Los operativos se multiplican en medio de la emergencia habitacional. El epicentro es CABA, sobre todo en barrios del sur como La Boca, donde el viernes realizaron una marcha exigiendo respuestas oficiales. El drama de miles de familias que no pueden seguir alquilando.
La Ciudad de Buenos Aires es el epicentro. El impacto de la recesión económica se conjuga con otros procesos como el de gentrificación: el desplazamiento y expulsión de vecinas y vecinos de sus propios barrios, remplazados por otros de mayor poder adquisitivo y desarrollos que elevan el precio del costo de vida.
La creciente oleada de desalojos es una expresión más de este proceso: hasta julio en CABA habían iniciado 1200 juicios de desalojos por vencimiento de contrato, falta de pago, intrusión o comodato. La tendencia se profundizó estos tres meses, mientras surgen otros fenómenos sociales como el regreso a la casa de los padres de treinteañeros y juventudes (ex) independizadas.
Según la Encuesta Nacional Inquilina de septiembre “las condiciones laborales de los menores de 25 años y las exigencias del mercado inmobiliario –recibos de sueldo que tripliquen el alquiler, antigüedad laboral– es la primera barrera de acceso al alquiler de vivienda”.
En este contexto, vecinas y vecinos resisten los embates de las políticas de expulsión y reclaman que «el progreso» de sus barrios no sea sin ellos. Es el caso de La Boca, donde el viernes organizaciones sociales, estudiantiles y vecinales se unieron en una marcha para reclamar por el cumplimiento de las políticas de recuperación que, por ley 2240, el gobierno porteño debe implementar. Hasta representantes de la iglesia firmaron parte del reclamo.
Un relevamiento realizado por la organización La Boca Resiste y Propone expresa que solo en ese barrio existen 280 juicios por desalojos, tanto de viviendas colectivas como familiares. Incluso la histórica feria de artesanos ubicada en Vuelta de Rocha, que cuenta con autorización y funciona desde hace 40 años, fue desalojada y emplazada a 200 metros del sitio histórico.
Tamara Manjón tiene 38 años y enfrenta un desalojo por segunda vez en su vida. Siempre vivió en La Boca. La primera ocasión en la calle, hace casi 20 años, fue en el estallido social posterior al 2001. Pero ahora, además, si la sacan de la vivienda colectiva en la que reside desde hace más de 18 años también quedarán sin hogar sus seis hijos, su suegra, su compañero y otras 20 familias.
“Estuvimos alquilándole a una persona del barrio todos estos años, después de la pandemia falleció y nos enteramos que él no era el dueño. Después nos llegó un mandamiento de inicio de juicio de desalojo por parte de los herederos del supuesto dueño. En la vida los vi”, relata.
La vivienda es una casa de más de cien años sobre Necochea, entre Suárez y Olavarría, la calle de las cantinas: “las condiciones en un conventillo son las más precarias que existen porque son edificaciones viejas y viven muchos vecinos. Vivir en un conventillo es vivir en comunidad: se comparte la cocina, el baño, los espacios comunes, si hay algún problema intentamos arreglarlo entre nosotros”.
Sostiene que la solución no es expulsar a los vecinos sino mejorar las condiciones de acceso a las viviendas, las cuales están lejos de ser óptimos. Reinan los riesgos de incendios y derrumbes: “el gobierno, en lugar de defendernos y mantener viva la cultura de la calle de las cantinas, pretende gentrificarlo, venderlo y expulsar al vecino del lugar donde desarrolló toda su vida”.
Aunque se encuentran presentados en el juicio y apelaron la última sentencia que dispone el desalojo, las familias están en estado de alerta y ya realizaron protestas para dar a conocer su situación: “tenemos 30 niños viviendo en el conventillo, algunos con discapacidades, además de 5 adultos mayores, todos con vínculos de amistad y familiar en el barrio”.
Hay un antecedente fundamental para entender la actual crisis de vivienda y la explosión de los desalojos: el DNU 70 que desreguló los valores. En noviembre, el aumento de los alquileres ronda el 225% anual, superior a la inflación. Costearlo ya demanda, en promedio, más del 60% del sueldo. A la par que suben los servicios y expensas.
En CABA el gobierno optó por desentenderse. Solo acuden agentes de Buenos Aires Presente (BAP) para realizar un relevamiento. “No podemos acceder a un alquiler, la mayoría pide garantía propietaria, hay aumentos cada 3 o 4 meses y se necesita más de 2,5 millones de pesos para entrar. ¿Quién puede tener esa plata?”, pregunta Tamara.
Recién cuando una persona se encuentra en situación de calle puede solicitar el subsidio habitacional 690. “Pero ni siquiera cubre el 15% de un alquiler, son 100 mil pesos los individuales o 150 mil pesos por grupo familiar, y un alquiler está por encima de 550 mil pesos”, resalta. Los vecinos reclaman una mesa de trabajo con diferentes actores institucionales, como el juez y el Instituto de la Vivienda: “vamos a terminar en la calle y no es un lugar para vivir. La Boca no es solo un destino turístico o una postal de colores. Es unión de cultura y tradiciones, tiene muchas luchas, vamos a seguir reclamando nuestro derecho de seguir viviendo acá».
“En 2019 hicimos un amparo y logramos que se creara un protocolo de atención temprana para los desalojos, para que la familia resuelva la situación habitacional antes. Pero se ha cumplido poco y nada”, cuenta Natalia Quinto de la multisectorial La Boca Resiste y Propone, parte de la unidad ejecutora de la Ley 2240 de emergencia del barrio.
La marcha incluyó las propuestas para la recuperación del barrio que van desde la construcción de viviendas en asociación con personas jurídicas públicas y privadas hasta préstamos asequibles para clases medias y créditos sociales para las populares. También exigen la implementación del programa de prevención de incendios: “nos dicen que La Boca está estancada, que quieren que progrese. Estamos de acuerdo. Lo que no puede pasar es que ese desarrollo sea sin nosotros”.
Si bien se supone que los desalojos deben ser con orden judicial, el barrio de La Boca inauguró una nueva modalidad el 31 de julio pasado. Más de 30 familias, que vivían en un inmueble abandonado de la Ciudad de Buenos Aires fueron desalojados por decreto administrativo, firmado por el Jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. Para Ramiro Dos Santos, defensor oficial, se trata de “un gran retroceso en materia jurídica, en materia de derechos, porque son desalojos donde no se garantizó el derecho de defensa de las personas. Todo viene enmarcado en un proceso constante de gentrificación donde la gente sin recursos es expulsada del barrio y termina en general mudándose a la provincia de Buenos Aires”.
Natalia Quinto, vecina del barrio y parte de la multisectorial La Boca Resiste y Propone, contó que ahora, en el edificio del cual el gobierno expulsó a las familias, van a inaugurar una galería de arte. “Se dice en el barrio que la va a ocupar Munar.. Ese edificio se desalojó por un decreto ya que estaba declarado de utilidad pública desde la última dictadura cívico militar, que lo había expropiado para el paso de una autopista. Es un proyecto que ya no existe más pero que les habilitó el desalojo”, manifestó. El proceso de desalojo, plagado de irregularidades, fue denunciado por la multisectorial. No solo porque ante la vigencia de la ley de emergencia 2240 no debería haberse realizado, sino porque el Gobierno de la Ciudad desoyó una medida judicial que amparaba a las familias. Alrededor de 200 efectivos de la Policía de Ciudad actuaron para hacer efectivo el decreto que dejó a las familias en la calle.
Ramiro Dos Santos, defensor oficial a cargo de la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires contó a Tiempo que en 2019 acompañó la interposición de un amparo colectivo contra el Gobierno de la Ciudad por la emergencia que atraviesa el barrio de La Boca.
“Es una causa por el incumplimiento de la Ley 2240 de emergencia ya que, legalmente, el barrio está en emergencia urbanística y habitacional desde 2006 pero desde hace varios años hay un proceso de gentrificación acompañado de desalojos, un proceso apalancado en su momento con la Ley de Distrito de las Artes”, expresó.
La mencionada ley, según explicó, fue determinante para que se produjera una gran especulación inmobiliaria sobre el suelo del barrio: “Hay una gran cantidad de desalojos, sólo en La Boca son más de 200 que tramitan en el foro civil y que van generando la expulsión de habitantes”.
Con respecto al panorama general, Dos Santos aclaró que si bien La Boca es un barrio popular en sentido amplio, no forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), cuyo listado tiene una protección especial. “Lo que son conocidos como villas o asentamientos están mapeados, hay 50 en la Ciudad de Buenos Aires. En estos barrios, por ley, están prohibidos los desalojos. Pero, a pesar de esta prohibición legal a veces hay desalojos informales entre los propios habitantes o desalojos penales cuando se tratan causas de usurpación”, expresó.
Celeste López y Mariano Gorini serían los nombres de los agresores.
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