembre hacíamos cien viandas para repartir en Congreso y nos sobraba. Ahora hacemos 140, y 20 más para Caballito”. Quien habla es Leandro Castro Vila, de Caminantes de Buenos Aires, que se sostiene por aportes de sus 60 voluntarios. Días atrás les negaron el subsidio para la luz y el gas. Otro aspecto cambió respecto al pasado reciente: “Por primera vez en nueve años, cuando llegan a buscar la comida están muertos de hambre. No comen en todo el día. Las panaderías no les entregan porque laburan menos, no hay sobras”.

Cada semana, los 25 voluntarios de Ni Una Persona Más recorren desde Boedo hasta Constitución para dar comida, ropa y productos de higiene. Y contener. Adrián Recabarren, voluntario, enfatiza que “necesitan ser escuchados, es gente dejada de lado que no tiene ayuda concreta”.

Según datos oficiales, el 43% de los porteños es pobre y el 7,3%, indigente. La jueza Elena Liberatori acaba de otorgar un amparo de la diputada Victoria Donda, y de Laura González Velasco, del Consejo Económico y Social de la Ciudad: el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta debe relevar en diez días la cantidad de personas en situación de calle o “vulnerabilidad habitacional”.

En la Legislatura, organizaciones, la Pastoral social y diputados opositores reclamaron que se declare la Emergencia Social y se actualice el monto de los subsidios. Desde hace dos años son de 1800 pesos por mes (la persona debe tener DNI y constancia de 24 meses de residencia en territorio capitalino), con un plazo semestral. En noviembre de 2014 el promedio de alquiler mensual de un departamento de dos ambientes era de 4583 pesos. El pedido es que los subsidios tengan un piso de 4000 y un techo de 6000 pesos, y que duren al menos dos años, no seis meses.

En Proyecto 7 saben de lo que hablan porque lo han vivido. Ávila vivió en la calle en 2001. Otro integrante, Marcelo Castillo, durmió tres años en el ombú de Plaza Congreso. Sólo ahí había en mayo 250 personas, de acuerdo a un relevamiento de la organización Haciendo Lío, publicado en Télam. En ese mismo espacio, el año pasado, Ciudad Sin Techo contabilizó cien personas.

Detrás yacen consecuencias menos visibles. Según Médicos del Mundo de Argentina, el 85% no accede al cuidado de la salud de forma permanente. El 77,5% son varones, tres de cada diez no tienen DNI y un 33% carece de red vincular-familiar. “La situación de calle es una expresión clara de las sociedades excluyentes, es el subsuelo de la cuestión social de la pobreza», enfatiza Gonzalo Basile, presidente de Honor y Coordinación América Latina y Caribe de Médicos del Mundo. Prevalecen las enfermedades respiratorias agudas, las infecciones dermatológicas, la violencia, los problemas musco-esqueléticos y traumatismos: «Las respuestas siguen siendo erráticas y sin perspectivas integrales de repensar los dispositivos públicos más efectivos para su abordaje multidimensional”. En el hospital Penna, en Parque Patricios, aumentan semana a semana los casos de tuberculosis. La mayoría es gente en situación de calle. Un médico reveló que sólo el lunes había 49 pacientes internados en la guardia: “Es un desastre, está todo colapsado”. 

Informe: Federico Trofelli y Jesús Cabral

Del tarifazo a los desalojos

l tarifazo y los consiguientes desalojos han dejado a muchas familias en la calle. El edificio del pasaje Zelaya 3126, en el Abasto, tiene 24 piezas, donde se hospedaban 27 familias. No pudieron pagar la luz. Se la cortaron. Por eso comenzaron a iluminar sus viviendas con velas, hasta que una cayó en un mantel, hace tres semanas, y el incendio destruyó todo. Desde entonces acampan en la calle.

Ana Gamarra tiene 33 años y es madre de un nene de 12 años y un bebé de once meses: «Vine de Perú y llegué a esta vivienda por medio de una amiga de la iglesia. Mi marido es albañil, y yo trabajo en una guardería social que depende de Argentina Trabaja. Queremos pagar un lugar para vivir de forma digna. Pero no podemos, nos piden requisitos que no podemos conseguir. Si queremos una pieza no nos aceptan porque tenemos chicos.» Entre sus compañeras, hay una mujer de 40 años en silla de ruedas y una abuela de 85. A pocos metros, en Carlos Gardel 3151, otras 25 familias esperan ser desalojadas.

«Hasta los documentos nos tiran»

Rocío, ojazos verdes y una importante cicatriz en la nariz, tiene 36 años, y desde el 10 de abril de 2015 vive en una de las casas de madera, cartón y frazadas construidas sobre la amplia vereda de Luis Sáenz Peña, a pasos del Congreso. Ese día empezó  a salir con El Ruso. Nació en Salta y luego su familia se trasladó a San Cristóbal. A los cuatro años fue violada por su padre, con quien perdió contacto. Trabajó en bares, verdulerías, kioscos, hasta fue supervisora de Jumbo. Entonces llegó la calle. Vivió en las sombras de Constitución y Parque Patricios, donde conoció los estragos de la adicción a la pasta base: «No quería ni comer, estaba toda sucia.» Todo cambió cuando comenzó a estudiar el Plan Fines en el Centro Monteagudo. Rocío tuvo cuatro hijos; dos de ellos murieron. La mayor tiene 18. Con lágrimas en los ojos, cuenta que es «bailarina profesional del Colón y el San Martín».

A pocos metros vive Tamara, en una casa hecha de cartones. Tiene 25 años y cuatro hijos. «Hace cuatro días murió una chica que estaba embarazada. Esa noche vino la ambulancia, pero no se la llevó, y a las horas falleció», cuenta. Advierte que en estas épocas la muerte está a la orden del día para los que duermen en la calle. Denuncia que en los operativos conjuntos entre el BAP y la Metropolitana, «te hacen desarmar todo y lo tiran en un volquete. Las frazadas y la ropa no son difíciles de volver a juntar. Pero cada dos por tres tenemos que volver a hacer los documentos. Hasta eso nos tiran.»

Rancho, fuera del Parador

Fuera del parador de Parque Chacabuco hay familias “ranchando”. “Como lo vieron a él tomando cerveza, no los dejaron entrar y se armaron una carpa en la puerta. Los dos tienen retraso madurativo”, apunta una trabajadora del BAP. Otra familia se sumó. Los sacaron porque el hombre sufre colostomía.