Este año se conmemora el 25 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing adoptada por 189 gobiernos para resolver situaciones de desigualdad de género. En ese acontecimiento histórico se comprometieron a tomar medidas audaces y estratégicas en doce esferas de especial preocupación: pobreza, educación y capacitación, salud, violencia, conflictos armados, economía, poder y toma de decisiones, mecanismos institucionales, derechos humanos, medios de comunicación y medio ambiente.

Desde la sanción de distintos instrumentos jurídicos internacionales como las Convenciones Interamericanas sobre concesión de los derechos civiles y políticos a la mujer en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de los Derechos Humanos hasta el momento en que se firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y su posterior entrada en vigor, las mujeres anhelamos la igualdad en el goce de los derechos civiles y políticos enunciados en algún pasaje en todos estos instrumentos.

En los últimos años hemos dado pasos importantes en la consagración de los derechos de las mujeres y las diversidades. A partir de la ratificación del Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, Argentina avanzó con distintas legislaciones para lograr la igualdad real de las mujeres y los varones y promover “la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre”.

También es importante destacar la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres (2017), con el objetivo de “prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres a fin de asegurar que ejerzan plenamente sus derechos políticos y participen en forma paritaria y en condiciones de igualdad en todos los espacios y funciones de la vida política y pública, particularmente en los cargos de gobierno”.

La ola de organizaciones internacionales sobre los asuntos de la mujer adquirió importancia durante el Año Internacional de la Mujer y la Década de la Mujer de Naciones Unidas (1976-1985).

En 1993, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoció explícitamente la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos, estableciendo un marco para la acción nacional e internacional.

Durante los conflictos armados las mujeres atraviesan mayores dificultades por motivos de género en comparación con los hombres en estas situaciones. Los conflictos causan índices mucho más elevados de violencia sexual. Asimismo, dejan a las mujeres en una situación muy vulnerable ante la pobreza, la pérdida del trabajo y la destrucción de sus hogares.

Uno de los compromisos de Beijing fue pensar el rol de las mujeres en la construcción de la paz. De manera inequívoca, afirmaba que la paz está estrechamente relacionada con la igualdad entre mujeres y hombres y con el desarrollo. También manifestaba que las mujeres deben participar en la toma de decisiones relacionadas con la resolución de los conflictos y reconocía que las mujeres han impulsado de forma determinante las iniciativas a favor de la paz.

Sin embargo, raramente son convocadas a participar de las mesas de negociación a pesar que la intervención directa de las mujeres en los acuerdos de paz contribuye a la sostenibilidad y calidad de la paz.

La pandemia sin ser una guerra trajo aparejadas problemáticas similares: agudizo las desigualdades de género, acrecentó la violencia y golpeó fuertemente al sector de la economía informal. Si las pioneras de las luchas feministas nos abrieron el camino hacia el acceso a la educación y ejercicio de los derechos políticos, sin dudas los grandes desafíos serán la incorporación de la perspectiva de género al debate en torno a la reconstrucción y al modelo de desarrollo que queremos, donde la agenda de cuidados deberá tener un rol central en la construcción de un futuro con equidad de género.

* Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador, Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de América Latina y el Caribe (COPPPAL)y Directora Ejecutiva de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.