La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denuncia la criminalización a la protesta social y los avances del aparato represivo en distintos puntos del país. Desde el organismo invitan a la clase política y a la sociedad en su conjunto a reflexionar sobre lo que está pasando. Explican que hay que reforzar los símbolos de la democracia, que hoy en Argentina exhibe 40 años en forma ininterrumpida.
Contra el que protesta
“Pasaron 40 años de la última dictadura cívico-militar, sin embargo en distintos puntos del país siguen sucediendo hechos de similares características a los que ocurrían en aquellos tiempos”, aseguró Roberto Cipriano García, abogada y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo. Continuó relatando que por eso “queremos señalar nuestra preocupación, también el más profundo rechazo ante distintas decisiones de legislaturas y gobiernos provinciales que son altamente regresivas en materia de Derechos Humanos para la sociedad en su conjunto”.
Historia democrática
“Desde que terminó la última dictadura cívico-militar el consenso mayoritario de todos los sectores políticos, organizaciones sociales y la ciudadanía, sostenían que la democracia es el sistema que permite alcanzar la plena vigencia de los Derechos Humanos”, repasó el secretario ejecutivo. Es así en la medida que los pueblos, “tengan garantizado el derecho a tener derechos, es decir, a demandarlos mediante la expresión pública, con la protesta social, para conquistarlos o para obligar el cumplimiento de tales si ya están en el plexo normativo”, agregó.
“La propuesta de reforma de la Constitución Provincial de Jujuy pretende cortar el derecho a la protesta social, es un paso más que pretende modelar la carta magna al servicio de las políticas regresivas en materia de derechos ciudadanos”, denunció el letrado. Siguió explicando que si lo hacen estarían “quitando los instrumentos elementales del pueblo en el ejercicio de su soberanía”.
“En la provincia de Salta, el 1° de junio se sancionó la denominada Ley ‘antipiquete’, que es inconstitucional”, señaló el secretario ejecutivo. También apuntó que lo hicieron “porque había muchas protestas por salarios de trabajadores de la educación y la salud pública”.
“Otro gran problema es Chubut, donde el Poder Judicial -como instrumento del ejecutivo provincial- procesó a más de cincuenta manifestantes que expresaban distintos reclamos”, se quejó García. Dieciséis de ellos pidieron “que se apruebe un proyecto de Ley para abrir una consulta popular por los proyectos de megaminería que es constitucional, pero todos fueron rechazados”.
“Allí, dos docentes fueron condenados por reclamar por su salario, el Ministerio Público Fiscal se dedica a procesar a los manifestantes y no ha abierto causa ni investiga la violencia represiva de las fuerzas de seguridad sobre el pueblo”, subrayó el secretario ejecutivo. También demandó que el estado de derecho “en Chubut está vulnerado ferozmente”.
Convenciones y pactos internacionales
“En Argentina la democracia ha registrado muchos avances en materia de derechos incorporando convenciones, pactos y tratados internacionales a su carta magna, como así también legislando para avanzar en la garantía de ellos”, explicó García. No obstante, “al mismo tiempo profundizó la vulneración de derechos y es una constante muy notoria. Hay una enorme brecha social, que ha ensanchado la desigualdad y condenado a la precariedad a millones de ciudadanos y ciudadanas”, agregó.
“La criminalización de la protesta social y su prohibición son el peor camino para la vida democrática de las y los argentinos”, remarcó el secretario ejecutivo. Finalizó implorando “hacemos un llamado a los diferentes partidos políticos, gobiernos, funcionarios y legisladores para trabajar y cambiar de rumbo. Tenemos que retomar aquel consenso construido al calor de la memoria del horror que nos dejó la historia más reciente; la democracia es la plena vigencia de los Derechos Humanos para la ciudadanía”.
