La Comisión Provincial por la Memoria denunció que los usuarios de la institución sufrieron violencia sexual, torturas, malos tratos, violencia física, verbal y psicológica.
“Cuando constatamos que los usuarios sufrieron violencia sexual, torturas y malos tratos, presentamos un habeas corpus colectivo, que fue rechazado por la doctora Carolina Stein, a cargo del Juzgado de Familia N° 4 de Quilmes”, se quejó Sandra Raggio, directora general de la CPM, en diálogo con Tiempo.
Luego de haber presentado el incidente, que fue totalmente desestimado, distintas dependencias estatales visitaron y recorrieron la clínica a pedido nuestro. Pudieron relevar las graves vulneraciones denunciadas. «Y nosotros presentamos una nueva denuncia penal en la UFIJ Nº 5 de Quilmes”, señaló la directora general.
Todo comenzó con una denuncia por violencia sexual:” De personal médico contra una mujer usuaria alojada el dispositivo. Entonces nos presentamos en la Clínica de Psicopatología Phsiquis que está ubicada en la localidad San Francisco Solano”, reconstruyó Raggio, sobre los terribles hechos acontecidos.
“Recuerdo que hicimos un monitoreo integral en el que detectamos una serie de vulneraciones de derechos. Las personas usuarias de la institución denunciaron violencia sexual, torturas, malos tratos, violencia física, verbal y psicológica”, subrayó la directora general.
Además, las personas padecían, “falta de atención médica clínica, el personal era insuficiente y no realizan abordajes para personas con discapacidades. Encontramos internaciones por cuestiones sociales, las condiciones de la institución eran irregulares y riesgosas para las personas allí alojadas”, señaló.
“Nuestro relevamiento está basado en las entrevistas que les hicimos a las personas alojadas en la clínica. Quienes denunciaron distintas situaciones de violencia sexual a la que se encuentran expuestas las usuarias mujeres de la institución”, aseguró la directora general.
Raggio se mostró muy enojada con la posición que tomó la institución ante las terribles situaciones que denunciaron los pacientes: “No reconocían los hechos denunciados y culparon a las víctimas. Lo hicieron revictimizando a las mujeres, al exponerlas a estas situaciones de manera constante y sin ningún tipo de intervención reparatoria”.
“Fue por todo esto, que presentamos una acción de habeas corpus colectivo ante el Juzgado de Familia N° 4 a favor de las personas allí alojadas, pero fue rechazado a partir de un informe interdisciplinario poco riguroso del equipo técnico de este mismo dispositivo judicial”, se quejó la directora general.
El informe técnico está firmado por la doctora Lorena Casavalle; la trabajadora social Nidia Bartoli; la médica psiquiatra Claudia Diaz y la psicóloga Agustina Barreto. “El estudio realizado hizo foco en la información y documentación administrativa aportada por autoridades de la institución denunciada y en las condiciones materiales del lugar. Un modo de proceder totalmente superficial”, apuntó Raggio.
“Pero en el habeas corpus que nosotros presentamos, también informamos -como lo hacen siempre- a los organismos estatales responsables de abordar la complejidad de la situación”, contó la directora general. Entre los cuales, “denunciamos los terribles hechos ante la Dirección de Registro y Habilitación Sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires”, agregó.
“Después de esto, el Departamento de Fiscalización, remitió el acta de la última fiscalización realizada en el mes de agosto, en la que quedaron en evidencia las falencias administrativas y la precariedad institucional de la clínica”, remarcó la directora general. “Según informó el órgano de fiscalización, mantuvieron entrevistas con personas alojadas que afirmaron haber visto situaciones ilegales o haber sido víctimas de torturas y malos tratos”, aseveró.
Fiscalización también relevó:” Encierro extremo, aplicación de medicación inyectable sin criterio terapéutico, malas condiciones de aseo y limpieza, falta de mantenimiento del lugar, sanitarios rotos y alimentos insuficientes, entre muchas otras irregularidades”, explicó Raggio.
“Sin embargo, los fiscalizadores se limitaron a dialogar con las autoridades de la clínica. Tomaron como base el acta de fiscalización y como vimos que las actuaciones que realizaron no denunciaban judicialmente estos terribles hechos, nosotros presentamos una nueva denuncia penal ante la Fiscalía 5 de Quilmes. Lo hicimos para que estos atroces delitos no queden impunes”, finalizó la directora general.
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