Entre este jueves y viernes más de 20 trabajadores del Hospital Posadas fueron notificados de su despido. Superan los cien bajo la gestión de La Libertad Avanza. El centro de salud de referencia en todo el oeste del Gran Buenos Aires es manejado por funcionarios que ya estuvieron con el macrismo, cuando intentaron desmantelarlo. Ahora, se enmarca en un proceso aún peor: la intención del Ejecutivo nacional de desprenderse de todos los hospitales nacionales.
Este viernes por la mañana se realizó una asamblea en el hospital. Resolvieron cese de actividades para el martes al mediodía y marchar ese día a Plaza de Mayo «en una gran movilización en defensa de la salud pública y un fondo de lucha para los despedidos».
Una de las despedidas, Jimena Lettieri, que trabajaba desde hace 23 años, expresó: “reclamamos de forma urgente nuestra reincorporación y pedimos el apoyo de todos, trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales, asambleas populares, dirigentes, personalidades. Esta táctica del gobierno de despidos a goteo es parte de su política de ir desmantelando la salud pública nacional. Ya van más de un centenar de despidos que evidencian el proceso de desmantelamiento de nuestro hospital».
«Estos despidos son posibles dado el carácter precario de contratación en el que nos encontramos los trabajadores. Un hospital que es un sostén muy importante para la salud de toda la comunidad y miles de trabajadores y sus familias no puede ser desguazado de esta forma. Pero no solamente denunciamos los despidos sino el carácter persecutorio que tienen porque son principalmente a quienes somos activistas históricos en la lucha por la defensa de la salud pública. En mi caso esté es el segundo intento de despido que estoy sufriendo justamente por esta razón”, continuó.
El Hospital Posadas y viejos conocidos del macrismo libertario
A principios de julio se había conocido el despido de 88 trabajadores. En ese momento, en comunicación con Tiempo, Guillermo Pacagnini, miembro del Consejo Directivo de CICOP, resaltó que «no es en ninguna área marginal, sino en el corazón del hospital, porque es transversal a todos los servicios y a todo el equipo de salud. Entre los despedidos hay médicos, enfermeros, administrativas, camilleros, psicólogos. Todo el equipo de salud».
Y sumó otro dato distintivo: el Posadas es el hospital más grande del país, «emblemático en cuestiones sanitarias, de derechos humanos y de defensa del sistema público de salud, tiene el 90% de su personal precarizado, con distintos tipos de contratos basura. Y por lo tanto, están expuestos a la motosierra”.
También recordó que varios de esos contratados tiene 10, 15 o 20 años de antigüedad, y que a varios “ya los había despedido el macrismo, y nosotros con un plan de lucha muy fuerte en ese momento los logramos reincorporar. Y ahora los vuelven a despedir, incluso algunos de ellos tienen fueros sindicales”.
El actual gobierno nacional propició el regreso del médico otorrinolaringólogo Pablo Bertoldi Hepburn como director ejecutivo. A finales de 2017, su elección durante el macrismo desató una crisis en el Ministerio de Salud nacional y provocó la renuncia del entonces viceministro, Eduardo Munin, quien había afirmado que Bertoldi Hepburn llegó, supuestamente, por pedido de la número dos de la AFI en aquel momento, Silvia Majdalani.
Tras la designación de Bertoldi Hepburn, la senadora provincial bonaerense Mónica Macha, de Nuevo Encuentro, denunció penalmente al ex presidente Mauricio Macri, al entonces ministro de Salud Jorge Lemus y a Bertoldi Hepburn por «espionaje, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público».
“Para la conducción del hospital no hubo ningún tipo de consenso ni concurso. Las direcciones las nombra directamente el Ministerio de Salud nacional. Tiene una intervención perpetua. Y una nota de color negro es que el director actual es Pablo Bertoldi, el mismo que estuvo en la época del macrismo y es quien encabezó el intento de desmantelar el hospital en ese momento. Hay mucha preocupación y bronca”, marcó Pacagnini.
El gobierno busca el fin de los hospitales nacionales
En la conferencia de prensa del 20 de septiembre el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió al “traspaso de hospitales nacionales a jurisdicciones provinciales, entre ellos el Bonaparte”. Lo dijo al pasar, entre otras “mejoras” implementadas por el Gobierno en salud. El comentario pasó casi desapercibido hasta que la orden de cerrar la internación del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte encendió todas las alarmas. La fuerte lucha de esa comunidad obligó al Gobierno a garantizar los puestos de trabajo y la continuidad de los tratamientos, aunque no está claro qué implica la “reestructuración” en marcha. En tanto, en Casa Rosada confirman que aquel comentario del vocero sigue vigente.
“Vamos a traspasar todos los nacionales a sus jurisdicciones. Si no, se cierran o privatizan”, dijo una alta fuente del Gobierno a este diario. Según esa voz, el conflicto en el Bonaparte estalló porque Ciudad de Buenos Aires no aceptó hacerse cargo. En el gobierno porteño niegan que haya habido un ofrecimiento formal. Por su parte, desde la cartera sanitaria bonaerense indicaron a este medio que tampoco hubo planteos por el traspaso de hospitales nacionales ubicados en Provincia de Buenos Aires. Entre ellos, algunos tan emblemáticos como el Posadas o el Hospital El Cruce.
Todo esto, en el marco de un conflicto de alta intensidad en el Garrahan. Algunas versiones exceptuaban al hospital pediátrico de la intención de traspaso de los nosocomios nacionales a sus jurisdicciones. La fuente de Casa Rosada no hizo esa distinción. En la semana que pasó hubo otros dos paros en ese hospital. Reclaman mejoras salariales, tras haber obtenido un bono de 500 mil pesos por única vez que llevó a que el ministro de Salud, Mario Lugones, echara al Consejo de Administración que había decidido otorgarlo, pese a que se financiaba con recursos propios del hospital.
Una de las protestas de estos días confluyó en Casa de Gobierno y dejó un mensaje simbólico. De rodillas y haciendo fuerza sobre corazones imaginarios, personal del Garrahan le hizo Reanimación Cardiopulmonar (RCP) a la salud pública. Con una premisa: “Hay que salvarle la vida a los hospitales”.
Posadas, Bonaparte, y más allá
La crisis del Posadas se suma a la de otros hospitales, como el Bonaparte. “Recibe un presupuesto de 17 mil millones de pesos anuales y cuenta con una muy baja ocupación”, fue el argumento esgrimido por el Gobierno Nacional para apuntar contra el Bonaparte. Según el informe de ejecución presupuestaria elaborado por el Centro de Economía Política (CEPA) y difundido el mes pasado, el ajuste interanual sobre el presupuesto de ese hospital es de casi el 20%. Es decir que antes del anuncio de “reestructuración” ya había comenzado el recorte.
El comunicado del ministerio de Lugones sobre el Bonaparte apuntó también contra la “internación promedio anual de 19 de pacientes diarios” como un dato para justificar el achique. “Poner el acento en la cantidad de ocupación de camas es no comprender los modos de intervención y abordaje que hay que hacer en salud mental actualmente», remarcó Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo de salud del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interpuso una demanda ante la Justicia apenas comenzó la amenaza de cierre del Bonaparte.
«Si el Bonaparte tiene una menor cantidad de camas utilizadas que las disponibles, habla muy bien del hospital. Significa que tiene otros servicios ambulatorios, consultorios externos y un seguimiento de los equipos tratantes que logran adherencia a los tratamientos sin requerir internación. Es casi el ejemplo modelo de cómo hay que trabajar”, acotó.
Sabin Paz alertó que derivar a los pacientes a otras instituciones no es un simple trámite: deben firmar el consentimiento informado, los casos judicializados requieren autorización y el Ministerio de Salud de la Nación solo dispone de una alternativa propia especializada en salud mental: el Hospital Ramón Carrillo, en Luján. “Con 500 pacientes, sigue en gran medida con la lógica de un hospital asilar. Sería un retroceso gravísimo el traslado de pacientes allí”.
Cuando el Estado no está
Los otros hospitales que dependen de Nación –además del Bonaparte, Carrillo, Posadas y El Cruce- son Baldomero Sommer, Cuenca Alta, El Calafate, Bicentenario Esteban Echeverría, General de Agudos Dr. René Favaloro y SAMIC Presidente Néstor Kirchner. Casi todos, de alta complejidad. Se suman los de gestión compartida con predominio de Nación, como el Garrahan, y los que dependen de universidades nacionales, como el Clínicas.
También da cuenta de la crisis en el sistema sanitario la situación del Hospital Español, que recibe a personas mayores afiliadas al PAMI. “No podemos atender a un paciente más. Estamos sobrepasados, agotados, cansados”, expresó el jefe de Clínica Médica, Fernando Wahlmann, en un video que se viralizó.
“La gente se está yendo, cuanto más gente se va, más trabajo para los que estamos”, dijo sobre el impacto de la reducción de la planta. La institución arrastra una historia compleja: entró en concurso preventivo en 2002 y se decretó en quiebra en 2017. Desde entonces quedó bajo la órbita del PAMI, para salvarlo del cierre. El año pasado se presentó su puesta en valor tras una inversión millonaria: “Si no hay Estado condenamos a las personas mayores a una fragilidad enorme”, dijo en ese acto la entonces titular del PAMI, Luana Volnovich.
Este año el hospital fue intervenido por la gestión libertaria. Quedó congelada la posibilidad de compra por parte del PAMI –algo que se había anunciado en 2023- y el personal reclama que no les dan información ni aumentos desde enero. En tanto, según denunció Wahlmann, quedan seis médicos para atender a un centenar de pacientes.
