Eran niñas. María Carmen y Lilian Villalba, de once años cada una y primas entre sí, vivían con su abuela en la localidad misionera de Puerto Rico por mandato de sus padres, combatientes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), con la única intención de mantenerlas a salvo. Pero a finales de 2019, el llamado de la sangre pudo más y María Carmen y Lilian, junto a un grupo de familiares, cruzaron la frontera. Lo que iba a ser una visita fugaz para reducir el riesgo se convirtió en una estadía forzada, culpa de la pandemia y el cierre de los pasos internacionales.
Esa vida en clandestinidad duró hasta el último 2 de septiembre, cuando un operativo de las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) del Ejército paraguayo realizado en una zona de montes conocida como Ybi Yaú, en el departamento de Concepción y a unos 360 kilómetros al norte de Asunción, culminó con la ejecución de las dos niñas. Lejos de espantarse, el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez, declaró que la operación del Ejército fue un “éxito importante” y se refirió a las menores como “dos abatidos del EPP”.
Organismos internacionales como Human Right Watch denunciaron que las autoridades paraguayas violaron tanto sus propios protocolos de investigación, como normas internacionales de derechos humanos cuando, entre otras desprolijidades, quemaron la ropa de las víctimas y las enterraron sin realizarles la autopsia. En tanto, la Cancillería exhortó al gobierno paraguayo a esclarecer los hechos y rechazó “de la manera más enérgica las expresiones injustificadas del General Héctor Grau como Comandante de la FTC adjudicando a la Argentina haberse convertido en una “guardería de soldados del Ejército del Pueblo Paraguayo”, entendiendo que es otra manifestación que busca “encubrir responsabilidades”.
Este miércoles, a las 17 horas, se realizará una conferencia de prensa vía Zoom a cargo de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes y el Servicio de Paz y Justicia, entre otros organismos de Derechos Humanos, para brindar testimonios de la “brutal ejecución” contras las menores y exigir la aparición con vida de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años y prima de las víctimas, que se sospecha que también cayó en las manos del Ejército paraguayo.
“Nos preocupa que un Estado de Derecho como supuestamente es el paraguayo se comporte en los hechos como un Estado terrorista”, le dice a Tiempo Laura Taffetani, de la Gremial de Abogados y Abogadas y una de las voceras del caso. “Estamos activando la movilización social e internacional que siempre ayudan en estos hechos de violaciones de los Derechos Humanos”.
Tafferani explica que desde 2008, las familias de los combatientes del EPP, una organización armada que lucha contra la concentración y extranjerización de la tierra, comenzaron a ser hostigadas y perseguidas. En ese marco, es envenenado el hijo de Carmen Villalba, dirigente histórica del EPP hoy detenida, por lo que deciden enviar al resto de los Villalba con hijos a la Argentina. Tanto María del Carmen como Lilian, nacieron y se criaron en Misiones, incluso, antes de viajar a Paraguay, estaban cursando el quinto grado en una escuela de Puerto Rico. Una realidad muy distinta a la contada por los los funcionarios guaraníes que presentaron a las víctimas como “guerrilleras”, incluso, el Jefe de Gabinete Juan Villamayor fue más lejos y declaró que “eran niñas soldados, que las utilizaron los líderes de esta organización como su propio escudo”.
Miriam Villalba, mamá de Lilian y tía de María Carmen le dijo a la agencia de noticias ANRed, que las niñas “recibieron todas las balas de atrás. Fueron vilmente ejecutadas y luego les pusieron el uniforme para decir que son beligerantes”.
Un grave hecho
Human Rights Watch elaboró un informe sobre la investigación del asesinato de las dos niñas argentinas donde señaló cinco “irregularidades graves” por parte de las autoridades paraguayas:
se apresuraron a enterrar los cuerpos sin realizar una autopsia; quemaron las ropas de las víctimas, sostuvieron en base a un examen forense poco confiable que una de las menores disparó un arma; elaboraron un informe dudoso sobre la distancia de disparo y le prohibieron a la familia de las menores estar presente en el examen forense y le negaron acceso a la investigación.
Luego de ser enterradas de apuro y como NN, la presión de la familia logró que los cadáveres fueran exhumados y sometidos a una autopsia en Asunción, donde surgió que el cuerpo de Lilian presentaba “dos disparos en el glúteo lado derecho, uno en la región axilar derecha, uno en el tórax y dos en la pierna izquierda, uno en el muslo y otro por debajo de la rodilla”. El forense admitió que, según la forma de los impactos, las heridas de ambas niñas se habrían producido cuando escapaban de las balas del ejército.
“Los sobrevivientes de la emboscada del FTC nos confirmaron nuestras sospechas acerca de que tanto Lilian como María Carmen fueron detenidas y luego ejecutadas. Los familiares que vieron los cuerpos afirmaron que tenían golpes, lo que abriría la posibilidad de que también hubieran sufrido torturas”, destaca Tafferani.
El grupo que logró sobrevivir al ataque del Ejército paraguayo intentó volver a la Argentina. Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años y apodada Lichita, no tuvo esa suerte y aún hoy se encuentra desaparecida. Según algunos testimonios, en los últimos días de diciembre fue capturada por miembros de FTC aunque nunca hubo una confirmación oficial.
“Este caso –concluye Tafferani– representa un grave problema diplomático. El gobierno de Paraguay acusa a la Argentina de ser el lugar donde se crían las niñas y niños guerrilleros. Consideramos que eso es lo bastante fuerte para que exista una reacción del presidente Fernández. En unos días va a viajar a Paraguay y queremos que en ese marco se pueda reclamar justicia”.
