El título anticipa el planteo: el espíritu del Decreto 882/2017 del 31 octubre de 2017 que instruye al Ministerio de Energía a vender o transferir la participación del Estado en empresas eléctricas es una continuidad del creador de las leyes que desguazaron el estado en la década del 90, vendiendo a precio vil las hidroeléctricas, usinas generadoras, teléfonos, petróleo y gas, etc etc.

En su texto dice: racionalizar y «limitar el accionar del Estado en aquellas obras y servicios que pueda asumir el sector privado”; unifica las distintas empresas y emprendimientos energéticos en una sociedad anónima que «podría” ser transferida a empresas privadas” (esta iniciativa parece racional en cuanto hoy están dispersas en distintas Sociedades, o participaciones de sociedades, emprendimientos del sector energía);y le cambia el nombre a los diques sobre el río Santa Cruz (que se llamaban Néstor Kirchner y Jorge Cepernic) por sus nombres anteriores en un nostálgico espíritu “Revolución Libertadora” de 1955.

La nueva empresa incluye:obras de gasoductos; la central carbonífera Río Turbio; la participación en empresas energéticas (que son acciones minoritarias de empresas de energía en poder de Anses); las centrales Puerto, Güemes, Patagónicas; las termoeléctricas Timbúes, Manuel Belgrano,Vuelta de obligado, Guillermo Brown; las de generación eléctrica de ciclo combinado Ensenada de Barragán, Brigadier López y Manuel Belgrano II; la transportadora Transener; y Dioxitek, etc. Además, el decreto autoriza a aplicar a estas compras deudas de Cammesa con generadoras.

Su destino manifiesto es privatizar todo aquello que hoy está en poder del Estado en el sector energético garantizando el monopolio de unas pocas empresas privadas (de los amigos) sobre este mercado y continuar y profundizar el saqueo al conjunto de habitantes-usuarios- mediante tarifas exorbitantes.La fecha de promulgación, antes de vencer el plazo de dos años de la emergencia energética, sin duda es para incluirla dentro de esa situación.

La materialización de este decreto termina de comprometer el desarrollo autónomo de nuestro país, atando completamente la generación, transporte y distribución de la energía a los intereses privados monopólicos, que hoy esquilman a la sociedad con sus tarifas.Para impedir este nuevo saqueo es necesario difundir este intento de privatización, reunir a los sectores populares, empresas y ciudadanos en general en defensa del Estado como administrador de un sector estratégico como es la Energía.

Oscar Balestieri fue sub secretario de Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires entre 1987 y 1991.