Entrevista a Dora Barrancos, socióloga, miembro del Directorio del Conicet
Fue Barrancos quien promovió desde el Directorio, semanas atrás, la difusión de la intención del gobierno nacional de hacer un ajuste del 60% en el ingreso a la carrera de investigador, lo que derivó en la toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que terminó en un frágil acuerdo con los casi 500 científicos que quedaron afuera. El gobierno ofreció prorrogarles la beca un año más, con la posibilidad de que ingresen a algún organismo público a desarrollar sus trabajos. Pero así nadie entrará a la carrera de investigador, que tendrá el menor número de ingresantes en diez años. Barrancos alerta que el conflicto persistirá todo el año, y dice que podría haberse evitado con 200 millones de pesos. La relación entre Barañao y la comunidad científica, agrega, «ya es un vínculo cuasi imposible».
Habiendo pasado unos días de este endeble acuerdo, ¿qué reflexión le merece toda la situación?
Es muy compleja. Podría haber tenido otra resolución; ha habido ahí un obcecamiento, porque con 200 millones se resolvía antes, mucho más fácil. En cambio, es muy azarosa la posibilidad de resolución de acuerdo a los términos del arreglo que se ha hecho. No sé cómo van a hacer las universidades, que serían el gran sector empleador, para absorber a esos candidatos ingresantes, si no los contaban en sus presupuestos. Igual que organismos como la CNEA o el INTA, donde la planta no llega a 30 personas. No tienen capacidad para absorber más allá de 40 investigadores, siendo generosa. Es más, históricamente la planta de investigación del INTA era muy buen acompañada y ayudada por la incorporación que hacía el Conicet. Ahora es al revés. ¿No era más sensato pasarle el recurso directo al Conicet?
¿Ninguno de esos casi 500 entrará a la carrera de investigador, para la que se postularon y tuvieron una evaluación favorable?
Me temo que toda esta situación efectivamente vaya a dar en esa conclusión. Lo pedido originalmente por el Ministerio en su presupuesto tenía una previsión que cómodamente daba sin ningún problema para el ingreso de 900 científicos. Pero luego, del pasaje de Jefatura de Gabinete al Congreso, a ese monto original le recortaron 4000 millones de pesos, de los que devolvieron 1000 millones. Si yo finalmente acepto que me saquen los 3000 millones, quiere decir que estoy en condiciones muy debilitadas para sostener esto y convencer a los propios.
¿Cómo cree que quedó la relación entre el ministro y los científicos?
Ahora se ha complicado hasta una situación abismal, ya de un vínculo cuasi imposible de convivencialidad, de cuasi imposible recomposición. Las cuestiones han ido demasiado lejos.
¿Cree que va a volver el conflicto dentro de un año?
Es que el conflicto sigue y va a permanecer abierto, lamentablemente. Mi pronóstico es muy duro. No creo que se pueda cerrar en el curso del año. Y va a haber un encadenamiento de acontecimientos. Los postulantes en 2017-2018 a la carrera de investigador se van a encontrar con esta masa de no entrantes de este año. Esto no fue contemplado. Por eso es desolador que gente que debería haber tenido una inteligibilidad de los acontecimientos, no la tuviera a tiempo. Es impactante.
¿Qué opina de las declaraciones de Alejandro Ceccatto, el presidente del Conicet, luego replicadas por Marcos Peña, acerca de que los 900 ingresos del año pasado no estaban presupuestados?
Ha sido muy infeliz y lamentable una declaración de ese tipo. Es no conocer las propias reglas, que está obligado a conocer muy bien. Cuando señala que no hubo criterio… Los criterios son muy rigurosos, estaban absolutamente pactados los 942 ingresos, con su presupuesto respectivo. Y se hizo con todo el rigor que tiene este proceso en el que trabajan cientos de evaluadores.
En el Ministerio se habla de una nueva tendencia, la «ciencia empresarial», con preponderancia de ciertas áreas que serían más «potables» para el mercado.
Lamento muchísimo el desquicio del concepto. No hay ciencia impoluta. «Ciencia empresarial» sugiere una incontinencia lingüística. Y además, el empresariado argentino es completamente renuente a arriesgar en materia científica y tecnológica. La ciencia es una inversión a largo plazo, y los empresarios argentinos son cortoplacistas. No van a correr riesgos, son tan miopes que ni siquiera van a apostar por la ciencia aunque les dé rédito a sus propios intereses.
En pleno auge del conflicto y la toma, en ciertos medios y redes sociales se estigmatizó a los investigadores del Conicet, sobre todo a los de Ciencias Sociales.
Primero: el invento no fue espontáneo. Sabemos que se actuó concatenando la paga de actores a través de las redes. Segundo: las ciencias sociales han hecho contribuciones notables estos últimos años en el país: se ocuparon de las pobrezas, de la marginación. Han renovado numerosísimos tópicos y sujetos, como las mujeres y la igualdad de género. Incluso hubo intervención de una investigadora del Conicet en el nuevo Código Civil. Por otro lado, en esos ataques anónimos se cuestionaron ciertas temáticas. ¿Cómo no vamos a indagar al fútbol en las investigaciones? Si es el 70% de la cotidianidad en la Argentina. Estudiar desde el uso lingüístico con el que interactúan no sólo los varones, hasta sus marcos antropológicos y sociológicos, las configuraciones de adhesiones, la violencia. ¿Cómo no indagarlo? Las ciencias sociales son fundamentales para el marco humano, a no ser que se quiera entrar en la barbarie fascista, y esas locuciones son de barbarie fascista. «
El Directorio, preocupado por el recorte
El Directorio del Conicet está presidido por Alejandro Ceccatto, designado en ese cargo por el presidente de la Nación. Los ocho restantes miembros son elegidos de esta forma: cuatro por los propios científicos, uno propuesto por el Consejo de Universidades, uno por las organizaciones representativas de la industria, otro por las del agro, y un último designado por los organismos responsables de la ciencia y la tecnología de los gobiernos provinciales. Así como Dora Barrancos proviene de las Ciencias Sociales y Humanas, Mirtha María Flawiá, Miguel Ángel Laborde y Vicente Macagno son doctores en Ciencias Químicas; Francisco Tamarit es licenciado en Física; Santiago Sacerdote es ingeniero industrial; Carlos José Van Gelderen, médico veterinario; y Tulio Del Bono, ingeniero electromecánico. El 21 de octubre, le enviaron una carta al presidente Macri para advertirle que el recorte implicaría una reducción importante en las actividades del Conicet. Y el último 15 de diciembre, en plena toma, volvieron a enviar un comunicado expresando «profunda preocupación por las decisiones que nos vemos obligados a tomar» a partir de un ajuste que tendrá «consecuencias negativas en las políticas públicas de Ciencia y Tecnología».
Repercusiones de un conflicto que no está cerrado
El conflicto en el Conicet no está cerrado. Por lo pronto, las becas posdoctorales que se prorrogaron vencen el 31 de diciembre del año próximo, cuando las autoridades deberán informar qué destino tendrán esos casi 500 científicos que habían sido evaluados y aprobados para entrar a la carrera de investigador, y que finalmente quedaron afuera. Varios de ellos viven en provincias, donde no quedaron conformes con la resolución adoptada por los grupos de científicos de Capital y alrededores. Es así que ya comenzaron reuniones entre los diferentes distritos, por ejemplo entre los investigadores porteños y los de Conicet Córdoba, para analizar cómo seguir. En las sedes de Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Rosario rechazaron el acuerdo decidido en la explanada del Ministerio, en Palermo, ocho días atrás. Esta semana se sumó la tardía publicación de los becarios del Conicet (doctorales, posdoctorales y de finalización de doctorado) y, tal como adelantó semanas atrás Tiempo, el listado expuso un recorte del 16% respecto del año anterior: Pasamos de 3326 a 2796 becas, es decir, 530 menos, e incluso 154 becas menos que las anunciadas en junio, indicaron desde la agrupación Jóvenes Científicos Precarizados. Los trabajadores que no obtuvieron la beca no recibieron ninguna notificación formal, e incluso gran parte de ellos aún no ha podido acceder a su dictamen. Se los expulsa, pero no se les dice por qué, dilatándose de este modo la posibilidad de pedir una reconsideración, agregaron. En febrero tienen previsto volver a reunirse con las autoridades.
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