Cuatro imputados –el gasista y tres funcionarios de la gestión Vidal– esperan en libertad ser juzgados por la explosión del 2 de agosto de 2018. Sin cargos para los responsables políticos.
“No olvidamos el contexto político, social y cultural en el que ocurrieron estas muertes evitables. No queremos volver a eso nunca más. Nombrar a Sandra y Rubén me genera un nudo en el estómago”, explica a Tiempo María Laura Torres, secretaria adjunta de SUTEBA, quien agrega: “Es muy emocionante cómo desde ese mismo día la comunidad de Moreno empezó a transformar ese profundo dolor en organización y lucha, que se expandieron por toda la provincia e incluso por el resto del país”.
A fines del año pasado, la fiscal Gabriela Urrutia dio por finalizada la investigación y elevó la causa a juicio, cuyo debate oral debía comenzar este año, pero el trámite, como muchos otros expedientes judiciales, se postergó debido a la pandemia.
La justicia estableció que la explosión de aquella mañana del 2 de agosto de 2018 está atada a un episodio ocurrido el día anterior, cuando el gasista Cristian Ricobene asistió poco antes del mediodía a la escuela situada en Davaine al 1800, convocado por Sandra Calamano por un fuerte olor a gas en el aula. El gasista “muy livianamente da por solucionado el escape de gas con cerrar la llave del calefactor y encender un ventilador”, según se desprende de la causa.
Al parecer, y es lo que procurarán esclarecer los peritos en el juicio, la falla estaba en un caño y no en la estufa, por lo que al otro día, cuando Sandra y el resto de sus compañeros llegaron al establecimiento, advirtieron que el olor persistía. A las 8:06, la vicedirectora llamó desde su celular nuevamente a Ricobene para decirle que de continuar así la situación, debía suspender las clases.
Instantes después, la mujer abrió la puerta del aula en cuestión y se produjo “una explosión producto del ingreso de oxígeno dentro del recinto, donde yacía acumulado una importante cantidad de gas propano-butano, resultando el punto de ignición una chispa proveniente del motor o rotor del ventilador amurado a la pared”, de acuerdo al expediente elevado a juicio.
Poco más tarde se supo que la matrícula categoría 3 emitida por Enargas que tenía Ricobene, estaba vencida desde marzo de 2015. Por si fuera poco, el profesional no estaba habilitado para hacer ese tipo de trabajos ya que se hallaba “limitado a instalaciones domésticas unifamiliares de hasta 5 m3/h de consumo” y carecía “de la capacitación correspondiente para realizar trabajos de gasista en establecimientos educativos”.
Si bien Ricobene se llevaría la peor parte, ya que podría ser condenado a unos cinco años de prisión, también deberán sentarse en el banquillo de los acusados el interventor del Consejo Escolar de Moreno, Sebastián Nasif, quien fuera designado por el director general de Cultura y Educación provincial, Gabriel Sánchez Zinny.
La expresidenta del Consejo, Monica Berzoni, y Jorge Oscar Galian, quien estaba a cargo del área de infraestructura del organismo, también deberán rendir cuentas por haber contratado a Ricobene con la documentación irregular.
Tanto a estos dos imputados como a Nasif les esperaría una pena de dos años en suspenso y cuatro de inhabilitación especial por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“Desde la explosión hasta el 9 de diciembre de 2019, los nombres de Sandra y Rubén nunca fueron mencionados por parte de la exgobernadora Vidal ni por Sánchez Zinny; ni fueron a la Escuela 49”, señala Torres, quien se esperanza al recordar que durante la asunción del gobernador Axel Kicillof, “los homenajeó y los nombró». «Para nosotros –agrega– no fue un momento cualquiera, porque de esa manera visibilizó sus muertes, la lucha posterior, y se demostró que nada de eso fue en vano”.
El compromiso con la defensa de una escuela digna y segura
Para muchos municipios bonaerenses hoy se conmemora el Día en Defensa de la Escuela Digna y Segura. Como se sabe, a partir de la muerte de Sandra y Rubén, la comunidad educativa de la Escuela 49 encabezó un comité de crisis integrado por representantes de los sindicatos de docentes y auxiliares, los movimientos sociales y familias de Moreno, que llevó adelante un acampe en las inmediaciones del Consejo Escolar local en reclamo de justicia y mejoras en la infraestructura edilicia de los establecimientos educativos.
“Fue una pelea muy dura con el gobierno de Vidal. Ahora estamos en una etapa nueva en la que podemos discutir ya no con una intervención que negaba a las autoridades locales, sino que nos sentamos con dirigentes recientemente electos. De hecho, la semana pasada nos juntamos con funcionarios del municipio para ver el avance de las obras”, admite Mariana Cattaneo, secretaria general de Suteba Moreno, quien explica que “el comité de crisis pasó a ser de seguimiento de infraestructura al final del gobierno de Vidal”.
“Todavía no logro asimilar que una maestra y un auxiliar hayan perdido la vida en su lugar de trabajo. Todavía ese recuerdo me llena de angustia. Tengo el compromiso y el deber moral de reparar las escuelas públicas, ahora que puedo estar en el lugar de las decisiones. A casi ocho meses de asumir la intendencia, vamos arreglando más de 100 escuelas”, señaló a Tiempo la intendenta local Mariel Fernández, quien inauguró a principios de año, justamente en ese establecimiento educativo, el ciclo “escuelas de verano”, poniendo así las muertes de los dos trabajadores en el centro del eje de su gestión.
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