Elevan a juicio causas a referentes populares que denuncian persecución

En la provincia de Jujuy, este jueves la Justicia llamó a declarar a militantes populares que fueron imputados en distintos delitos que están estipulados en el Código Contravencional que puso en vigencia el gobernador radical Gerardo Morales.

Las víctimas aseguraron que sufren una persecución jurídica, política y represión a la protesta social. En el diálogo que mantuvieron con este diario, contaron la pesadilla y la injusticia sistemática que vive el pueblo jujeño a diario. A partir del próximo 30 de marzo los militantes comenzarán a ser juzgados en un juicio.   

“Venimos denunciando hace años que en Jujuy no existe el estado de derecho porque hay un gobierno autoritario, el gobernador es un déspota, que está embriagado de poder e impunidad y sigue avanzando contra los derechos de los trabajadores”, expresó Miguel Ramos, uno de los referentes del Partido Político AJI20 y su expresión territorial Asamblea Trabajo y Dignidad que fue citado a declarar, en diálogo con Tiempo. Continuó denunciando lo que está pasando en “la localidad de Caspalá, allí están invadiendo los territorios de los pueblos originarios”.

La trama de relaciones

“El problema que están sufriendo por sus tierras viene por el negociado que tiene Morales con el Partido Justicialista (PJ) y demás funcionarios, acá eso ya es algo común que todo el pueblo sabe”, señaló Ramos. Siguió alertando que “la persecución judicial y política la ejerce el gobernador a través de su Código Contravencional -que fue hecho por él mismo mandatario y viola todos los parámetros constitucionales- para callar las voces de la protesta social”.

También explicó que esta norma provincial se le aplica a cualquier persona que “se atreva a cuestionar su política de hambre, miseria e injusticia social que nos impone a punta de escopeta y con el Código bajo el brazo”. Puntualizó que “desgraciadamente tenemos una Justicia adicta al poder político”.

En su relato el referente popular menciona un peligro dictatorial que penetró en esa provincia y puede expandirse al resto del país de un momento a otro: “Hace años venimos sufriendo estas imputaciones viles, injustas, tramposas, como fue el caso de nuestras compañeras Ana Julia Ramos y Marisol Velázquez que finalmente pudieron demostrar que son totalmente inocentes, ellas se habían postulado, no ganaron, pero sacaron buena cantidad de votos”, reconstruyó el hombre. “Acá solo manda el ejecutivo, no se respetan las divisiones de poderes, la forma republicana de gobierno no existe en Jujuy”, alertó el dirigente popular.

“Además, este año arrancaron invadiendo el territorio de los pueblos originarios en Caspalá y otras localidades que no tuvieron repercusión mediática, como dije antes, les están invadiendo los territorios a los pueblos originarios”, se quejó el dirigente. “Fue todo muy oscuro y perverso, los hacen solo para defender los negocios de Morales y su socio Rubén Rivarola, ellos están detrás de todas las jugadas sucias”, denunció.

“Cuando las mujeres jujeñas salieron a las calles en el marco del paro internacional de mujeres 8M, fueron recibidas violentamente por la policía de Morales, las compañeras sufrieron represión”, remarcó. También lamentó que “ver personas con uniformes azules que les pegan a los pobres, es una postal que se repite en esta provincia”.

La declaración en la fiscalía

“Este jueves me llamaron a declarar por una serie de imputaciones que nos hicieron el 30 de noviembre de 2021, en esta fecha nosotros habíamos movilizado con dos organizaciones sociales que son hermanas nuestras”, recordó Ramos. Aseguró que esa vez “nos reprimieron y nos armaron causas”.

“Por este motivo nos citaron a las nueve de la mañana en el Juzgado Contravencional N°1 que fue creado por Morales hace siete años”, señaló. Se quejó de que el fiscal “no nos dejó ni siquiera expresar nuestro rechazo hacia lo que impone el gobernador, que es la represión a la protesta social. Cuando fuimos a declarar nos echaron y nos reprimieron cuando salimos de la audiencia”.

“Aquella marcha del 30 de noviembre del 2021, justamente la hicimos para reclamar trabajo genuino, dijimos basta de planes y bolsones de mercadería, porque comprendemos que eso es otro artilugio más de los del poder de arriba para seguir sometiéndonos al hambre y la miseria”, subrayó Ramos. En aquel momento también “imputaron a mi compañera de militancia Gabriela Garzón y a dos miembros de otras organizaciones hermanas”.

“Sufrimos distintos tipos de apriete, acusaciones gratuitas, causas penales armadas”, expresó el dirigente popular. “Ahora que fuimos a declarar y nos dieron dos opciones; una es que paguemos una multa de 40 mil pesos en cuotas, eso nos dijo el fiscal, y que de este modo nosotros estaríamos aceptando que habíamos cometido un delito en ese momento que realizamos la protesta”, agregó.

“Estamos imputados en una causa  acusados de obstaculizar el tránsito vehicular, eso acá es un delito, para Morales y su justicia”, señaló Ramos. La otra opción que les dio el magistrado fue ejercer el derecho a la “defensa a partir de la presentación de pruebas que demuestren nuestra inocencia respecto a ese supuesto delito que cometimos”.

“Nosotros elegimos esta última, porque no vamos a aceptar que la protesta social es un delito, nuestra mejor defensa es la realidad misma que vivimos a diario en nuestro pueblo”, dijo el referente. Para no ser pobre en Jujuy “una familia tipo tiene que tener 186 mil pesos por mes, nosotros no llegamos a esa suma, un docente tampoco llega, habrá que buscar alguna otra categoría porque nosotros estamos muy lejos de tener un ingreso así. Además de la terrible inflación y los precios de los productos que suben todo el tiempo”, ahondó.

Juicio y persecución a los referentes populares

“Ante todo lo que expusimos ante el fiscal y la decisión que tomamos aceptando la segunda opción que nos dio, el magistrado nos dijo que nos hará un juicio, nos van a enjuiciar por salir a reclamar un salario digno”, enfatizó el dirigente jujeño.”Para nosotros esto es una película de terror, una pesadilla que vivimos todo el tiempo, estamos siendo perseguidos, el pueblo no tiene paz”, expresó muy angustiado.

“Nos llevan a juicio el próximo 30 de marzo a las 15 horas”, señaló Ramos. Cuando salieron de la  audiencia le comentaron a sus compañeros y compañeras que aguardaban afuera lo que les habían dicho, “la policía nos reprimió y nos hicieron otra causa contravencional”.

“Pero de todos modos nosotros vamos a seguir luchando por los derechos del pueblo”, aseveró Ramos. Cerró remarcando que “tenemos fe en lo que hacemos como militantes populares, porque sentimos amor por nuestros niños, niñas, abuelos, abuelas, las madres y los jóvenes que padecen miles de necesidades a diario”.

Radio Pueblo de Jujuy

“Las causas armadas a los compañeros es un claro mensaje disciplinador de Morales para criminalizar el derecho a la protesta social”, dijo Roberto Aragón, periodista de Radio Pueblo que es comunitaria, a este diario. Todo esto es “terrible, porque los van a elevar a juicio por reclamar un salario digno”.

“Esto genera un montón de situaciones de persecución y de miedo en los ciudadanos”, denunció el comunicador comunitario. Sobre todo por la situación económica, “porque amenazan con multas, con obligar a la gente a que haga trabajo comunitario entre otras técnicas que usan y están estipuladas en el Código Contravencional del gobernador”, agregó.

“Van a llevar a juicio a los referentes populares que están reclamando por el derecho a la alimentación, por las niñeces y las adolescencias que se ven afectadas con este contexto económico que vivimos”, explicó Aragón. Siguió contando que todo lo que hacen está asentado, “cuando los policías labran sus actas queda todo registrado, porque cuando ellos preguntan por qué es la manifestación, nosotros les comentamos que lo hacemos porque no hay respuestas de parte de los ministerios ni los organismos estatales”.

“Se nos ve vulnerado el derecho constitucional de peticionar a las autoridades, el gobierno acá en Jujuy va en contra del estado de derecho, no se respetan los estándares internacionales de Derecho Humanos”, reclamó Aragón. Este jueves el periodista fue a realizar una cobertura y vivió un “operativo policial que hicieron para desalojar a las personas que estábamos acompañando a los referentes en la audiencia, avanzaron sobre nosotros de manera violenta, todo el tiempo nos amenazaron con armarnos causas penales”.

“Nos sometieron a un constante registro fílmico y fotográfico, que hicieron personas vestidas de civil y la misma policía, así después identifican a los militantes y los imputan en causas”, advirtió el periodista. Finalizó asegurando que primero los marcan y “luego nos van a buscar, es un procedimiento muy dictatorial el régimen que estamos viviendo en Jujuy, no se puede decir nada en contra de gobernador”.

El proyecto del Frente de Todos para intervenir la justicia de Jujuy

Durante la última semana de mayo de 20222, ante la situación y el contexto que aqueja al pueblo jujeño, los diputados del Frente de Todos (FdT – Patria Grande) Federico Fagioli, Itaí Hagman y Natalia Zaracho presentaron un proyecto de Ley que pide la intervención federal al Poder Judicial de Jujuy. Lo hicieron porque consideran que la Justicia de esa provincia tiene “prácticas autoritarias” y no garantiza “la forma republicana de gobierno, la división de poderes y pone en riesgo al sistema democrático” de todo el territorio argentino.

Los legisladores del Frente Patria Grande que dirige Juan Grabois encabezaron la presentación que se realizó el año pasado en el Congreso de la Nación. Estuvo presente Milagro Sala y otros dirigentes políticos y sociales de esa provincia mediante una videoconferencia. En esta misma línea y con similares argumentos jurídicos, el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Raúl Zaffaroni también denunció la persecución y represión que sufren en Jujuy.