El método de control social que genera nuevos presos y satura juzgados

–¿Qué te estás llevando? –le espetó cuando se acercaba a la zona de las cajas registradoras.

La pregunta ingresó como un dardo que da en el lugar indicado. José, de 38 años, llevaba una semana desocupado y respondió sin ocultar su vergüenza: «Está bien, quedate tranquilo, no me voy a escapar». No tardó de sacar del interior de su campera tres paquetes de fetas de queso Danbo «La Paulina», tres de jamón cocido Campo Austral y dos de panceta ahumada , según consta en el expediente judicial en el que quedó registrado el hecho.

El episodio ocurrió en marzo de este año en el local de un supermercado –perteneciente a una cadena– ubicado en el barrio de Belgrano,  y el diálogo entre el hombre que intentaba robar un poco de fiambre y quien lo descubrió fue reconstruido en por el propio empleado en el juicio abreviado en el cual José fue condenado a 15 días de prisión de cumplimiento efectivo por registrar antecedentes penales. Se trató de un caso de hurto simple en grado de tentativa. Un delito simple de esos que desatan la ira de un sector de la sociedad.

Los nuevos presos

El caso de los fiambres es ilustrativo de una nueva realidad que comenzaron a identificar los fiscales de instrucción de la Capital Federal –consultados por Tiempo– a partir de la implementación de los procedimientos de flagrancia, sólo aplicables a delitos cuya pena prevista no exceda los 15 años de prisión, y que algunos definieron como «los nuevos presos». Se trata de hombres y mujeres que fueron sorprendidos cuando intentaban robar bienes de primera necesidad como comida, elementos de higiene como jabón o acondicionador, ropa y hasta ramos de flores. A partir de esta aplicación de los procedimientos de flagrancia, todas las personas involucradas en esos casos pasarán, de mínima, entre 24 y 48 horas privadas de su libertad.

La ley que habilita los procedimientos de flagrancia establece que «el detenido será trasladado ante el juez a fin de participar de una audiencia oral inicial que deberá llevarse a cabo dentro de las veinticuatro horas desde la detención, prorrogable por otras veinticuatro». Y a partir de allí se abren varios caminos, pero en todos los casos «el juez deberá expedirse sobre la libertad o detención del imputado».

Los «nuevos presos» tienen un perfil de época: muchos son recientes desempleados, casi un 70% –según fuentes oficiales– tiene entre 18 y 35 años y en un amplio porcentaje son primarios, es decir, sin antecedentes.

Los «primarios» por lo general recuperan su libertad después de la audiencia, pero desde entonces les queda un antecedente registrado. Si repiten su conducta, serán condenados a penas de ejecución en suspenso y ante una tercera oportunidad quedarán detenidos. Así también aumentará la población de «nuevos presos».

«En el último tiempo fueron detenidas muchas personas de entre 40 y 50 años que tenían trabajo y lo habían perdido; por lo general changarines, albañiles, plomeros y hasta comerciantes. Son los nuevos desocupados que roban algo aun cuando saben que está mal pero lo hacen en una situación de desesperación», sintetizó un representante del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Un juez de instrucción de la Capital Federal sostuvo que no se trata estrictamente de «nuevos presos» sino de presos con perfiles que ya existían pero el sistema de flagrancia los «expone con toda crueldad como lo hace con el contexto sociopolítico histórico». ¿Por qué? Porque apunta –dijo– todo el trabajo del Poder Judicial, el Ministerio Público y las Fuerzas de Seguridad a combatir el delito simple en detrimento de la persecución de los delitos complejos donde el crimen es organizado, «como si buscara dar respuesta sólo a los robos de celulares o los robos en la vía pública que generan indignación mediática y social». De algún modo actúa como un mecanismo de control social

Embudo judicial

«El sistema obliga a resolver casos que son simples todo el tiempo en audiencias que se ordenan una detrás de otra. Te estás dedicando todo el tiempo al delito simple y desatendés el complejo. El sistema es una picadora de carne. Y eso genera incluso un desborde del sistema penitenciario», afirmó el magistrado. Con él coincidió la fiscal Cristina Caamaño que opinó que la flagrancia sólo sirve a los fines de «sacar de circulación a los que comenten los delitos más simples de la sociedad».

La ley que autoriza los procedimientos de flagrancia y enfoca al sistema policial y judicial en los delitos simples fue sancionada bajo la gestión de Cambiemos en septiembre de 2016 y publicada en el Boletín Oficial el 1 de diciembre de ese año. En la primera quincena de aplicación se registraron 205 casos, número que luego descendió por la resistencia de algunos actores del Ministerio Público a aplicarla, por falta de recursos y tiempo. Y empezó a crecer nuevamente en julio de este año tras un conjunto de quejas de distintos jueces de Capital.

La ley salió bajo la gestión de un gobierno que pretendía aumentar el número de presos en el afán de transmitir una señal de «seguridad» frente a quienes se quejaban porque en Argentina «no va preso nadie». Tal es así que en julio pasado, mientras distintos jueces se quejaban por la disminución en las estadísticas de aplicación del mecanismo de flagrancia, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, dio una entrevista radial en la que expresó su malestar porque tiene altos niveles de impunidad para todos los delitos.

La mayoría de las fuentes consultadas para esta nota coincidieron en resaltar que el sistema de flagrancia analizado en abstracto es un sistema efectivo pero que evaluado como herramienta del sistema penal argentino presenta una serie de inconvenientes vinculados con la aplicación dado que obliga, por turnos, a jueces y fiscales a dedicar buena parte de su tiempo a las audiencias previstas por la ley.

Durante turnos de diez días, los representantes del Ministerio Público Fiscal deben reformular su modalidad de trabajo para asistir a las audiencias de flagrancia. Por cada detenido, una audiencia. Una detrás de otra. «Capaz que descuidás por unos días la investigación de un homicidio porque tenés que ir a las audiencias de los delitos simples y a veces los casos de flagrancia también se demoran más de lo previsto porque tardan en llegar los camiones con los detenidos o porque tuviste que pedir una pericia que se demoró. El sistema no está preparado», sostuvo un fiscal.

La crítica del representante del MPF fue compartida por sus colegas consultados que resaltaron que debería impulsarse la creación de una unidad específica dentro del Ministerio Público Fiscal que se dedique únicamente a los casos de flagrancia como ya ocurre en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa.

«Para aplicar correctamente este sistema tiene que haber policía especializada, defensores especializados y fiscalías especializadas», sostuvo otro fiscal que prefirió que su nombre no fuera publicado. En la misma línea opinó la fiscal Monica Cuñarro que sostuvo que, tal como se gestó la norma, «más que un proyecto, mandaron un spot publicitario de Central Park con presupuesto de Venezuela».

En una resolución de julio pasado en la que instó a los fiscales que dependen de sus órdenes a utilizar la ley de flagrancia toda vez que estuviesen acreditadas las circunstancias que ameritan su uso, Casal, el procurador general interino, también dejó en evidencia una falta de recursos en el Ministerio Público Fiscal para avanzar con la aplicación de ese sistema.

En ese contexto dispuso «solicitar a las autoridades  competentes del Poder Ejecutivo Nacional que se contemple la posibilidad de obtener la ampliación presupuestaria correspondiente para conseguir la estructura de personal y edilicia que sea necesaria para la eventual creación de una unidad para casos de flagrancia del Ministerio Público Fiscal de la Nación». «

Flores, chocolates, champú y una boleta de luz de 3000 pesos

Se hizo conocido entre los operadores del Poder Judicial y el Ministerio Público el caso del hombre de 41 años que, borracho, forzó la persiana de un puesto de flores para llevarle un ramo a una novia a la que pretendía reconquistar. Tenía antecedentes que no le permitieron esquivar la cárcel cuando pecó por amor.

El robo de las flores se produjo el 14 de febrero de este año, el Día de los enamorados, en un puesto de Retiro. Pero no fue el único caso en el que el hecho guardó vinculación con la fecha. En abril, en Semana Santa, Jorge (40) fue detenido cuando intentaba salir de un supermercado con 24 tabletas de chocolate (que sumaban un valor de 700 pesos) bajo su ropa. Una de las particularidades de ese caso fue cuando se llevaron las pruebas ante el juez había 20 chocolates. Faltaban cuatro.

También se repiten los casos de personas que roban artículos de perfumería y farmacia. Juan Ignacio Romero –20 años de edad– fue observado por las cámaras de un supermercado de Avenida de Mayo al 1400 cuando guardaba bajo su campera tres botellas de acondicionador de 400 ml de marca Pantene. Los empleados del local lo obligaron a dejarlo. Pero, enojado, volvió al rato con un chuchillo Tramontina y le dio varios golpes a la puerta de vidrio del local hasta que le generó una quebradura. Se asustó y salió corriendo. El hecho se trató en un juicio abreviado en el que fue condenado a tres meses de prisión condicional con la orden de «abstenerse» de volver a ir al local en cuestión.

Un juez de Instrucción se sorprendió esta semana por la confesión que le hizo un imputado una vez que terminó la audiencia en la que se trató su caso. Se trataba de un hombre de 60 años, con certificado  de discapacidad, que intentó entrar en una obra en construcción para robarse materiales y escaparse con su bicicleta. «Me llegó la boleta de luz, 3000 mil pesos, después me llegó la de gas, 2500, y no me quedó plata para llevar la comida a mi casa», se lamentó.

Las cárceles bonaerenses, superpobladas

Una de las consecuencias inevitables de las miradas que plantean una solución punitiva a los problemas sociales es el aumento de la población carcelaria. A medida que se incrementan los castigos por infracciones menores, los establecimientos que alojan presos, incluyendo las comisarías, comienzan a abarrotarse. Las consecuencias, tanto en materia de seguridad como en la imposibilidad de garantizar un mínimo de derechos básicos, son inevitables. Los datos que en esta materia presenta la provincia de Buenos Aires son alarmantes.

Las cifras oficiales del gobierno bonaerense, que fueron presentadas a la Suprema Corte provincial, hablan por sí solas. Las cárceles del territorio más poblado del país tienen plazas para 28 mil detenidos y alojan a más de 41 mil, según las cifras actualizadas por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a inicios de este mes. Hay que sumarle a esto los 1200 presos en comisarías.  

Esta situación ha disparado un fuerte debate sobre cómo descomprimir la superpoblación penitenciaria. Uno de los motivos que la explica es la aplicación a mansalva de  la prisión preventiva por parte de los jueces, que temen ser acusados por los medios de hacer funcionar la «puerta giratoria» y ser escrachados. Cabe recordar que un detenido con prisión preventiva es un inocente que está tras las rejas porque aún no tiene condena. En esa condición está cerca del 50% de los presos del SPB.

Uno de los intentos por atenuar esta situación que implementará  el gobierno provincial es el otorgamiento de prisión domiciliaria con tobillera electrónica a más  detenidos. La medida alcanzaría a más de 1400 personas que serían recomendados por el Ministerio de Justicia provincial. En su mayoría, según fuentes oficiales, se trata de madres con hijos y de personas con enfermedades graves. 

La Comisión Provincial por la Memoria, por su parte, viene reclamando hace varios meses la creación de un «Comité de emergencia» que asuma la tarea de diagnosticar con precisión la superpoblación y proponer nuevas soluciones.