El «arrepentido»: ¿un recurso útil contra la impunidad o una maniobra política?

El 24 de junio de 2016, a una semana de que el ex secretario de Obras Públicas José López fuera sorprendido lanzando bolsos con dinero en un convento de General Rodríguez, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto oficial, luego convertido en ley con algunas modificaciones, que extendía la figura del arrepentido para casos de corrupción. El ex funcionario kirchnerista se había convertido en el principal aliado del Gobierno de Cambiemos.

En la legislación anterior la figura del arrepentido regía sólo para los casos de terrorismo, lavado de dinero, secuestro extorsivo, privación ilegítima de la libertad y los vinculados al narcotráfico. Con la Ley 27.304 se amplió su objeto a los delitos contra la administración pública (en lo que respecta al cohecho, tráfico de influencias, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, prevaricato y negociaciones incompatibles con la función pública), a los delitos económicos y financieros, a la corrupción de menores, promoción o explotación de la prostitución, producción o tenencia de pornografía infantil, a la trata de personas y a la asociación ilícita. Sin embargo, varios especialistas advierten sobre los peligros de su mal uso, privilegiando el impacto mediático y el interés político sobre el aporte de información verdadera y relevante para la investigación de un delito.

“El que negocia es el Poder Ejecutivo utilizando herramientas estatales e institucionales para desplegar una persecución política que nada tiene que ver con la justicia. Hay un uso extorsivo y espurio de los medios legales para obtener una declaración que le convenga al Poder. Hoy lo que sirve es que los arrepentidos tiren mierda contra el kirchnerismo pero si alguno quiere hablar sobre los Panamá Papers lo más probable es que nadie le ofrezca ningún trato”, opina el abogado Alejandro Rúa, quien supo defender a varios ex funcionarios del anterior gobierno, incluida la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Por su parte, el abogado y director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), Agustín Carrara, remarca que la figura del arrepentido «plantea riesgos».

“La negociación con el arrepentido –explica– plantea riesgos porque la ley prevé que es el Ministerio Público quien propone el acuerdo, eso quiere decir que no puede venir cualquiera y declarar como arrepentido. Lo que deberíamos tener es criterios de control sobre esos acuerdos, porque sin eso uno de los problemas potenciales es la utilización política, que en realidad aqueja a la justicia en general. Por ejemplo, que un organismo de control como la Oficina Anticorrupción sólo presente causas contra miembros de ciertos espacios políticos y que no impulse investigaciones contra miembros de otros sectores y que por eso no rinda cuentas a la sociedad y no explique sus criterios es un problema”.

De todas formas Carrara aclara que la figura del arrepentido puede ser útil aunque “lo sería mucho más una reforma estructural del sistema de investigación penal”. Lo otro que reclama es “coherencia en las posturas”.

“Si el mismo Ejecutivo –dice– que impulsa la ley del arrepentido en casos de corrupción después, cuando Meirelles (en referencia al cuevero que eligió colaborar con la Justicia de Brasil y contar como simulaba importaciones para blanquear el dinero de las coimas de Odebrecht) sale a denunciar al titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, no puede desacreditarlo por considerarlo un delincuente”.

Falsa ilusión

La semana pasada, Mariano Martínez Rojas –detenido por la presunta comisión del delito de asociación ilícita, contrabando y lavado de dinero aunque con otras causas abiertas como el ataque a la redacción de Tiempo– comenzó a prestar declaración indagatoria ante el juez  Gustavo Meirovich bajo el beneficio del programa de protección de testigos e imputados del Ministerio de Justicia dirigidos a colaboradores de justicia o arrepentidos.

Según las fuentes, Rojas, que fue detenido el 26 de enero en Miami porque se le venció la visa de turista, empezó a aportar información sobre supuestos pagos de sobornos y negociados con falsas importaciones durante el kirchnerismo para violar el cepo cambiario. De la utilidad de sus dichos y la comprobación de su veracidad dependerá el ingreso de manera definitiva en el programa de protección y la obtención de beneficios en la pena.

“Cuando el arrepentido les conviene –concluye Rúa– es el santo de la espada. Pero lo único que genera es la falsa ilusión de justicia. Con el tiempo todo se desvanece”. «

Informe: Nahuel Iribarren

Pontaquarto y Telledín, dos casos polémicos sin resultados

El uso de la figura del arrepentido en la Argentina tiene dos antecedentes en causas emblemáticas que no invitan al entusiasmo. El primero fue el ex reducidor de automóviles y actual abogado, Carlos Telleldín, en la investigación por el atentado a la AMIA. El otro ejemplo es el del ex secretario parlamentario Mariano Pontaquarto en el caso de las coimas en el Senado. Lo curioso es que las “delaciones” de ambos fueron anuladas por el mismo tribunal que los juzgó, en sus resoluciones del 2 de septiembre de 2004, en el caso de Telleldín, y en la del 23 de diciembre de 2013. En ambos fallos se cuestionó “los dichos de un embaucador que involucró a terceras personas en la comisión de un delito, viéndose afectada la vida de éstas y sus familias durante los años que transcurrieron desde su presentación como supuestos arrepentidos”.

Los jueces también remarcaron que en el caso de Telleldín “se jugó con el dolor de los familiares de las víctimas”, mientras que los dichos de Pontaquarto «pusieron en jaque el funcionamiento del sistema republicano”.