El plan de los docentes para garantizar la inversión del Estado en la educación

Con el espaldarazo de una marcha multitudinaria y para enfrentar la campaña de desprestigio que inició el gobierno nacional, los docentes darán este miércoles un nuevo paso en su plan de lucha. Será con la presentación y defensa de un proyecto de Financiamiento Educativo en el Senado Nacional. Los maestros apuestan a reeditar la foto de unidad de hace apenas una semana en la Plaza de Mayo, además de sintetizar una nueva y firme respuesta a los argumentos oficiales sobre la «crisis» de la educación que el presidente Mauricio Macri reveló en aquella cuestionada referencia a «caer» en la escuela pública.

Los gremios que nuclean a los educadores propondrán metas concretas para elevar la inversión estatal al 10% del PBI en el año 2025 en el marco de una iniciativa que busca contrastar con el «Plan Maestro», presentado por el macrismo pocos días atrás, y frenar la intromisión de los privados en la escuela pública. «El gobierno presentó metas muy genéricas que están explicadas de una manera imprecisa. Se plantean mejorar la Educación para 2025, pero bajan el Presupuesto en 2017», criticó el secretario gremial de CTERA, Eduardo López, en diálogo con Tiempo.
Desde SUTEBA, Roberto Baradel explicó que el objetivo de la nueva acción común de los gremios es asegurar «una fuerte impronta de inversión por parte del Estado nacional». Y advirtió: «El Plan Maestro es una gran puesta en escena que toma muchas cosas de lo que plantea la ley actual, pero para no modificar nada porque no tiene financiamiento. Es una pantalla para querer introducir la mercantilización de la educación en algunas áreas como evaluación, software, formación y actualización docente.»

La iniciativa articulada por los gremios busca que el 8% del PBI se destine a la educación obligatoria y el 2% a educación superior y a investigación científica. Además, los docentes pretenden que el 100% de los niños de cuatro años estén incluidos en el sistema educativo y garantizar 14 años de educación obligatoria.

Otro de los puntos relevantes del proyecto, que retoma uno presentado por la pedagoga y exdiputada Adriana Puiggrós, apuesta a asegurar que el 30% de los alumnos acceda a la jornada extendida, con prioridad a las zonas geográficas más desfavorecidas.

También se destaca un artículo para discutir un «convenio marco» que incluya condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo y carrera docente. El oficialismo evitó sentarse a debatir estas cuestiones y deslindó responsabilidades en las provincias.

Para Baradel, apostar a una inversión en la educación pública supone «discutir la extensión de la jornada, cubrir los cargos docentes necesarios, implementar el segundo idioma desde el primer grado hasta el fin del secundario, mejorar las condiciones de infraestructura, y asegurar material didáctico y entrega de netbooks, libros”. Todos esos puntos forman parte de la iniciativa en debate que los gremios llevarán al Congreso.

Evaluación y negocios.

«Es una propaganda gubernamental que prepara el terreno para la futura mercantilización de la educación», consideró López sobre la difusión de los resultados del Operativo Aprender, que el presidente Mauricio Macri presentó como «dolorosos». El gremialista aseguró que «no hay educación sin evaluación». Sin embargo, puso en duda los verdaderos objetivos que persigue el gobierno al hacer públicas las conclusiones. «Buscan una transferencia de servicios a provincias y municipios y luego la incorporación de capitales privados en los temas educativos estatales», resumió.
Uno de esos nuevos «jugadores» es la más grande empresa de software del mundo. «Conectar Igualdad utilizaba Huayra, que es un software libre. Ahora la formación docente va a quedar en manos de Microsoft, que obviamente enseña a usar Microsoft. El Estado se corre de su rol de máximo responsable de la educación y lo deja en manos de privados, que tienen su propia ideología e intereses», explicó Martín Sosa,  investigador y referente de la Fundación Germán Abdala.

Baradel se sumó a ese argumento: «En algunos segmentos de la educación pretenden generar un negocio. Como está ocurriendo con la paritaria, el Estado nacional se desentiende de su responsabilidad en el sostenimiento de la educación pública a nivel nacional”.

¿Cambios?

Casi en simultáneo a la Marcha Federal Educativa que el miércoles pasado terminó con un acto multitudinario frente a la Casa Rosada, el Ministerio de Educación definió cambios en un cargo clave. La designación del nuevo director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) del Ministerio de Educación y Deportes, Oscar Ghillione, en reemplazo de Gabriel Sánchez Zinny abre un nuevo capítulo en el historial de conflictos de intereses que atraviesa el gobierno. El designado funcionario es el titular de la ONG «Enseñá por Argentina» que mantiene un convenio con el propio INET hasta 2019. Ese acuerdo es un equivalente al sistema que el macrismo implementó en las escuelas porteñas en 2016 y que derivó en la aparición de los denominados «co-docentes» en el aula. Según anunció Sánchez Zinny en junio pasado, la ONG de Guillione sería la encargada de «llevar adelante un plan de formación» con el financiamiento del propio Ministerio.

Esta semana, el Poder Ejecutivo publicó los llamados «decretos de integridad» surgidos a partir de los cuestionamientos por los conflictos de interés del Correo Gate y del caso de Avianca. La normativa prohíbe de manera expresa la contratación pública a personas físicas o jurídicas si se encuentran alcanzadas por vínculos con el presidente, sus ministros o «funcionarios de rango inferior» que tengan competencia para decidir sobre la contratación» a una «sociedad o comunidad».

Sin embargo, esta ONG, copiada de su equivalente en Estados Unidos, «Teach for America», ya fue contratada varias veces por el Estado y fue proveedora de los Ministerios de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y las provincias de Córdoba, Salta, Jujuy y Buenos Aires.

Recortes con historia

La intervención en la gestión de políticas de ONG y empresas privadas es uno de los ejes que empuja la iniciativa que el miércoles presentarán los gremios. Tanto como la persistente denuncia por los recortes en el financiamiento. Sucede que, desde el comienzo de su gestión, la «revolución educativa» pregonada por Cambiemos multiplicó los despidos en áreas clave del Ministerio de Educación y desmanteló los programas nacionales de Memoria, Educación Sexual Integral, Convivencia Escolar y Orquestas y Coros, entre otros, además de vaciar el Plan Nacional de Lectura y reducir al mínimo la entrega de netbooks del Conectar Igualdad. La subejecución de las partidas presupuestarias de Educación durante 2016 fue, según un exhaustivo informe elaborado por CTERA, de más de 12 mil millones de pesos. Varios items considerados clave en el Plan Maestro anunciado por Macri –como la extensión de la educación inicial y el onmipresente slogan de la «calidad educativa»– han sido precisamente las áreas que más padecieron ese «ahorro forzoso». En 2016, no se utilizó un solo peso de los $ 425 millones destinados a «Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles». Y del programa «Mejoramiento de la Calidad Educativa» se ejecutó apenas el 4% de $ 1858 millones presupuestados. Para 2017, el programa sufrió un recorte del 85%: le asignaron sólo $ 273 millones.

En paralelo, los subsidios a la educación privada, multiplicados durante la gestión porteña del PRO, también aumentan ahora a nivel nacional. En 2015, la administración del FpV computó en concepto de transferencias al sector privado «para financiar gastos corrientes» poco más de 1000 millones de pesos. En el Presupuesto que ejecutó Cambiemos en 2016, la cifra subió a $ 1578 millones. Para este año, el subsidio a las entidades de enseñanza privada se fijó en $ 2700 millones.

Y mientras se insiste con el proyecto de crear un Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se avanza contra las instancias de capacitación gratuita que tienen los docentes, como los cursos del Programa Nacional Nuestra Escuela, para lo que este año se anotaron más de 80 mil maestros de todo el país. «

Colaboraron Jorgelina Naveiro
y Pablo Taranto.