Lo dice Israel Hernández, padre de "Reefa", un joven colombiano asesinado por la policía en Miami mientras pintaba un graffiti, y que ya es un ícono global de la lucha contra las pistolas de electroshock.
El hombre que habla por teléfono desde su casa en Miami Beach disfrutó poco de Israel Hernández, nombrado como él por el típico capricho de padre. «Era un joven con muchos sueños –recuerda–, se había desarrollado en el trabajo del arte fino, y en sus ratos de ocio pintaba graffitis –hace una pausa–. La lucha fue, mejor dicho, todavía es muy grande».
El 6 de agosto de 2013, Israel «Reefa» Hernández, un colombiano de 18 años que había migrado desde Barranquilla junto a su familia unos años antes, pintaba la pared de un local de comida rápida en el cruce de la avenida Collins con la Calle 71, cuando la presencia de algunos oficiales lo convenció de correr. De acuerdo con los testigos que declararon más tarde, el joven fue alcanzado, reducido y golpeado por al menos tres policías. Uno de ellos, Jorge Mercado, se ensañó y disparó su pistola eléctrica sobre el pecho de Israel. La descarga lo mató.
«Las Taser son instrumentos de una tortura inmensa en el cuerpo. No es porque yo lo diga. La ONU emitió un informe alertando sobre este tema. Basta ver todas las muertes que han causado para darse cuenta de que son letales», remarca Hernández padre. Su hijo ya es un ícono global en el rechazo a este tipo de armas.
En la resolución 395/2019 con fecha 2 de mayo pero comunicada esta semana, el gobierno argentino aprobó el reglamento para el empleo de armas electrónicas no letales por parte de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales. El decreto justifica, entre sus considerandos, que «la Ley Nacional de Armas y Explosivos determina que las armas electrónicas que sólo produzcan efectos pasajeros en el organismo humano sin llegar a provocar la pérdida del conocimiento, están contempladas taxativamente dentro de la categoría de ‘Armas y Municiones de Uso Civil'». Además, aclara que se podrán utilizar («cuando resulten ineficaces otros medios no violentos») en los siguientes casos: para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de autolesionarse; cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas; y para impedir la comisión de un delito de acción pública.
La medida generó el repudio inmediato de los organismos de Derechos Humanos. En ese sentido, Amnistía Internacional, que hace años investiga y denuncia el uso de armas de electrochoque (como las Taser), destacó dos preocupaciones principales, compartidas por otros organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de la ONU. «En primer lugar, se subestiman los riesgos relacionados con la salud y la vida de las personas expuestas al uso de estas armas. En segundo lugar, las armas de electrochoque presentan un alto riesgo de que se utilicen de manera inapropiada y excesiva (incluyendo malos tratos y torturas) debido a que no dejan rastros visibles de lesiones o sufrimiento en la persona».
La fiscal de Miami, Katherine Fernández Rundle, decidió no presentar cargos contra el policía que mató a Israel porque, según la ley estatal, la Taser no se considera un arma letal. El caso inspiró un libro y se espera el estreno de una película y un documental. También motivó cambios en el Departamento de Policía de Miami Beach respecto a su política del uso de pistolas eléctricas.
«Ahorita su uso –dice Hernández– está limitado por el peso de la víctima, la intensidad de la descarga es gradual y sólo se puede disparar a lugares específicos del cuerpo. Hemos invertido mucho tiempo y lentamente se han logrado cambios en el protocolo, en una mejor preparación de los oficiales, en la obligatoriedad de que haya cámaras, pero a pesar de todo es muy triste porque no hubo justicia y, sin justicia, nunca tendremos paz». «
Dolor intenso, tortura, trato cruel
Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), «las pistolas Taser provocan un dolor intenso, es decir, que su uso puede ser considerado tortura o trato cruel, y pueden ocasionar la muerte». El informe remarca que «la reglamentación publicada en el Boletín Oficial es inconstitucional, ya que no respeta los principios de proporcionalidad y razonabilidad que limitan el uso de la fuerza estatal».
La ONG vinculada a los Derechos Humanos concluye que los criterios que el reglamento establece son «tan imprecisos que en los hechos habilitan cualquier uso». En ese sentido, destaca que el inciso c) del artículo 2° las autoriza para «impedir la comisión de un delito de acción pública», o sea siempre, porque ese y no otro es el trabajo de la policía.
Con respecto al inciso a) del mismo artículo, permite el uso de estas armas de electroshock para inmovilizar a una persona ante un «peligro inminente», que no se describe de ningún modo.
También recuerda el informe del Cels que el Comité contra la Tortura de la ONU, que intervino en casos contra Nueva Zelanda (2009) y Gran Bretaña (2013), desalentó su uso y lo consideró prohibido salvo que se trate de «situaciones extremas y limitadas (aquellas en las que exista una amenaza real e inmediata para la vida o riesgo de lesiones graves)» y «únicamente en sustitución de las armas letales».
1081 MUERTOS
De acuerdo con un relevamiento de la agencia de noticias Reuters, 1081 personas han muerto sólo en los Estados Unidos luego de recibir descargas de pistolas Taser. Casi todas las muertes ocurrieron después del año 2000, cuando estas armas «no letales» ganaron popularidad entre las policías de los distintos estados de ese país.
INSISTENCIA
En 2010, el gobierno porteño anunció la compra de las pistolas Taser para que formasen parte de la dotación de armas de la entonces Policía Metropolitana,
hoy ya extinta.
La noticia produjo un fuerte rechazo en amplios sectores de la sociedad civil y mereció el repudio de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
En 2016, la Corte Suprema de Justicia desestimó el recurso de queja que pretendía impedir la compra de pistolas de electroshock, denominadas «no letales», y habilitó su uso.
En enero de este año, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció la compra de unas 300 pistolas Taser para que las fuerzas de seguridad las utilicen en aeropuertos, puertos y trenes.
Su uso fue reglamentado el pasado 2 de mayo.
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