El Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina ha producido un viraje violento en sus planes de estudio a través de una serie de despidos, apenas argumentados como reestructuración del personal, como si la institución fuera una empresa privada y no un organismo de enseñanza que debe responder al Ministerio de Educación, y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Esta institución  forma a los oficiales de policía que deberán cuidar a todos los ciudadanos e investigar los delitos cometidos para evitar la impunidad.

Los docentes denuncian que el proceso de la nueva gestión comenzó hostigando a través de un deterioro de sus condiciones de trabajo (recortes de los contenidos de las materias, cambio intempestivos de horarios e incluso de cuatrimestres, asignaciones a diferentes materias de las que se venían dictado, reducción de comisiones, entre otras medidas) hasta llegar –el día 30 de noviembre– al “despido de nueve docentes que dictan clase en la Escuela de Cadetes Juan A. Pirker desde el año 2013”.

En un comunicado los docentes afirman: “Sabemos que es una aspiración general de toda la sociedad lograr mayores niveles de seguridad respetando la ley y los derechos fundamentales. Estos docentes despedidos se encontraban trabajando desde hace más de tres años orientados por los principios de la seguridad democrática: profesionalidad, eficacia y respecto de las garantías constitucionales, entre otros”.

Durante este año, la actual gestión ha reducido los contenidos de Derecho Constitucional, han anulado los contenidos en Derechos Humanos y restado importancia a contenidos que apuntaban a una mirada estratégica y democrática sobre la seguridad.

Una de las curiosidades del caso es que las carreras dictadas en la institución fueron aprobadas por la CONEAU, entre otras razones, por contar con un plantel docente con destacada trayectoria y formación en la materia, justamente son quienes están siendo despedidos. En este sentido, los docentes denuncian que “los despedidos son docentes comprometidos con una educación ampliamente orientada en la profesionalización de la labor policial y en la defensa de los derechos humanos. Doctores e investigadores de la UBA y el CONICET, con amplia solvencia técnica, son expulsados de una institución pública sin ningún fundamento”.

El comunicado exige no sólo la reincorporación de las y los docentes despedidos sino también que se sostengan los planes de formación policial que tienen como objetivo la profesionalización de la labor policial. En ese sentido demandan que “se asignen materias a todas y todos los docentes que se encuentran dictando clases en los últimos años en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y en la Escuela de Cadetes Juan Ángel Pirker.