En las últimas semanas, el Gobierno de la Ciudad amenazó con multar y/o retirar dos huertas urbanas: en Chacarita y Santa Rita. En ambos casos, la movilización vecinal logró la continuidad de esos espacios, al menos por ahora. Al mismo tiempo, una huerta urbana avanzaba en la plazoleta Luna de Enfrente, en Palermo. Administrada por el restaurante Don Julio, fue instalada allí a partir de un convenio con la administración local. Una denuncia judicial y un pedido de amparo intentan detener la “destrucción” de ese espacio público y verde, de los que tanto escasean en la ciudad.

El Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y la Defensoría de Laburantes presentaron una denuncia penal el viernes y una acción de amparo ambiental este lunes porque consideran que “la plazoleta Luna de Enfrente ha sido apropiada para el sponsoreo del restaurante Don Julio a través de una huerta urbana”.

“No estamos obviamente en contra de las huertas urbanas -incluso veníamos impulsando una ley que se votó finalmente con otro sentido-, pero en este caso ni siquiera usaron la ley que votó el oficialismo para las huertas sino una ordenanza de los 90 sobre convenios de colaboración”, advirtió Jonatan Baldiviezo, referente del ODC, en diálogo con Tiempo. “Cuando el Estado necesita que se cuide una plaza por ejemplo, un privado tiene derecho a publicitar que hace esa ‘buena obra’. Pero esos convenios tienen que estar aprobados por la Legislatura, algo que no sucedió en este caso. Fue la Junta Comunal la que aprobó el convenio y empezaron las obras”.

“Como ya en los 90 se veía que podía ser complicada la interacción de los privados con lo público, establecieron un procedimiento que pasaba por el entonces Concejo Deliberante. Luego en el 96 con el cambio de la Constitución se estableció que cada vez que se otorgue permiso de uso sobre un espacio público se tiene que discutir en la Legislatura. Tampoco ocurrió este procedimiento de doble lectura”, señaló el abogado. Y apuntó que “hay otra ilegalidad muy fuerte porque hay una prohibición de privatizar espacios verdes y de cambiar el destino. Cuando se instalaron bares en plazas, por ejemplo, se hizo por ley. Si quieren tocar espacios verdes necesitan una ley de excepción. La Junta Comunal no tiene potestad para derogar esta ley”.

Baldiviezo remarcó que “no se cumplieron los procedimientos para que este convenio tenga validez” y alertó sobre los distintos modos en que el Gobierno de la Ciudad avanza con la privatización de espacios públicos: “En algunos casos los vende, en otros casos hace como una privatización débil. Como en este caso: no es que la empresa Chico SRL (propietaria del restaurante) tiene el derecho de excluir o que el espacio es exclusivo del restaurante, pero es un avance sobre ese espacio y sabemos que en los hechos hay alguien que está decidiendo sobre el uso de este lugar”.

El abogado también cuestionó que “el gobierno no acepta las huertas urbanas de vecinos en veredas o en parques, pero deja avanzar esta huerta administrada por privados para sponsorear negocios comerciales”. Además de la denuncia, se presentó un pedido de cautelar que frene las obras –ya avanzadas- y recomponga el estado anterior de la plaza.

Semanas atrás, la amenaza del desalojo cayó sobre la huerta vecinal de Roseti al 1000, en Chacarita. Impulsada por el colectivo El Reciclador y su referente, Carlos Briganti, fue defendida a costa de militancia barrial y se logró un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad para permanecer. Algo similar ocurrió la semana pasada en la huerta del barrio Santa Rita, instalada por vecinos y vecinas en César Díaz al 3400.

“Después de la amenaza de sacar la huerta y recibir las intimaciones, a los dos o tres días se apersonaron tres funcionarias de Higiene Urbana y se mostraron sorprendidas de las cartas de intimación porque según ellas ya estábamos en proceso de diálogo y en una etapa donde estábamos viendo de qué forma implementar las huertas en las veredas dentro de un marco de convivencia. Nos volvieron a ratificar que de ninguna forma iban a sacar la huerta. No estaban al tanto y no podían creer cómo llegaron esas cartas si estamos en proceso de diálogo. No estamos del todo confiados porque ya nos han dado su palabra sobre distintas cosas y no fueron consecuentes, pero en principio no van a continuar con las multas ni con la remoción”, contó Matías Lockhart, miembro del colectivo El Reciclador y uno de los impulsores de la huerta de César Díaz.