Denuncian negocios millonarios detrás de la urbanización de las villas

Desde hace meses, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta instaló como prioritaria en su discurso la urbanización de villas, a diferencia de su antecesor, Mauricio Macri. Pero especialistas y organizaciones sociales coinciden en que el proceso no abarca a todas, sino que se centra en cinco asentamientos que necesitan ser urbanizados para luego promover en esas zonas proyectos de desarrollo que, como el Paseo del Bajo, involucran un negocio millonario para las constructoras que monopolizan la obra pública porteña.

¿Por qué ahora el macrismo impulsa como política de Estado la urbanización de villas, cuando en ocho años tuvo 91.696.676 millones de pesos destinados a eso, que no utilizó? Eso se pregunta Gustavo Moreno, el asesor tutelar ante la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario porteña , quien afirma: «Las cinco urbanizaciones que hoy promueve el gobierno porteño tienen relación directa con emprendimientos urbanísticos: la Villa 31, con el Paseo del Bajo; la 20, con la Villa Olímpica; la Rodrigo Bueno, con el proyecto de IRSA; el asentamiento Lamadrid, con la conexión de Puerto Madero y Caminito; y Fraga, en Chacarita, con la apertura de la avenida Triunvirato. Mientras tanto, en otras villas como la 1-11-14, de las más peligrosas y con la ley de urbanización más antigua, no hay trabajos porque no hay interés económico detrás».

«Los procesos de urbanización están estrictamente vinculados a negocios inmobiliarios. El gobierno eligió a dedo, sin llamar a mesas participativas, para decidir cuáles son los más urgentes», denuncia Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC). Consultados por Tiempo, desde el IVC lo niegan: «No nos interesa ningún proyecto inmobiliario. El único que tenía uno era Rodrigo Bueno, y se cayó. Todo se discute con los vecinos, primero tienen que aprobarlo ellos. La idea no es solo que se integren a la ciudad, sino que la ciudad vaya a la Rodrigo Bueno».
En ese caso, como en otros, la falta de urbanización fue judicializada. Tras un amparo de vecinos en 2009, un dictamen favorable dispuso el inicio de las obras, pero el propio gobierno porteño lo apeló. En 2016, sin embargo, el Ejecutivo reflotó la urbanización a través de una ley, condicionada a que también se aprobara el megaemprendimiento Solares de Santa María en la ex Ciudad Deportiva de Boca, a cargo de IRSA. La iniciativa oficial no consiguió apoyo y solo se aprobó la urbanización de la Bueno. La idea del PRO es impulsar el barrio exclusivo con otra ley.

En otros casos, como la Villa 31, el oficialismo logró que para su urbanización se apruebe la venta de tierras públicas (el Tiro Federal) a través de la Agencia de Bienes. Lo mismo sucedió con la venta de casi 40 hectáreas del Parque de la Ciudad para urbanizar la Villa 20 y erigir la Villa Olímpica, en Soldati. El otro financiamiento proviene del pedido de deuda. A pesar de ser el distrito más rico del país, la Ciudad contrajo créditos por 730 millones de dólares para la sede olímpica, el Paseo del Bajo y la obra en la 31.

El 26 de diciembre último, la Secretaría de Integración Social y Urbana aprobó el Subprograma de Cesión de Derechos Posesorios sobre Construcción de la Villa 31 y 31 Bis y San Martín: «Los poseedores cuyos inmuebles sean afectados al Subprograma ceden los derechos posesorios sobre su vivienda al Gobierno de la Ciudad, a cambio de un monto de dinero», dice la Resolución N° 208, a pesar de que la Ley 3343 establece que a los vecinos que deben ser relocalizados se les «garantiza una solución habitacional de similares características dentro del polígono de urbanización del Barrio Mugica». El ODC denunció que el Subprograma no establece límites a la compra de los derechos de posesión, promoviendo la especulación de «grandes terratenientes villeros».

Baldiviezo explica que, urbanizadas, esas villas generan otro interés a los desarrolladores inmobiliarios. «El objetivo esencial debe ser que las familias se queden. Sin embargo, quedarán libradas al mercado y serán desplazadas, como está sucediendo en La Boca». La Villa 31 o la Rodrigo Bueno se encuentran sobre los terrenos más codiciados de la Ciudad: «La presión del mercado hace que vendan sus casas o que les aumente el costo de vida. Antes, los desarrolladores no podían negociar, porque los terrenos estaban tomados, debían pasar por la Justicia y la Legislatura. Ahora negociarán individualmente con cada propietario. En Palermo, IRSA fue comprando departamento por departamento hasta conseguir extender el shopping. ¿Cómo no va a poder hacerlo en la Rodrigo Bueno?»

El lunes 6 de febrero, Larreta inauguró las primeras cuadras con nueva infraestructura en el Barrio Mugica. Fueron 400 metros lineales de las manzanas 104 y 12 en el sector Cristo Obrero, sin una planificación integral. Cada manzana la hizo, a su modo, una empresa diferente. Con una red cloacal que sigue conectada a la precaria red de desagües existente, trabajos que aún no son operados por AySA, medidores individuales sin colocar y servicios que no están a nombre de las familias. Lo mismo sucedió en Los Piletones.

«La mesa de participación vecinal está dividida porque en la entrega de beneficios de la urbanización, los punteros políticos manejan sus manzanas, privilegiando a su gente cercana. Queremos algo transparente», dice Agustín Navarro, 54 años, padre de cinco chicos, exdelegado vecinal.
En la mayoría de las villas del sur, a la precariedad, el hacinamiento, la violencia y la discriminación, se suman la contaminación. Dos de las que se están urbanizando la sufren. Un informe oficial realizado en 2014 por profesionales del Hospital Argerich, dirigido por la médica Teresa Batallán, determinó que el 25% de los chicos de la Rodrigo Bueno tienen plomo en sangre, a causa de un depósito de autos de la Policía Federal. Sin embargo, Ciudad contrató el año pasado a la consultora privada Disab que, tras un análisis del suelo, estipuló que «no es necesario remediarlo». Fuentes del IVC responden: «Desconocemos lo del Argerich, pero nuestros estudios de factibilidad dicen que el suelo está bien. No nos vamos a poner a construir sobre terrenos contaminados, no tiene ningún sentido».

Parte de las 5400 familias de la Villa 20 serán trasladadas al terreno bautizado «Papa Francisco», ocupado por 200 familias en 2014, luego desalojadas. Ahí hubo un viejo «cementerio de automóviles». Ese predio, en Fernández de la Cruz y Pola, está contaminado con plomo. Así lo evidencian estudios realizados en septiembre de 2013 por la ONG Green Cross. En ese caso el gobierno admitió la contaminación y contrató nuevamente a Disab, que «ya finalizó los trabajos de remediación», dicen desde el IVC, por $ 30.121.000. La urbanización finalizará en 2019. Debía estar concretada, por ley, hace diez años.

En todas estas megaobras aparecen empresas «amigas» del macrismo. La de más renombre es Bricons, que tiene adjudicada parte de la Villa Olímpica (además de tres líneas de Metrobus). Su titular, Mario Ángel Raspagliesi, colaboró con un millón de pesos para la campaña electoral del PRO en 2015. También ganó la licitación para el camino ribereño de la Villa 21, donde no hay negocios inmobiliarios asociados. Ahí los trabajos están frenados. «

En el Riachuelo sigue la demora

En la elección de 2015, la boleta de Horacio Rodríguez Larreta para jefe de gobierno porteño se impuso en todas las villas de la Ciudad. Sólo perdió en dos escuelas de la 21-24. Hubo una razón para ello: ese asentamiento donde viven 60 mil personas es uno de los más postergados por el macrismo. Ubicado a la vera del Riachuelo, un informe oficial de la Autoridad de la Cuenca (Acumar) indicó que el 25% de los niños tiene plomo en sangre. Paz Ochoteco, directora de la Fundación Temas, habla de un «avance patético» de las obras de relocalización de 1334 familias que viven en la 21, sobre el Camino de Sirga, el sector más afectado: «Tras una sentencia judicial de la Corte, incumplida desde hace nueve años, no hay una instancia de construcción participativa y hoy en día solamente se relocalizó a 107 familias». En el IVC lo atribuyen a una demora de años debido a que Provincia, Ciudad y Nación eran gobernadas por diferentes signos políticos: «Ahora no hay excusa», dijeron.

Isla Demarchi y Catalinas 2, más tierras públicas para negocios privados

En los últimos días se profundizó la entrega de tierras públicas para desarrollos inmobiliarios privados.

El viernes, el gobierno nacional desarticuló el proyecto que pretendía crear un Polo Audiovisual en la Isla Demarchi. Si bien las construcciones nunca comenzaron (Ciudad jamás dio el visto bueno), la decisión del presidente Mauricio Macri puso punto final a aquella iniciativa de Cristina Fernández de Kirchner y le abrió las puertas al mercado inmobiliario: crearán un Polo de Desarrollo Urbano, abriendo el juego a la inversión privada.

Con un presupuesto previsto en $ 2500 millones, el proyecto impulsado en agosto de 2012 pretendía la construcción de una torre en la que funcionarían un hotel, departamentos, estudios de TV y museos. A través un decreto, el Ejecutivo hará la «reconversión» de la Isla Demarchi porque el proyecto de un Polo Audiovisual «no resulta viable». En cambio, «resulta conveniente desarrollar un Polo de Desarrollo Urbano cuyo eje se centre en la integración al resto de la Ciudad».

Un día antes, la Legislatura porteña aprobó en forma definitiva la Ley 3881, que otorgará la zonificación necesaria para construir «El Paseo del Bajo», de siete kilómetros, que enlaza las autopistas Illia con la 25 de Mayo y la Buenos Aires-La Plata, y que será ejecutada en su mayor parte por la empresa IECSA, de Angelo Calcaterra, primo del presidente.

Sucede que, para financiar esa megaobra de 670 millones de dólares, además de tomar deuda externa, se autorizó la venta de los terrenos públicos conocidos como Empalme Norte o Catalinas Norte 2. Se trata de un terreno ferroviario de nueve hectáreas, entre Retiro y Puerto Madero, donde privados podrán erigir siete torres de perímetro libre, dos de 62 metros y cinco de 139 metros (casi 45 pisos). «Otra pared más entre la ciudad y el río, sin autorización legal del Congreso», denunciaron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad.

El legislador Adrián Camps (PSA) agregó que «en el ejercicio de la acción política siempre hay una tensión entre el poder político y el poder económico. Pero es el primero el que debe tener supremacía sobre el segundo; el que debe decidir qué es lo que se hace y qué no». «