La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció torturas en perjuicio de adolescentes en la ciudad balnearia de Mar del Plata. Remarcaron que es inconstitucional detener jóvenes por averiguación de identidad. La justicia resolvió el incidente de hábeas corpus presentado a favor de quienes fueron víctimas de golpes y un simulacro de fusilamiento.
Este organismo presentó el escrito en el Juzgado de Garantías del Joven, a cargo de la doctora Mariana Gulminelli. La actual resolución es sobre cuatro policías imputados -tres de ellos permanecen detenidos- que torturaron a los jóvenes. Además, el fallo dispone la aplicación de otras medidas que protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
“Los jóvenes fueron detenidos y trasladados en un patrullero a un descampado donde los golpearon, también los amenazaron y finalmente les hicieron un simulacro de fusilamiento”, denunció Roberto Cipriano García, abogado y secretario de la CPM, a Tiempo. Recordó que este terrible hecho de violencia institucional sucedió a principios de octubre del corriente año en Mar del Plata”.
“Cuatro son los policías que cometieron los hechos, dos hombres y dos mujeres, todos ellos cumplen funciones en la comisaría 6°, están imputados en una causa por privación ilegítima de la libertad agravada y torturas”, detalló el secretario.
“Nosotros aplicamos medidas de apoyo y acompañamiento a los familiares de los jóvenes, entre ellas, presentamos un habeas corpus preventivo para prevenir la vulneración de derechos y garantías de las víctimas”, contó García. Siguió relatando que la justicia hizo lugar al pedido y “dispuso distintas medidas que buscan garantizar las normas básicas de intervención policial cuando se trata de situaciones que involucran a niños, niñas y adolescentes”.
La jueza Mariana Gulminelli declaró la inconstitucionalidad de la aplicación de la Ley 13.482 sobre los niños, niñas y adolescentes. Esta norma organiza las funciones policiales en la forma de proceder y de limitar la libertad de las personas por averiguación de identidad.
En su fallo ordenó a la Jefatura Departamental que implante el cese de cualquier restricción de la libertad de las personas alcanzadas por la acción de habeas corpus, que se comprometa y garantice que los agentes a su cargo cumplan estrictamente con las pautas de actuación policial respecto de niños, niñas y adolescentes como corresponde.
“La resolución indica al Ministro de Seguridad que instrumente -en toda la jurisdicción- mecanismos de formación, capacitación y difusión entre el personal policial en materia de intervención con niñas, niños y adolescentes que resultes ser presunto infractores de la Ley Penal,” subrayó García. Siguió relatando que la jueza también dispuso que lo mismo sea fomentado y comunicado “en la Dirección de Niñez y Juventud de la Municipalidad de General Pueyrredón y al Servicio zonal de promoción y protección de los derechos del niño a adoptar medidas que protejan la salud de los jóvenes involucrados”, agregó.
“En la investigación penal la Comisión figura como particular damnificado institucional ante el Juzgado de Garantías 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, a cargo de Rosa Frende”, detalló el abogado. Finalizó asegurando que “venimos denunciando la práctica de violencia sistemática y las torturas cometidas por la Policía Bonaerense”.