En la ciudad santafesina se lleva cometido casi un crimen por día en 2023. Las complicidades de las fuerzas y las demoras judiciales. Mientras, se reproducen episodios de bandas que crecen en CABA y el GBA.
Días antes del súper de Rosario se difundió un video de seis personas disfrazadas de policías con máscaras de payasos desde un barrio de San Martín (Provincia de Buenos Aires) que advertían con armas largas que si otra banda no se alejaba de esa zona iba a correr sangre. Los especialistas coinciden en señalar que el aumento de la violencia responde a varios puntos que confluyen entre sí: las bandas armadas, más o menos organizadas, toman las calles por la fuerza con la anuencia o la vista gorda de las fuerzas de Seguridad.
Por otro lado, los líderes de las bandas (Miguel Ángel «Mameluco» Villalba o Javier «Rengo» Pacheco en San Martín; los clanes Cantero o Alvarado en Rosario) están presos, por lo que hay disputas en el territorio con «soldados» cada vez más jóvenes, con armas y cifras de dinero que no tienen correlación con el mercado laboral. Y varios de los detenidos siguen actuando desde los penales.
Este viernes, la Justicia federal de Rosario y Morón, sumado al apoyo de la PROCUNAR, ordenó siete allanamientos en los complejos penitenciarios de Ezeiza, Marcos Paz y Rawson para establecer vínculos entre los integrantes de Los Monos que están tras las rejas, con distintos episodios como el ataque a tiros al penal de Marcos Paz en noviembre, la distribución de drogas en Rosario y el crimen del joven músico Lorenzo Altamirano, quien habría sido ejecutado al azar para dar un mensaje a adversarios. Se encontraron con lo evidente: celulares y notas que podrían ser indicios de órdenes a sicarios o datos de cargamentos de droga para su corte y posterior distribución.
El rol de la justicia federal cobra mayor relevancia al haber sobradas muestras de que jueces, fiscales e integrantes de las cúpulas policiales de Santa Fe quedaron comprometidos en distintas investigaciones por su estrecha relación con los narcos. Este viernes allanaron lugares de dos históricos jefes policiales de la ciudad, uno de ellos relacionado a Los Monos y al crimen de un barrabrava de Newell’s. Mientras, hay 12 cargos vacantes entre fiscales y jueces federales en Santa Fe. Muchos ya fueron seleccionados pero ni el Congreso ni el Consejo de la Magistratura ni el Ejecutivo avanzan.
Rosario tiene una fiscalía especializada en balaceras desde 2020, ante el aumento exponencial de hechos de este tipo (ver aparte). Pablo Javkin, intendente de Rosario nombrado en el mensaje hacia Messi, deslizó su hipótesis del episodio del jueves: «son las bandas y los que nos tienen que cuidar de las bandas». La noche anterior se había reunido con el gobernador Omar Perotti y los jefes de la policía provincial, de la federal, de la PSA y de Gendarmería, donde planteó robustecer la seguridad de la ciudad. En todos los hechos hay algo en común: no hay policías en la escena. No hay persecuciones ni enfrentamientos.
Marcelo Sain, el primero de los de cuatro ministros de Seguridad que ya lleva el gobierno de Perotti, sostuvo por qué el GBA o la Ciudad de Buenos Aires no tienen los niveles de violencia de Rosario. En todos estos lugares «hay un mercado prolífico de drogas ilegales pero la gran diferencia es el Estado santafesino; los poderes públicos que está muy comprometidos con un sistema institucional que favorece que no haya nadie que ponga orden dentro del mercado de drogas. Si uno parte de la evidencia de que cuando ya se estructura un mercado de drogas que no hay posibilidad de extinguirlo, lo que hay que hacer es regularlo».
«En Santa Fe hay un Estado cómplice del crimen –continuó–. . El ministerio público de la acusación es muy débil y nació politizado, como un intercambio de favores dentro de la Legislatura, entre el Frente Progresista y el peronismo. Otro problema enorme es la policía que no es como la Bonaerense o la de la Ciudad; ni siquiera controla la actividad para apropiarse de la rentabilidad del negocio».
Rosario siempre estuvo cerca
En CABA la violencia tiene su principal exponente en la villa 1.11.14, donde murió días atrás Nayla (4) y en la que hay bandas en disputa. Algo que le reclamaron a Horacio Rodríguez Larreta durante la apertura de sesiones donde volvió a destacar a CABA por sus niveles de seguridad.
Del otro lado de la General Paz, el conurbano también enciende alertas. En el barrio 9 de Julio de San Martín (partido lindero a Tres de Febrero en el que se ubica Puerta 8, de donde hace un año salió cocaína envenenada que mató a 24 personas) varias familias abandonaron sus casas por temor a que se concrete la amenaza narco hacia las bandas de Max Alí Alegre y el Gordo Blas Gómez, actualmente detenidos, a que se fueran del lugar. Se cree que quienes grabaron el mensaje responden al Rengo Pacheco, el capo detenido en su mansión de Parque Leloir en mayo de 2021, quien se enfrentó con Mameluco Villalba, cuyo hijo (El Salvaje Iván) también está preso por haber asesinado en el 2018 a un empleado municipal y haber ametrallado a policías que intentaron identificarlo.
A mediados del 2022, el policía federal Ariel González fue acribillado en su auto y le dejaron un cartel mafioso. Se presume que iba a cobrar diez millones de pesos de El Rengo para facilitar la muerte de Alegre y Gómez, quienes se estaban quedando con parte de su «negocio».
La secuencia de asesinatos por ajustes de cuentas proliferó en los últimos 10 años. A mediados del año pasado, en plena luz del día, descartaron desde un auto el cadáver torturado de Lautaro Maturano, atado con ambas manos por la espalda, envuelto en una bolsa en las inmediaciones de la Villa 18. Una vez en el suelo, le dispararon varios tiros a la cabeza y al cuerpo. La secuencia quedó grabada por cámaras de seguridad.
Al igual que en Rosario, coincide la falta de presencia policial en las zonas; chicos con alta deserción escolar y grupos que le pagan a vecinos hasta 100.000 pesos por semana para que «cooperen», por ejemplo escondiendo droga en sus casas.
Tiempo recorrió varios de estos barrios. Algunos vecinos contaron que se organizan para salir a trabajar en grupos «de 5 o 6 personas de la cuadra hasta la estación de tren todos juntos, para que nos pase nada»; otros confiaron que por las noches cierran los ingresos y salidas de los pasillos laberínticos con rejas y candados: «La idea es desalentar los tiroteos porque el que entra sabe que después no va a poder salir fácilmente».
«Omar Perotti cambió cuatro ministros de seguridad. En Rosario cambiaron diez veces al jefe de policía. Gran parte de los delitos que se discuten no están necesariamente relacionados al narcotráfico. Son crímenes que no van a la Justicia federal. Un problema es la policía santafesina», apuntó el presidente Alberto Fernández. «Tenemos que urbanizar los barrios de Rosario y en esa tarea puede colaborar el Ejército, pero sin armas», dijo a C5N. Acotó que en Rosario «hay excomisarios presos por narcotráfico» y que «en Santa Fe hay un crimen organizado que lleva décadas. Es un proceso de bandas que buscan copar una región, empiezan a enfrentarse con otras bandas, se empieza a relacionar con el poder, comprar comisarios, jueces y terminan viendo como eso se blanquea»,
El ataque a tiros al supermercado del suegro de Lionel Messi puso de relieve el fenómenos criminal de las balaceras, que creció más de un 50 por ciento en dos años y, según el Ministerio Público de la Acusación (MPA), local «no hay un día que no haya un caso».
Con el objetivo de extorsionar a comerciantes, para «hacerse fuerte» en un territorio, por problemas interpersonales, para reclamar deudas o usurpar una vivienda, los ataques armados a inmuebles o personas se hicieron habituales en Rosario, según un informe de la agencia Télam.
Según el último registro oficial de 2021, ocurrieron en promedio más de cuatro balaceras por día. Solo en enero hubo 85 heridos de bala en el Departamento Rosario. La principal ciudad de la provincia de Santa Fe posee la tasa de homicidios más alta del país: en 2022 trepó a 22 casos cada 100.000 habitantes, cuando la media nacional se ubica en alrededor de cinco.
«Hubo días que ingresaron 20 hechos de balaceras, hay días de tres o de cinco hechos», dijo a Télam una fuente del MPA rosarino que, además, reveló: «No tenemos un día en que no haya un caso».
El último informe de «Criminalidad Registrada» publicado por el MPA de Santa Fe, correspondiente a los datos de 2021, registró ese año1.669 casos judicializados de balaceras en la ciudad de Rosario, algo más de cuatro hechos por día. Dos años antes, en 2019, habían sido 1.158 los casos de abuso de armas, que es la tipificación con las que las investigaciones ingresan al sistema penal.
El fenómeno de los tiroteos como instrumento para diversos fines cobró fuerza a partir de la pandemia. «Al principio, cuando comienza como tema, eran casos netamente extorsivos», indicaron a Télam fuentes del MPA. Se trataba de ataques armados en los que quienes los realizaban pedían dinero a cambio de evitar la agresión y tenían por objeto mayoritariamente a comercios.
La reiteración de los hechos y su crecimiento hizo que en septiembre de 2020 la fiscal Regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, decidiera crear una unidad especial para investigar balaceras, a la que dotó de tres fiscales provenientes de otras áreas.
«Después el fenómeno tuvo una modalidad cambiante, hay casos de problemas interpersonales, usurpaciones o reclamos de deudas», precisó la fuente consultada, y añadió que en la prensa suelen publicarse los hechos como «disputas narco», aunque es más amplio.
Agregó que entonces «se detectó que el abuso de armas relacionado a extorsiones era cada vez más creciente y se forma la unidad especial con tres fiscales».
El objetivo fue «poder unificar las investigaciones para determinar si había bandas» detrás de los hechos, que cada vez más comenzaron a mostrar que se originaban en las cárceles.
«En todos los casos, en algún lugar de la cadena, como organizador, o el que presta el ‘servicio’ para hacerlo, siempre hay un detenido», abundó el vocero judicial.
Una de las fiscales de la unidad especial, Valeria Haurigot, afirmó el año pasado que el «99,9 por ciento» de los llamados extorsivos que sufren personas y comercios son realizados «desde unidades penitenciarias» porque los reclusos «están desde la mañana a la noche con el teléfono».
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