Jorge "El Negro" Apreda asumió su banca de Vamos Juntos, pero aún no dio explicaciones ante sus pares sobre su responsabilidad en los hechos de mayo de 2016, cuando un empleado suyo en la Comuna 4 intentó asesinar a dos vecinos.
Aquel 4 de mayo, la Comuna 4, presidida por Apreda, abría sus puertas a la comunidad por primera vez en dos años. El bautismo fue con sangre: mientras vecinos, algunos dirigentes políticos y referentes de agrupaciones partidarias del Club Boca Juniors debatían sobre el destino de un estratégico predio, un grupo de punteros políticos del PRO rompió la asamblea con inusitada virulencia.
El militante de Boca Es Pueblo, Matías Scinica, y el integrante de la JP Descamisados, Fernando Abal Medina, se llevaron la peor parte. Uno sufrió un puntazo en el cuello; al otro le fracturaron la base del cráneo y le rompieron la boca a golpes. El hermano del ex senador Juan Manuel Abal Medina estuvo en coma y por poco no terminó postrado en una silla de ruedas.
La fuerza de choque macrista estaba encabezada por Rodolfo «El Cordobés» Corzo y su hijo homónimo, ambos referentes peronistas del barrio, que responden a los intereses de Apreda y al presidente de Boca, Daniel Angelici. Las imágenes del joven Corzo lo muestran desencajado, con una navaja en la mano y dispuesto a amedrentar a quien ose pensar diferente.
El menor de los Corzo fue el único que pisó la cárcel, acusado por doble intento de asesinato. Cayó preso en septiembre de 2016, luego de permanecer cuatro meses prófugo. Según su abogado de entonces, Leonardo Mallo, en ese período nadie lo buscó y todos los días argumentó se presentó a su trabajo en la Comuna 4, la misma donde intentó matar a Scinica y Abal Medina. Una vez caído en desgracia, Apreda lo echó, y las autoridades del PJ lo expulsaron del partido.
El sospechoso fue liberado a principios de diciembre y el expediente hoy está paralizado. María del Camen Verdú, abogada de Scinica, denunció que el gobierno porteño blindó a la patota PRO para que amedrentara a los vecinos y luego le dio cobertura a Corzo para que permaneciera prófugo.
Entre otros datos que llaman la atención, el abogado Mallo trabaja en el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad, al mando de Martín Ocampo, quien es el compadre de Angelici, el operador judicial de Mauricio Macri en la Justicia e impulsor de un negocio inmobiliario para esos terrenos cercanos a la actual Bombonera (ver recuadro).
El 7 de diciembre pasado, el cuchillero Corzo dejó en evidencia la estrategia de Apreda. Ante el juez Roberto Ponce, declaró que Apreda, que en el momento de los hechos estaba de viaje, y su reemplazante, el comunero Diego Weck, le impusieron la representación de Mallo para «defender los intereses» de los dirigentes del oficialismo. Además, Corzo rechazó haber sido el autor del puntazo a Scinica y reconoció que, si bien en un primer momento entregó un descargo por escrito con su firma en el que reconocía haber sido el autor de los hechos, lo hizo engañado por su abogado.
Apreda asumió como presidente comunal en 2011 y fue reelecto en 2015. Desde allí dirige los destinos de La Boca, Barracas, Parque de los Patricios y Pompeya. Su afinidad con el macrismo viene de mucho antes, cuando tejió una relación con Horacio Rodríguez Larreta cuando este era funcionario del PAMI. También trabajó en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación y en la Legislatura.
En julio, cuando trascendió que «El Negro» ocupaba el lugar 15 de la lista de Vamos Juntos, dirigentes kirchneristas le pidieron al vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, que Apreda se presente ante la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana para dar cuentas de lo ocurrido en 2016. El macrismo volvió a frenar estas intenciones. «
Revés para Boca por Casa Amarilla
En un duro fallo, el juez Guillermo Scheibler, rechazó hace dos semanas un pedido del Club Atlético Boca Juniors para vallar por cuestiones de «seguridad» el «campito» de Casa Amarilla, el predio en donde estaba planificado construir viviendas sociales y espacios públicos verdes. El magistrado subrayó que la Ciudad de Buenos Aires es la que debe garantizar la seguridad en el lugar, al considerar que el mismo es de acceso público «desde mucho antes del momento en que se celebró el contrato que transfirió la propiedad al CABJ en abril de 2016».
En una maniobra que está siendo investigada por la Justicia, el gobierno porteño vendió al club que preside Angelici 3,2 hectáreas para construir allí un nuevo estadio-shopping. El juez Scheibler recordó que actualmente rige una medida cautelar que mantiene la venta suspendida.
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