Miraba el reloj. Quería saber cuánto restaba para terminar su jornada laboral. Desde hace 15 años Verónica es administrativa en una empresa de logística en Villa Crespo. “Ese viernes, a alrededor de las 15:15, me llamaron de la escuela; me puse pálida, sabía que algo malo había pasado”, recuerda en diálogo con Tiempo. “Me dijeron que fuera a buscar a Alma, que estaba descompuesta”. Rápidamente pidió el relevo y fue a la Escuela Primaria N° 17 Francisco de Vitoria. “Cuando llegué, mi hija estaba descompuesta pero más de 30 compañeritos también”. Ese 23 de agosto de 2019, decenas de chicos se intoxicaron luego de almorzar pizza. Muchos terminaron internados en los hospitales Fernández y Durand. Desde el Ministerio de Educación porteño dijeron que fue hecho aislado, pero varios sectores de la comunidad educativa afirman que la mayoría de estos casos son silenciados por el Ejecutivo. En marzo de 2020 ocurrió una intoxicación masiva en al menos cuatro establecimientos educativos del barrio de Palermo. El saldo: más de cien estudiantes intoxicados.
Las viandas escolares de esa zona pertenecen a la empresa Lamerich SA, administrada por la familia Melul. Una de las firmas que más dinero recibió del Ejecutivo porteño en los últimos cuatro años por la concesión de los comedores. La suma ronda los 2606 millones de pesos a razón de $ 651 millones anuales, a lo que se suman las «compensaciones» por la inflación. Pero a partir de 2022, la misma empresa recibirá más del doble de ese dinero. En febrero de este año, el Gobierno de la Ciudad llamó a licitación pública para determinar quiénes van a hacerse cargo del servicio de alimentación para las escuelas públicas de CABA. Una concesión que durará hasta 2025. El presupuesto asignado es de más $ 50 mil millones. Para este año será de 12 mil millones.
La concesión quedará en manos de las mismas 19 empresas “que hace décadas manejan los comedores de las escuelas de la Ciudad y se reparten un negocio millonario”, destaca a Tiempo María Eva Koutsovitis, coordinadora de la cátedra de Ingeniería Comunitaria e investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, integrante de la “Campaña por una alimentación de calidad y gratuita para todxs”.
El servicio de comedor incluye desayuno, almuerzo y refrigerios, y cubre a más de 291 mil estudiantes de escuelas públicas. «El valor del pliego, los plazos para presentar la propuesta y el sistema de puntuación, está todo direccionado para favorecer a los mismos de siempre, y los requisitos de la licitación están armados para excluir a las cooperativas y pymes”, agrega Koutsovitis.
El último informe de la Auditoría General de la Ciudad sobre “Comedores Escolares y Servicio de Viandas” advierte que “el pliego de bases y condiciones particulares no implementa un mecanismo de control suficiente debido a que el análisis bromatológico de alimentos recae solo sobre el concesionario, lo que no resulta suficiente para garantizar y asegurar alimentos aptos para el consumo”.
El gobierno porteño tampoco quiere que los comedores estén en manos de las cooperadoras escolares. Un ejemplo es la persecución que ejerce durante años contra las familias que integran la cooperadora de la Escuela N° 4 Álvarez Thomas, que estuvo intervenida durante 15 meses y que, al no encontrar un solo hecho de mala administración, en diciembre volvió a manos de las familias. “Sin dudas, la intervención fue para meter a las empresas privadas en el comedor y para aleccionar a las familias organizadas”, subraya Carla Policella, integrante de la cooperadora. Desde hace varios años administran su propio comedor con productos de calidad, personal de cocina propio; y sin ningún antecedente de intoxicación en toda su historia. “La cooperadora sigue el menú que impone Larreta, pero comen milanesas de carne y no productos procesados. Cuando les toca medallones de pescado, comen filet de merluza rebozada y, cuando les toca verduras, comen productos orgánicos. Pero también repiten el plato si se quedaron con hambre, cosa que no ocurre con las viandas que proveen las empresas privadas”, agrega Policella.
Son cuatro escuelas las que poseen comedores autogestionados en todo el distrito. Sus comidas, mucho más abundantes, orgánicas y cuidadas, alcanzan a apenas 3800 chicos sobre el total de 291 mil estudiantes que reciben los servicios de comedor en CABA.
Arroz blanco con sabor a agua, fruta machucada, gusanos en la lechuga, pollo crudo, yogurt vencido, puré con sabor a leche rancia son algunas de las denuncias cotidianas que llegaron a la Legislatura, donde el FdT presentó un proyecto de ley para crear un nuevo sistema de alimentación escolar. A la trama se agrega que algunas de las empresas que manejan la alimentación en escuelas porteñas fueron aportantes de campaña del PRO en 2015. Entre ellas se encuentran Teylem SA, perteneciente al Grupo L; y Friends Food SA. Esta última perteneciente a Rubén Forastiero, que además obtuvo varios contratos distritales, negocios vinculados con el Pami y también adjudicaciones del Ministerio de Salud para la provisión en hospitales durante la presidencia de Mauricio Macri. En su momento G 25 y Formar, ONG vinculadas a Guillermo Dietrich y Esteban Bullrich, recibieron durante la campaña más de 14 mil dólares en concepto de donaciones por parte de la empresa Friends Food SA. En un informe realizado por este diario en noviembre de 2018, se destaca que esas organizaciones también obtuvieron financiamiento de Teylem SA y de la Cámara de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerios, de la cual participan ambas firmas. En ese período aportaron más de 18 mil dólares, según consignó Chequeado, que accedió a los balances presentados ante la Inspección General de Justicia.
Una ley para comer sano y nutritivo
El Frente de Todos porteño presentó un proyecto de ley que, de aprobarse, cambiaría la matriz de la alimentación escolar en CABA. El documento nuclea los reclamos históricos de la comunidad educativa sobre los alimentos y los servicios que brindan las empresas privadas. La iniciativa presentada por la legisladora Ofelia Fernández hace hincapié en el acceso gratuito a alimentos sanos, tanto en escuelas públicas como privadas con cuota cero; que esos alimentos beneficien la salud y los procesos de aprendizaje; y que los servicios de viandas y provisión de insumos a los comedores los realicen cooperativas y asociaciones de la economía popular, social y solidaria.
El viernes se realizó una jornada en la Legislatura para avanzar en la propuesta. “La escuela pública es gratis o no lo es, pero nunca puede ser a medias”, exclamó a Tiempo Leonor. Tiene dos hijos y el Gobierno de la Ciudad le otorga el 50% de la beca alimentaria porque, junto con su marido, poseen ingresos que superan los límites pautados por el Ejecutivo, que estipula la alimentación de los estudiantes como un beneficio y no como un derecho. Así lo difunde por sus canales: “Las Becas Alimentarias son un beneficio al que pueden acceder todos los alumnos de establecimientos educativos de gestión estatal”. Para que un estudiante porteño cuente con la beca alimentaria, su familia se ve obligada a entregar datos privados: recibo de sueldo; para el caso de ser Monotributista/Autónomo, los comprobantes de ingresos de trabajo informal o desocupado; la Certificación Negativa de Anses; y una declaración jurada de los ingresos mensuales.
