La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) durante agosto y septiembre inspeccionó unidades penales en Mendoza, Jujuy, Misiones y la Ciudad de Buenos Aires.
En Jujuy se inspeccionó el Instituto Penitenciario Federal Unidad N° 8 y la Cárcel Federal Unidad N° 22; en Misiones la Colonia Penal de Candelaria Unidad N° 17. Y en Mendoza el Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo. También se llevó a cabo la primera jornada de una serie de relevamientos en el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y Ezeiza
“Alertamos sobre las situaciones de vulneración de derechos identificadas en visitas que realizamos anteriormente en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza”, recordó Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto, en el diálogo que mantuvo con Tiempo. Continuó relatando que allí “emitimos una recomendación a fin de intervenir sobre las malas condiciones de mantenimiento, limpieza, riesgo eléctrico en los pabellones, también en los espacios destinados a la educación y recreación de las personas detenidas”.
“Pedimos que se realicen las gestiones pertinentes para garantizar el correcto funcionamiento de los talleres laborales con los materiales necesarios y con maestros especializados en los oficios ofertados”, contó el procurador adjunto. También se solicitó la ampliación “del cupo laboral en estos espacios, ya que se identificó la falta de actividades que promuevan la capacitación y la falta de material”.
“En el Complejo Penitenciario Federal Mujeres IV de Ezeiza se elaboraron dos recomendaciones: una está dirigida a garantizar la correcta atención médica para las mujeres, travestis y trans allí cautivas”, subrayó Cejas Meliare. La otra apunta a revertir las deficiencias constatadas “en las condiciones materiales de los sectores de alojamiento de los módulos 1, 2, 3, 4 y 6. También de algunos espacios de uso múltiple del establecimiento y el escaso acceso que tienen a los patios internos”.
“Enviamos otra recomendación a las autoridades del Complejo Penitenciario Federal VI de Cuyo, en la provincia de Mendoza, allí si detectamos sobrepoblación”, denunció el procurador adjunto. Reclamaron por las deficiencias “en las condiciones materiales de los sectores destinados al alojamiento y la recreación”.
“La Legislatura local de Jujuy creó un Mecanismo de Prevención contra la Tortura acorde al protocolo facultativo de Argentina” contó Cejas Meliare. Siguió detallando que el mismo “estipula que cada provincia tenga este tipo de organismo, sin embargo, hasta el momento son muy pocas las que fueron creadas”.
La provincia de Jujuy solicitó a la PPN -por los años y la experiencia- que dicte una capacitación de como relevar los casos de tortura y fallecimientos que ocurren bajo custodia del Estado.
“Les hablamos del Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, más conocido como el Protocolo de Estambul”, dijo el procurador adjunto. “Es el primer conjunto de normas internacionales para documentar la tortura y sus consecuencias”, agregó.
“También estudiamos el Protocolo de Minnesota que es un modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias, es un procedimiento modelo recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones” explicó Cejas Meliare. Continuó diciendo que “es una herramienta para el análisis de muertes que ocurren bajo custodia estatal”.
“Fue lo que dictamos en la provincia de Jujuy”, donde también “hicimos visitas a las cárceles federales de allí para que puedan ver cómo se realiza un monitoreo”, reconstruyó el procurador adjunto. “Les brindamos capacitación durante dos días seguidos en forma presencial en la Legislatura jujeña”, recordó Cejas Meliare. Aseguró que ahora “seguiremos con las clases virtuales por la plataforma Zoom que durarán dos meses”. También aseveró que en las cárceles “de Jujuy y Misiones no detectamos violación de derechos, son unidades penitenciarias chicas y no hay hacinamiento”.
Las visitas se realizaron en el marco del Diagnóstico Penitenciario Federal (DPF) que está enmarcado en la recomendación del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de la Naciones Unidas (ONU). La misma insta al Estado argentino a que realice una Auditoría Federal sobre las condiciones de detención. El relevamiento se viene realizando en todos los penales federales del país.
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