El disfraz «verde» de una gestión contaminada

Fue una de las primeras promesas de Mauricio Macri como presidente en ejercicio. El 2 de febrero de 2016, en la Reserva Natural de Pilar y a poco más de un mes de asumir, el flamante mandatario anunció una ley para “proteger y cuidar» los humedales. «Tenemos que ser un importante protagonista –dijo entonces, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal– contra los factores que producen el cambio climático. Tenemos que cuidar y potenciar este tipo de regalos que nos da la naturaleza en función del país, las futuras generaciones y el mundo entero».

Aún hoy, la Ley de Humedales se encuentra frenada en el Congreso. El proyecto había sido aprobado en las comisiones de Ambiente y de Agricultura, pero en lugar de girarlo al recinto para su tratamiento, el presidente provisional de la Cámara Alta, Federico Pinedo, adujo que,  como en la reunión no estaba Alfredo De Angeli, férreo opositor a la ley y presidente de la Comisión de Agricultura, debía devolver la iniciativa a comisiones, obstáculo que no figura en el reglamento parlamentario.

Aquella fue la primera de varias maniobras dilatorias. La vicepresidenta Gabriela Michetti, en su carácter de presidenta del Senado, sumó al debate a la Comisión de Agricultura cuatro meses después de que fueran presentados los proyectos de protección de humedales, ahora sí en flagrante contraposición al reglamento, que permite agregar comisiones sólo en los primeros siete días desde la presentación.

Los humedales actúan como “esponjas” y ayudan a mitigar los efectos que provocan las fuertes lluvias. Al rellenarlos para construir emprendimientos inmobiliarios, el agua que deberían absorber, inunda a los vecinos de los alrededores. Además, son indispensables por los innumerables beneficios ecosistémicos que brindan a la humanidad, desde el suministro de agua dulce, de alimentos y materiales para la construcción, hasta el control de crecidas, recarga de aguas subterráneas y, en general, mitigación del cambio climático.

Los incendios, las plegarias y un ministerio degradado

Cuando asumió el cargo de ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el rabino Sergio Bergman reconoció que no era un experto en el tema, aunque de inmediato alegó que era “egresado de Farmacia y Bioquímica”. No obstante, la creación del ministerio había sido una demanda de muchos años de parte de las organizaciones ambientalistas y la noticia se celebró sin más.

No pasó ni un año, en octubre de 2016, cuando Bergman evidenció su falta de experiencia en el área, al referirse a la prevención de los incendios en la Patagonia. «Como creyente que soy, para el próximo verano lo más útil que podemos hacer es rezar», se sinceró.

Sus oraciones no fueron escuchadas, los incendios siguieron azotando el sur y en septiembre de 2017, el gobierno le quitó el manejo del fuego a su ministerio y se lo dio a la cartera que conduce Patricia Bullrich. De acuerdo al decreto publicado en el Boletín Oficial, resultaba «necesario asignar al Ministerio de Seguridad las tareas de respuesta operativa del combate del fuego, y mantener a cargo del Ministerio de Ambiente lo concerniente a la protección y preservación del medio ambiente del daño generado por los incendios».

Las malas noticias para Bergman no se detuvieron. El 3 de septiembre de 2018, el presidente Macri degradó nuevamente el ministerio al rango de secretaría, provocando una serie de recortes presupuestarios en áreas claves. Por ejemplo, en 2018, el por entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable destinaba 1076,92 millones de pesos al programa Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. En 2019, con estatus degradado, la Secretaría tiene previsto gastar apenas poco más de 163 millones de pesos en Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.

El cambio climático es uno de los mayores desafíos de la humanidad en el siglo XXI. Para enfrentarlo es necesario un compromiso de todos los actores de la sociedad y, sobre todo, de los gobiernos, que son los que deben generar políticas que contribuyan a una menor contaminación, adaptándose a los nuevos escenarios climáticos. La degradación del área no fue un buen síntoma en ese sentido. 

«En una década (o menos), habrá una serie como Chernobyl, pero del glifosato. Contará cómo ocultaban sus efectos, los gobiernos y los periodistas. Me imagino varias escenas. La Argentina tendrá un rol fundamental. Se contará cómo el país ostenta el triste récord de ser el mayor aplicador de glifosato por persona del mundo. Y cómo esta sustancia ya está presente en alimentos y ríos, en las toallas femeninas, hasta en la lluvia», predijo el abogado ambientalista Enrique Viale al referirse al actual modelo de agronegocios, basado en la aplicación a gran escala de plaguicidas sobre los campos de cultivos transgénicos

Se calcula que en la Argentina hay unos 12 millones de personas que viven en zonas sobre las que se arrojan entre 350 y 400 millones de litros de agrotóxicos al año.  En noviembre del año pasado, durante el 1° Encuentro Regional de Pueblos y Ciudades Fumigadas, se llegó a la conclusión de que unos 700 mil niños, niñas y adolescentes «son fumigados en horarios de clase mientras ejercen su derecho a la educación en las escuelas rurales del país». Según los últimos datos de AMGER, el sindicato docente de Entre Ríos, en esa provincia las escuelas en riesgo son 1023, de las cuales el 80% han sido directamente rociadas con glifosato. En Santa Fe hay otras 800; en Córdoba, más de 500; y en la provincia de Buenos Aires, donde hay 3059 establecimientos rurales, sólo en el partido de Coronel Suárez el municipio local identificó 23 escuelas contaminadas con herbicidas. En resumen, sólo en cuatro provincias hay más de 5000 escuelas rurales asediadas por los herbicidas, una de las formas para nombrar el veneno que enferma y mata. Pero este cuadro de situación no es un daño colateral sino un «logro» de la gestión.

«La connivencia política entre los gobiernos y las grandes empresas, en particular las del agronegocio, atenta contra la democracia y es un importante factor de destrucción de los ecosistemas y un obstáculo para su protección», argumentó Greenpeace en un informe elaborado en 2017, donde destacaba la figura de Leonardo Sarquis. El ministro de Agroindustria bonaerense es un actor clave del avance de las agroquímicas. En Monsanto fue gerente general de Semillas para la Argentina, Uruguay y Paraguay. Y junto a la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) impulsó la sanción de un proyecto de ley que reducía los límites de las fumigaciones a diez metros de los conglomerados urbanos.

Áreas protegidas y negocios inmobiliarios

Un punto positivo de la gestión Cambiemos se refiere a los Parques Nacionales, más precisamente, a la creación de seis nuevas áreas protegidas. Estos espacios creados en 2018 incluyen cuatro parques (“Aconquija”, en Tucumán; “Ciervo de los Pantanos”, en Buenos Aires; “Iberá”, en Corrientes; y “Traslasierra”, en Córdoba) y dos áreas marinas protegidas (“Namuncurá-Banco Burdwood II” y “Yaganes”, en el sur del espacio marítimo argentino). En total, suman poco más de diez millones de hectáreas y duplicaron la cantidad que tenían los parques nacionales existentes hasta ese momento, configurando un récord histórico.

Sin embargo, el desembarco de CEOs provenientes del ámbito privado, especialmente del sector inmobiliario, a la Administración de Parques Nacionales (APN), provocó algunas medidas cuanto menos polémicas, como el pedido de relevar los inmuebles con los que cuenta Parques en zonas urbanas (Iguazú, Bariloche y San Martín de los Andes) o el incentivo al “glamping”, una modalidad en boga, mezcla de glamour y camping, que el gobierno ofreció para la explotación privada de alojamientos dentro de 16 parques nacionales. La multiplicación de estas modernas estructuras hoteleras, ofrecidas como «oportunidades naturales» para licitar su explotación dentro de áreas protegidas, ha sido una estrategia recurrente del macrismo en todos los distritos que gobierna: promover negocios inmobiliarios en tierras públicas.

Riachuelo: menos inversión y saneamiento postergado

Hasta el año pasado, el programa Nº 44 «Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo» figuraba como autárquico en el presupuesto nacional, englobado en el presupuesto de la Autoridad de la Cuenca (ACUMAR). Desde 2018 pasó a formar parte de Ambiente, lo que implicó un recorte interanual de 500 millones de pesos: la inversión pasó de $ 2639 millones en 2017 a $ 2180 millones, sin contar la inflación. Este es uno de los pocos temas que el Estado nacional no debería poder manejar discrecionalmente, ya que el saneamiento del Riachuelo está judicializado, con una sentencia firme de la Corte, desde 2006. Sin embargo, cada vez son más esporádicas las audiencias (y menos aún las condenas) del máximo tribunal en vistas a un real seguimiento del tema.

Al ser un río de 64 kilómetros de extensión que atraviesa 14 municipios, son tres los gobiernos que tienen obligaciones de cumplir las metas ante los jueces supremos: los de Nación, Provincia y Ciudad. El macrismo tuvo una oportunidad única, al manejar los tres ejecutivos. Pero la causa quedó fuera de las prioridades de Macri, Vidal y Larreta.

La cuenca contamina a más de 5,5 millones de habitantes. De ellos, cuatro de cada diez no tienen agua potable y más de la mitad carecen de cloacas. Una clave es frenar la contaminación de las fábricas linderas, para lo cual deben actuar en conjunto inspectores, gobiernos, policías y jueces. Nada de eso ocurre. Actualmente, el Riachuelo recibe 90 mil metros cúbicos de desechos industriales, producto de 13 mil establecimientos, desde curtiembres hasta plantas de elementos de limpieza. En Villa Inflamable, donde surgió la demanda que llegó a la corte a raíz del reclamo de Beatriz Mendoza, los chicos tienen cinco veces más plomo en sangre que el máximo permitido.

 el apoyo a la megaminería, aunque sea en los glaciares

Un informe técnico del que todavía era el Ministerio de Ambiente reveló la existencia de al menos 44 proyectos mineros en zonas glaciares y periglaciares de la Argentina, en donde ese tipo de actividades está expresamente prohibido por el artículo 6 de la Ley de Glaciares. Buena parte están en la provincia de San Juan, la mayoría pertenece a firmas canadienses y apuntan a extraer cobre y oro.

La información la dieron a conocer en conjunto las organizaciones Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, a raíz de datos parciales presentados por la cartera que conduce Sergio Bergman. En el texto se detallaban 322 proyectos mineros en distinto grado de avance, de los cuales 77 se encuentran en las cuencas inventariadas por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), en el relevamiento nacional de glaciares. De esos 77, son 44 los que se ubican cercanos o incluso sobre cuerpos de hielo, los cuales deben estar protegidos.

El documento fue elaborado por la Dirección Nacional de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos y Acuáticos y forma parte del material que el juez federal Sebastián Casanello obtuvo en sus requerimientos al Ministerio de Ambiente en el marco de la causa penal que investiga los derrames de cianuro en la mina Veladero, en San Juan, por parte de la firma Barrick Gold.

 Bosques nativos, arrasados por un desmonte sin control

La Argentina se encuentra en emergencia forestal. La superficie desmontada durante 2018 sólo en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco fue de 112.766 hectáreas. Casi el 40% de la deforestación se produjo en bosques protegidos.

«Las inundaciones que azotan a la región norte y litoral del país cada verano son una consecuencia directa de la destrucción de bosques nativos y del impacto del cambio climático. Los bosques son nuestra esponja natural, pero están siendo destruidos por la deforestación y, en algunos casos, la falta de obras públicas necesarias. Debemos entender que menos bosques es sinónimo de más inundaciones», explicó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.

De acuerdo al relevamiento de la organización ambiental, la deforestación se concentra en el norte del país. El 80% ocurre en Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa por el avance de la frontera agropecuaria. Gran parte de esa producción (soja transgénica y ganadería intensiva) es exportada hacia Europa y China, con una rentabilidad que, para los dueños de los campos, indiferentes al daño ecológico, se justifica por sí sola. 

Chaco tiene el lamentable récord de ser la provincia donde más bosques se destruyeron durante los últimos tres años. Más de la mitad de la deforestación se realizó en zonas protegidas por la Ley de Bosques: 54.327 de las 103.908 hectáreas desmontadas.

 Todo importado, también la basura

A través del Decreto 591/19, el Poder Ejecutivo acaba de modificar la normativa vigente desde 1992 y, en poco más de 20 días, permitirá el ingreso de residuos peligrosos al país sin certificado de inocuidad sanitaria y ambiental, ya que «resulta de imposible cumplimiento».

La letra chica de la nueva norma flexibiliza la entrada de residuos en caso de que se trate de una «sustancia u objeto [que] se utilice para finalidades específicas». El secretario de Ambiente, el rabino Sergio Bergman, defendió la modificación aduciendo que son «residuos procesados para ser insumos industriales», pero los especialistas indican que, al eliminarse el certificado de no peligrosidad que debería emitir el país de origen, no hay ninguna garantía de qué clase de residuos se importarían.

Greenpeace calificó de “escándalo ambiental” la modificación de la Ley de Residuos Peligrosos realizada y destacó que el decreto es “inconstitucional”.

No es la primera vez que Cambiemos implementa una medida regresiva en materia de gestión de residuos. El Ejecutivo porteño ya había incumplido sistemáticamente los postulados originales de la Ley de Basura Cero y hasta introdujo el procedimiento de “termovalorización” (quemar la basura y recuperar energía de la combustión) en el sistema de disposición final de los residuos, que para las organizaciones ambientalistas “impulsa una tecnología costosa, contaminante, y que daña la salud de las personas”.

 La polémica por el fracking en mendoza

«Dado el escenario de grave crisis hídrica y la sequía que atraviesa su noveno año consecutivo, en la peor escasez de agua de los últimos 100 años en la provincia, es altamente irresponsable introducir la técnica del fracking, que requiere una utilización intensiva de agua y produce una contaminación irreversible», dice el recurso de queja que distintas organizaciones ambientales y asambleas populares le hicieron llegar a la Corte Suprema de Justicia, en oposición al Decreto 248 que habilita el método de fractura hidráulica en la provincia de Mendoza.

Cada perforación utiliza un promedio de 14 a 25 millones de litros de agua mezclada con arena silícea y un cóctel de entre 700 y 900 productos químicos altamente tóxicos y contaminantes: entre otros, benceno, tolueno, xileno, etilbenceno, butanol, acetaldehído, bencilocloruro, glicolde etileno, óxido de etileno, formaldehído, metanol y óxido depropileno.

Con respecto a la explotación de litio en Salta y Jujuy, un estudio elaborado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, en colaboración con expertos, con el objetivo de indagar los efectos de la extracción del mineral en las fuentes de agua de la zona afectada, concluyó que existe un riesgo hídrico para la región y que hay «evidencia suficiente para presuponer daños irreparables, con consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares». También alerta a las autoridades nacionales sobre la «importancia de poner en funcionamiento una serie de mecanismos y herramientas para salvaguardar la valiosa Puna argentina».