Discriminación racial, la clave para entender el crimen de Ismael

En la superficie hay un arribista, un supermercado vallado, una tropa dispuesta a defender la propiedad privada, una turba descontenta con el abuso. Después hay un disparo, un chico de 13 años que cae y no se volverá a levantar, la indignación, las versiones contrapuestas, la cobertura nacional.

En Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, lo que no está a la vista es más hondo, se esparce con facilidad y ampara la sinrazón de una muerte temprana. «Un indio menos», se celebra.

A raíz del asesinato de Ismael Ramírez y las detenciones derivadas por el supuesto intento de saqueo al supermercado El Impulso, en las últimas horas el Comité de Prevención de la Tortura de Chaco le exigió una audiencia al ministro de Seguridad de la provincia, Carlos Barsesa, para que aborde el hecho no desde una mirada meramente policial, sino reconociendo «el grave componente racial y social» que marcó la actuación de la fuerzas de seguridad en los incidentes.

«Le estamos diciendo al ministro que analice lo que está ocurriendo desde una perspectiva social más amplia. En el marco del hecho que se investiga (en referencia al enfrentamiento entre vecinos y la policía frente al supermercado) medió la violencia y el uso desmedido de la fuerza. Primero, con un chico muerto, y después con las detenciones arbitrarias y los abusos. El comportamiento de la Policía tuvo un fuerte componente discriminatorio basado en preconceptos raciales», explica Ariela Álvarez, presidenta del Comité.

El lunes 3 de septiembre, un grupo de vecinos de Sáenz Peña comenzó a protestar frente al supermercado El Impulso, en el cruce de las calles 21 y 14, del Barrio Obrero. El descontento comenzó porque el dueño, Orlando Porgoseleck, les retuvo las tarjetas alimentarias a varios clientes, que de esa forma podían llevarse mercadería a cuenta. Sin embargo, a la hora de cobrarse, el hombre consideraba el precio actual y no el del momento de la compra.

Las declaraciones de los testigos, sumadas a filmaciones que circularon por las redes sociales, permitieron identificar, además de las fuerzas de seguridad provinciales y federales (luego de los hechos el Ministerio de Seguridad pasó a disponibilidad a la cúpula local de la Policía Federal porque no tenían la orden de intervenir), a civiles armados que dispararon contra los manifestantes, entre los que había «criollos» y miembros de las comunidades indígenas. En ese contexto, una bala alcanzó el pecho de Ismael, un niño de la etnia qom, que murió camino al hospital. José Canteros, otro adolescente que tuvo la mala idea de salir a buscar agua para su mamá, casi perdió un ojo por una esquirla de bala de goma.

La fiscalía a cargo de Marcelo Soto, que tramita la causa por el asesinato de Ismael (ver recuadro), también tiene a cargo el expediente por los incidentes frente al supermercado que terminaron con 18 detenidos –siete de ellos menores–, imputados de robo agravado con resistencia y atentado a la autoridad. Si bien ya están libres, llama la atención que las detenciones se hayan producido en los barrios 713, Millenium e Hipólito Irigoyen, y no en las inmediaciones del supermercado. Además, todos los detenidos denunciaron algún tipo de maltrato o abuso. La otra coincidencia es que todos son qom.

«A cada uno de los detenidos los entrevistamos individualmente, pero las declaraciones fueron coincidentes. Todos refieren que las detenciones fueron arbitrarias, de noche, sin orden judicial. Se trató de una cacería, porque la policía fue directamente a sus barrios a buscarlos. Fueron levantados en la calle o directamente entraron a sus casas rompiendo puertas y ventanas. En un caso, tirando gases lacrimógenos dentro de la vivienda sin pensar que había adultos mayores, niños y bebés. Y una vez detenidos, sufrieron un trato despectivo por su condición étnica», remarca Álvarez.

Los entrevistados refirieron que actuaron policías de diferentes comisarías, y los cuerpos de operaciones especiales; que fueron detenidos sin mediar palabra y llevados a la fuerza, escuchando descalificativos hacia su etnia («indios de mierda», el más repetido) y recibiendo golpes. En la Comisaría 1^a fueron obligados a desnudarse para ser requisados. En la 3^a se los mantuvo arrodillados frente a la mesa de entrada durante varias horas, mientras se los insultaba por su condición de aborígenes.

El informe del Comité concluyó que hubo una razzia policial, violación de los domicilios particulares y detenciones arbitrarias, apremios ilegales, vejaciones y tratos discriminatorios hacia personas de la etnia qom.

«En localidades como Sáenz Peña y Quitilipi –dice Álvarez– hay una confrontación racial entre criollos y aborígenes. La asignación de un imaginario, la descalificación permanente, la presunción de que por ser de un barrio o etnia determinada sos de cierta forma. La policía actúa inspirada en esta cuestión racial, la refuerza y la agrava».

Una sociedad clasista

Desde 2014, la provincia de Chaco tiene la primera ley sancionada en el país de «Educación Pública de Gestión Comunitaria Bilingüe Intercultural Indígena», que permite la participación de los miembros descendientes de pueblos originarios en la toma de decisión de sus instituciones.

El distrito ya había sido pionero en este tipo de marcos. En 1987, sancionó la ley N° 3258, con la que se creó el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), que dio inicio a la educación bilingüe intercultural con el reconocimiento del derecho a los aborígenes a estudiar su propia lengua.  

Sin embargo, la integración con la población «blanca» parece no superar una declaración de principios. «Acá hay un problema cultural muy grave. Un criollo que no tiene para comer le reprocha a su hijo que parece un ‘indio sucio’. Es lamentable, porque comparten la misma pobreza», dice Raúl «Toto», Galván, secretario general de la CTA de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Para el dirigente social, «el desprecio hacia lo indígena está instalado» en la sociedad de Sáenz Peña, la segunda ciudad más poblada de Chaco, a 169 km kilómetros de Reistencia. «Nunca pudieron convivir. El racismo está arraigado desde el tiempo de los primeros inmigrantes. Los gringos perseguían a los indios y los criollos heredaron esa mentalidad».

En el mismo sentido opina Susana Romano, profesora y referente del Consejo de Educación de la ciudad: «La característica clasista de la sociedad saenzpeñense no ayuda para lograr su integración. A los aborígenes se los ve como vagos, sólo porque trabajan primordialmente en artesanías, que venden en la ciudad y por las que se les paga muy poco».

Stella de la Cubilla es una de las tres caciques qom de Sáenz Peña. Para ella, cuando los blancos hacen algo, siempre culpan a los aborígenes. «Es triste. Yo he visto muchas veces cómo les pegaban a chicos, los arrastraban, los tenían contra el piso, les tiraban con balas de goma. Los chicos le dicen que no están robando, pero la policía no les cree. El aborigen, por más que no tenga para comer, no va a ir a robar porque se arregla con un pancito chiquito, con eso mata el hambre y llega al otro día. Por suerte el aire es gratis. No necesita más». «

La fiscalía analiza los videos de los incidentes

El lunes pasado, el hermano de Ismael –apodado «el Colo»– corroboró en presencia del fiscal Marcelo Soto todo lo que había adelantado a Tiempo el domingo. El menor describió al hombre que habría disparado contra su hermano, aunque no pudo aportar el nombre. Tras su declaración, el fiscal advirtió que se está analizando exhibirle los videos que se difundieron durante y después de los incidentes, sobre todo uno que muestra a un comerciante de la zona empuñando una pistola y disparando contra los manifestantes.

Con respecto a la investigación paralela de los presuntos ilícitos que se pudieron haber cometido durante los enfrentamientos de la noche del lunes 3 de septiembre, la fiscalía está avanzando en la línea que investiga la retención de tarjetas alimentarias por parte del dueño del supermercado El Impacto como posible origen del conflicto.

Por otro lado, se supo que la pericia balística del Gabinete Científico ratificó que el disparo que mató a Ismael Ramírez provino de una escopeta o arma «tumbera» de fabricación casera. También trascendió que la bala que impactó en el pecho del chico llegó allí tras un «desvío o rebote».

Por último, desde la fiscalía admitieron no tener conocimiento todavía de «si el propietario del supermercado presentó algún tipo de denuncia» y adelantaron que van a «estudiar en qué contexto fue promovida» la denuncia presentada por el Ministerio de Desarrollo Social por la retención de tarjetas. Se espera que en los próximos días declaren el dueño del supermercado y los presuntos damnificados.

La extradición de Huala

En otra muestra del difícil contexto que viven los pueblos originarios en la era Cambiemos, el líder mapuche Facundo Jones Huala fue extraditado el martes a Chile, donde será juzgado por el incendio de una propiedad en un campo en 2013 y tenencia ilegal de armas de fuego de fabricación artesanal. El traslado ya había sido requerido en dos oportunidades por parte de la Justicia trasandina. Huala es popularmente conocido por ser líder de la comunidad indígena mapuche de Cushamen, en Chubut –donde  murió Santiago Maldonado durante un operativo ilegal de Gendarmería–, y está detenido desde el 27 de junio de 2017.

En tanto, comenzó en Tucumán el juicio por el crimen del comunero Javier Chocobar, de la comunidad indígena Los Chuschagasta, quien recibió un disparo el 12 de octubre de 2009 cuando discutía con un terrateniente que decía ser dueño del lugar. Los acusados por el asesinato son Darío Amín –quien denunció a la comunidad por usurpación de tierras– y los expolicías Luis Humberto Gómez y José Valdiviezo, que pertenecieron al grupo parapolicial Comando Atila, que lideraba el ex comisario Mario «Malevo» Ferreyra, condenado por homicidio. En un pronunciamiento firmado por «40 pueblos con cultura, identidad y saberes ancestrales», se aseguró que la del líder comunal fue «una muerte evitable».