Se concentraron frente a Casa de Gobierno para reclamar por la implementación de medidas que acompañen el desarrollo e integración de la personas con capacidades diferentes.
“Ponemos nuevamente en agenda la situación social, pero específicamente sobre la situación de discapacidad. Deben atender a los que están más desprotegidos, con mayor situación de pobreza. Hay que poner un freno en todo el tema de la discusión de las pensiones. Creemos que no es el momento de reconsiderar nada, sino de salir a apoyar a la gente y no generar más dificultades” manifestó Pablo Molero, coordinador del Foro.
Alrededor de la Pirámide de Mayo y la ya tradicional silla de ruedas gigante se montó un escenario donde distintas bandas y músicos le brindaron a la jornada el color al reclamo. Se concentraron en gran número desde las primeras horas de la mañana con pancartas y afiches que expresaban el descontento de todo el sector con palabras dirigidas hacia la administración pública.
Esta problemática afecta en puntos esenciales al desarrollo e integración de la personas con capacidades diferentes, al respecto explica a Tiempo Argentino, María de los Ángeles Domínguez, psicopedagoga, miembro de la Cámara de Centros de Rehabilitación para la Discapacidad en Argentina e integrante del Foro Permanente para la Protección y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, “nos hemos convocado ya que desde hace tiempo venimos soportando una situación de asedio contra la personas con discapacidad estas personas tienen una serie de derechos consagrados por la ley, como el acceso a la rehabilitación a los tratamientos de kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicopedagogía, atención medica, la asistencia a centros de educación especializados, entre tantos otros los cuales son esenciales para la integración de las personas”.
“Desde la administración del gobierno actual lamentablemente están ocurriendo una serie de atropellos, recortes arbitrarios y sorpresivos de pensiones pensiones que son otorgadas a aquellas personas sin recursos, lo que ha ocasionado que niños jóvenes y adultos que viven bajo vulnerabilidad social se ven privados de su obra social el cual refiere al programa federal incluir salud agrega.
Desde que asumió el actual Gobierno comenzaron a cuestionarse las pensiones otorgadas a las personas con discapacidad y en menos de tres años se llegó a la alarmante situación de quita de 170 mil pensiones.
La pérdida de las PNC arrastra como consecuencia la privación de la cobertura de salud. El 72% del universo de las PNC es asignado a personas con discapacidad mientras que el 28% corresponde a madres. El deterioro de las políticas de inclusión se verifica en que bajo la gestión de Cambiemos más de 170 mil personas fueron dadas de baja de las pensiones.
En primera instancia, avanzando sobre la quita de pensiones, tomando decretos que han perdido vigencia y tomando resoluciones que implicaban quita de pensiones (Certificado Médico Obligatorio digital imposible de conseguir), situación que la Justicia en varias instancias ha desestimado pero que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y sus funcionarios desconocen, por lo que generan nuevas medidas que avanzan sobre la vulneración de derechos.
La problemática afecta más sensiblemente a lo relacionado al sistema de atención de salud para diferentes patologías. Los organismos denuncian que el gobierno no ejecutó los presupuestos ya aprobados desde el año 2017 destinados a transporte, servicios y contención de las personas, por lo que se ven privadas de medicamentos, educación, centros de día, inclusión escolar, rehabilitación, centros educativos terapéuticos, estimulación temprana, hogares, insumos.
El Programa Federal Incluir Salud anteriormente llamado PROFE- a partir del año 2018 pasó a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad. Es un Sistema de Aseguramiento Público de Salud que garantiza el acceso a los servicios de salud a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros grupos, generando condiciones de equidad para el ejercicio del derecho a la salud en todo el territorio nacional través de los gobiernos de las 24 jurisdicciones.
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