El ajuste en los fondos para cooperadoras aviva la crisis en infraestructura escolar

«Exhortamos a que el Fondo Único Descentralizado de Escuelas sea actualizado y que aparezca de manera clara, y sin subterfugios, la partida correspondiente al FUDE en el desagregado del presupuesto educativo», reclamaban desde el Cuerpo de Delegados de Cooperadoras Escolares de la Ciudad de Buenos Aires, en una radio abierta montada por diversos colectivos de familias que defienden la educación pública sobre la calle Perú, mientras la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, intentaba defender en el Salón Montevideo de la Legislatura el fuerte recorte que sufrirá el área en 2019.

En un contexto de ajuste que replica el del Presupuesto a nivel nacional, uno de los reclamos de padres, madres y docentes apunta a un fondo clave, que representa hasta el 70% de los recursos que administran algunas cooperadoras.

El FUDE se encuadra en la Ley 3372, sancionada en 2009, e involucra montos que ya desde la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno disminuyen año a año. Las escuelas se ven entonces obligadas a afrontar buena parte de sus gastos operativos con dinero aportado voluntariamente por las propias comunidades educativas, a través de una cuota social mensual o mediante la organización de «ferias del plato» y otros eventos que, con bonos contribución o donaciones, les permitan reunir fondos propios.

El vaciamiento progresivo de estos fondos descentralizados está generando una estratificación de hecho entre las escuelas del distrito. «El FUDE es fundamental para aquellas escuelas que no cuentan con cooperadoras activas y tienen dificultades para incrementar los fondos propios y, por ende, no pueden recaudar más recursos que los exiguos que brinda el gobierno. Esto muestra la inequidad que han instalado también al interior de la educación pública», explica a Tiempo Betina Guevara, politóloga, mamá de un alumno de primaria y representante de la Comuna 12 ante el Cuerpo de Delegados de Cooperadoras.

El FUDE aprobado para 2018 fue de $ 89.410.909. El de 2017 había sido de $ 104.500.000, un 14,4% menos en términos nominales, sin considerar siquiera la inflación interanual. «Hoy las escuelas reciben entre 70 y 80 pesos promedio por alumno por año», grafica Guevara, «una cifra irrisoria». Según el cálculo de UTE, el subsidio destinado a cooperadoras en 2019 se verá reducido a 42 centavos por día por alumno.

A manera de ejemplos, en un establecimiento emblemático como la Escuela de Música «Juan Pedro Esnaola», el FUDE cubría en 2011 el 46% de sus gastos anuales; en 2017 alcanzó apenas para el 14% del total de gastos. En el Jardín N° 5 DE 10°, también de Saavedra, el FUDE cubrió el año pasado el 11,2% de los gastos de funcionamiento y mantenimiento; el 42% salió de los aportes de las familias; el 29,6% de donaciones; y el 18,2% de eventos organizados por la cooperadora para recaudar fondos. En la Escuela 5° DE 16° «Gabriela Mistral», de Villa Pueyrredón, el subsidio que entrega el Ministerio de Educación porteño supuso apenas el 6,5% de los fondos disponibles.

Las cooperadoras reclaman, además, que el Fondo se deposite al inicio del ciclo lectivo. La norma permite al Estado porteño hacerlo entre abril y agosto, o sea hasta cinco meses después, lo que redunda en que sea la comunidad la que subsidie la educación pública. A contramano de esos plazos, la ley prevé que el Plan Anual Institucional (PAI) de cada escuela, que debe elaborarse con la participación de la comunidad, se eleve dentro de los 45 días de comenzadas las clases, fecha en la que ninguna escuela sabe cuándo ni cuánto recibirá de FUDE para llevar adelante el PAI.

Al recorte discrecional y sin previo aviso del FUDE «para escuelas intensificadas» (las que suman materias de arte, educación física o idiomas), se agrega el ninguneo del Presupuesto Comunal Educativo, una partida prevista por la Ley 3372 para obras de pequeña y mediana envergadura. Su monto no puede ser inferior al 30% de lo asignado al FUDE, pero esa partida, que permitiría resolver falencias edilicias básicas, nunca fue establecida por el Poder Ejecutivo.

Frente a la sensible baja en términos reales del presupuesto para infraestructura escolar (un 22% menos, pasando de $ 1361 millones en 2018 a $ 1180 millones para 2019), las familias que aportan su trabajo voluntario en las asociaciones cooperadoras exigen, además, la ejecución transparente de este menguante presupuesto. «Cada peso que no se invierte en obras aumenta el deterioro de los edificios escolares, disminuye la calidad del ámbito donde los chicos estudian y aumenta el riesgo físico para ellos, los trabajadores de la educación y el resto de la comunidad escolar», advierte Guevara. El ejemplo más flagrante es el reemplazo de vidrios por otros seguros, que el Ministerio incumple a pesar de varios fallos judiciales.

También se pide que esa transparencia alcance a los servicios de mantenimiento que la Ciudad ha tercerizado, que haya mecanismos de control por parte de las conducciones y las cooperadoras de cada escuela y se publique el detalle de cada licitación y los trabajos que deben realizar las empresas contratadas. «Esa falta de claridad deja nuevamente a las cooperadoras como sostén del edificio escolar, al financiar los trabajos no realizados o mal realizados por parte de las empresas de mantenimiento escolar, y proveerlas de materiales, sin saber si ese gasto les corresponde a las empresas o no».

Libradas a su suerte, muchas comunidades que no pueden generar fondos propios ven languidecer a sus escuelas. El Movimiento de Cooperadoras nació hace 202 años para reforzar los lazos solidarios y el compromiso con la educación pública, pero no para ser su único y exclusivo sostén. A eso parece apuntar el ausente Estado neoliberal. «

Medallones de coso» y un sistema expulsivo para las viandas

En medio del debate por el presupuesto en la Legislatura, una mamá integrante de una cooperadora les acercó a los diputados del PRO las viandas que se reparten en los colegios. «Llegaron hasta la mitad de la mesa, los del Ministerio las miraban con asco, después vinieron los de seguridad y las tiraron a la basura», contó después Carla. Se trataba del ya célebre medallón de pescado o «medallón de coso», como lo llaman los chicos, y una tortilla de verdura que, aseguran desde el Ministerio, «incluye arroz y rebozado para que no se rompa». El reclamo de chicos y familias en los comedores también incluye el pastel de papa que no tiene carne sino lentejas. Las familias piden revisar estas raciones, compuestas por alimentos industrializados que no son saludables e incumplen la calidad alimentaria prevista en los pliegos, algo que las autoridades educativas niegan.
Otro reclamo es por la transparencia en el otorgamiento de las becas de comedor y viandas. El gobierno dispuso que a partir de este año sean solicitadas mediante un sistema de inscripción online, desdibujando el rol de las comisiones de becas que en cada escuela acompañaban a las familias en el proceso de tramitación. «No todas las familias cuentan con ese recurso informático. Está armado para que muchas desistan», señaló el legislador Patricio del Corro (PTS/FIT), quien señaló que el presupuesto original enviado a los bloques mostraba un recorte de 5 millones de raciones para el año que viene. El viernes, la ministra Acuña corrigió el número durante la sesión y dijo que en realidad eran 6 millones más, «pero ni siquiera se tomaron el trabajo de modificar la partida destinada ese ítem, lo que muestra que todo es una truchada».

La defensa del recorte presupuestario en una Legislatura vallada

«Es la primera vez que nos toca ver una sesión de la Legislatura dedicada a discutir sobre educación con el edificio vallado y militarizado, pero no nos sorprende: los docentes, los estudiantes y toda la comunidad que está aquí afuera protestando contra el ajuste en educación, para este gobierno son criminales», arrancó la legisladora Lorena Pokoik (Unidad Ciudadana), luego de que el coro de los «aplaudidores» del Ministerio de Educación porteño vivaran el monocorde discurso previo de la ministra Soledad Acuña. «Más presupuesto para seguridad y menos para educación responde a un paradigma que trae consecuencias: a los pibes, en vez de darles políticas públicas de inclusión, los van a estigmatizar, les van a mandar a la policía», agregó Pokoik. «Van a invertir más recursos en comisarías y veredas que en la construcción y refacción de escuelas», resumió su colega Santiago Roberto (Bloque Peronista).
Luego de la tumultuosa discusión sobre el presupuesto educativo de la Ciudad, es un hecho que el PRO y sus aliados tienen los votos necesarios para convalidar el ajuste, en línea con la política nacional. En nueve años, la participación de Educación en el Presupuesto total habrá caído diez puntos: en 2010 significaba el 27,36%; en 2019 será apenas el 17,31% del total. Los $ 55.642 millones asignados al Ministerio suponen un incremento en términos nominales del 28% respecto de 2018, por debajo de la inflación proyectada, llevando el gasto por alumno y por unidad educativa a su valor más bajo desde 2013. El 19% de esos fondos son transferencias al sector privado.
En paralelo al recorte, siguen adelante algunos de los proyectos más polémicos de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, como la Unicaba (que sugestivamente Acuña no mencionó en su alocución, en la línea habitual de no discutir iniciativas sino imponerlas) y la Secundaria del Futuro.