Discapacidad: tras la quita de pensiones, colapsan las prestaciones

El deliberado plan del gobierno nacional para vaciar el sistema de pensiones en la Argentina está dando otro arriesgado paso. A la quita masiva de más de 100 mil pensiones entre 2016 y 2017 y la virtual suspensión de las emisiones de nuevos certificados se suma ahora un fuerte retraso en los pagos a los prestadores del Programa Federal Incluir Salud, que en algunos casos llega a los seis meses. Las instituciones, los transportistas y los trabajadores que abordan las diferentes problemáticas que traen aparejadas las discapacidades están asfixiados y, si la situación sigue así, se verán obligados a suspender los servicios.

Una multitud acudió el jueves por la mañana a las puertas del Congreso para exigirle al gobierno que se ponga al día con el pago de las prestaciones que se desprenden de las pensiones graciables que reciben aquellas personas que padecen algún tipo de discapacidad y no están cubiertas por una obra social.

La movilización pretendía dar una vuelta a la manzana y abrazar el palacio legislativo, pero la policía lo impidió. La marcha fue convocada por federaciones y organizaciones de todo el país en las que están representados los centros de día, escuelas especiales, centros educativos terapéuticos, hogares, transportistas, centros de rehabilitación, servicios de apoyo a la inclusión escolar y residencias que se encuentran afectados por la mora.

En concreto, a los prestadores se les deben varios meses, llegando a seis o siete en algunos casos. Además, a todos les adeudan el 20% de agosto, septiembre y octubre de 2017. «Veníamos planteando estos temas pero las respuestas fueron siempre las mismas: que no hay dinero o que estamos en una situación muy difícil del país. Esto se torna insostenible. Y no estamos pidiendo nada que no nos corresponda», explicó a Tiempo el sacerdote Pablo Molero, a cargo de la Comisión de Personas con Discapacidad de la Arquidiócesis de Buenos Aires y referente del Foro de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que coordinó la manifestación del jueves.

Para intentar desactivar la movilización, a contrarreloj, el flamante director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Santiago Ibarzábal Murphy, que asumió el 2 de agosto pasado, se reunió el miércoles con las federaciones y asociaciones para llegar a un acuerdo. En el encuentro, sobraron las promesas.

Poco después de la protesta, el organismo que responde a la vicepresidenta Gabriela Michetti emitió un comunicado en el que destacaba que había comenzado a regularizar los pagos y que en la segunda semana de septiembre desembolsaría 1300 millones de pesos para cancelar las deudas contraídas de enero a mayo, y parte del mes de junio. Además, asegura que para mediados de octubre se realizará otro pago similar de lo que resta de junio y julio. De esta manera, dijeron, «la Agencia Nacional de Discapacidad estará al día, ya que el Programa Federal Incluir Salud financia las prestaciones a los 90 días».

«Dos semanas para disponer de la partida de dinero para pagar, sumado al proceso administrativo que se requiere para efectivizarlo, es muchísimo tiempo para tanto atraso. Pero lo peor es que ese dinero no alcanza para cubrir los pagos de un mes, mucho menos para lo que se comprometieron a pagar», sostuvieron las asociaciones y federaciones en un escrito, en el que destacaron que «otra vez plantean una cifra que no alcanza. Necesitamos saber si hay una confusión en las cifras de dinero o en los meses que piensan pagar».

Con respecto al plazo de 90 días, los damnificados argumentaron que al menos hay un error: «Los contratos establecen el pago dentro de los 60 días». Sobre el monto estipulado por el gobierno, denunciaron que «es lisa y llanamente una mentira ya que se adeuda a todos los prestadores el 20% de facturas de tres meses de 2017, y muchísimas facturas complementarias aun de 2016». Tiempo pudo saber que los prestadores sospechan que la deuda podría trepar a un total de 3500 millones.

Problemas de transporte

«Después de todo lo que nos pasó, hasta que no lo veamos, no lo creemos», se atajó Carlos Scipione, titular de la Asociación de Transportistas y Amigos de Educación para Discapacidad. Consultado por este diario, el dueño de tres camionetas y representante de más de 900 asociados en todo el país, se explayó sobre la necesidad de actualizar el nomenclador que fija los valores de los distintos aranceles: «Está congelado desde octubre del año pasado, cuando debía haber sido readecuado en julio. Ahí nomás ya nos comieron tres meses», se quejó.

«Los aumentos por ítem fueron de hasta un 22 por ciento. En nuestro caso hubo una readeacuación del 16 por ciento. Totalmente insuficiente si tenemos en cuenta que el combustible, entre otros insumos, está dolarizado», describió Scipione. Además, desde el sector notaron que la liquidación de servicios de transporte de personas con discapacidad prestados en el mes de mayo tienen descuentos masivos del 40%, por lo que las asociaciones de transportistas se declararon en estado de alerta y movilización. «

Vaciamiento y parálisis en la Agencia

Entre 2016 y 2017, el gobierno suspendió unas 130 mil pensiones no contributivas. El escándalo que estalló lo obligó a dar marcha atrás con la medida, pero a medias: aún falta restituir unas 50 mil. En abril, Tiempo reveló que hacía dos años que la flamante Agencia Nacional de Discapacidad tenía paralizado unos 100 mil expedientes con solicitudes para acceder a una pensión. En paralelo, se despidió a cientos de trabajadores y se cerraron decenas de centros de atención donde se tramitaban. Luego de hacer ese «trabajo sucio», Javier Ureta Sáenz Peña, entonces director ejecutivo de la agencia, renunció a su cargo del organismo creado en septiembre de 2017 tras la eliminación de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) y la de Pensiones Asistenciales, que estuvo acéfalo hasta principios de agosto, cuando lo reemplazó Santiago Ibarzábal Murphy.

«Es muy triste todo esto»

Desde hace 12 años, Rosa Alba Molina (foto) es transportista. Es propietaria de dos camionetas y está a cargo de la empresa Transporte Roseb. Su trabajo está vinculado al traslado de los chicos que asisten a la escuela especial Pablo Picasso, del barrio Parque Leloir, en Ituzaingó. «A nosotros nos paga la institución, pero hace siete meses que no cobramos. Y ellos ya no se pueden sostener. Esto es una cadena: si la escuela no cobra, nosotros tampoco. Y para no dejar de llevar y traer a los chicos, hoy estamos invirtiendo de nuestro bolsillo», cuenta a Tiempo.

Las camionetas de Rosa recorren todos los días localidades como Ramos Mejía, El Palomar o Hurlingham para trasladar a más de 20 chicos por vehículo. La escuela tiene más de 400 alumnos. «Tienen mucha gente a cargo. Y ahora tampoco están cobrando los maestros desde hace dos meses», detalla.

Julieta Blayer es la presidenta de la Federación Argentina de Entidades Pro Atención a las Personas con Discapacidad Intelectual (FENDIM). Hace cinco años que la mujer ya no puede convivir con su hija de 40, quien padece un retraso madurativo de nacimiento que le provocó una discapacidad mental y motora crónica. En la institución donde la hija de Julieta pasa la mayoría de sus noches, adeudan parte de los últimos salarios y todo el aguinaldo. «Eran trabajadores con mucha experiencia, que conocían a cada uno de los pacientes de toda la vida, y varios tuvieron que renunciar. Es muy triste todo esto, porque la estimulación es clave para que haya avances. Así, es muy difícil», se lamenta Julieta.

Un hogar y 109 chicos en riesgo

Paola Alejandra Ferreyra es delegada de los trabajadores del Hogar del Discapacitado, situado en Juan B. Justo y Víctor Hugo, en el barrio de Villa Luro. «Nos están debiendo mucha plata. Tenemos sueldos adeudados desde hace cuatro meses y el aguinaldo. Es un centro de día y hogar adonde asisten unos 109 chicos y trabajan unas 200 personas», señalaba a Tiempo, en medio de la manifestación del jueves, adonde fue con sus compañeros de trabajo. «Además, tenemos los salarios congelados», argumenta Paola, quien confía en que la situación se resuelva pronto. De lo contrario, no podrán seguir yendo a cumplir con sus tareas. 

Pacientes sin diálisis

Otro servicio en riesgo es el que prestan unos 200 centros de diálisis de todo el país a más de 1500 pacientes sin cobertura a través del programa Incluir Salud. A raíz de la deuda que mantiene el Estado nacional por más de 250 millones de pesos, y ante la falta de respuestas a los reiterados reclamos, la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (CADRA) anunció la no atención a nuevos pacientes a partir del sábado 1 de septiembre. También en este caso, desde la Nación se aseguró que en los próximos días comenzarían a remitirse los pagos adeudados, que asimismo dependen de la voluntad de la Agencia Nacional de Discapacidad. El hecho de que los insumos para diálisis sean importados complica aun más la situación, en medio de la debacle cambiaria, y con aranceles de las prestaciones muy desactualizados.