Curas abusadores en Mendoza: «Como poner un lobo a cuidar a las ovejas»

La queja del procurador de la Corte de Justicia mendocina, Alejandro Gullé, es válida y también ingenua. La monstruosa historia del Instituto Antonio Próvolo, de Luján de Cuyo, tiene tantas réplicas que delatan una práctica metódica dentro de la Iglesia Católica: el traslado permanente de los curas abusadores como estrategia de amparo y con el objetivo final de que las denuncias nunca trasciendan. Pero los violadores no escarmientan y sólo mudan su corrupción a otro lugar del mundo.

El 27 de noviembre, el fiscal Fabricio Sidoti imputó a los sacerdotes Nicolás Bruno Corradi, italiano de 82 años con graves antecedentes, y a Horacio Hugo Corbacho, de 56 y con el galardón de haber sido el primer miembro argentino de la Compañía de María para la Educación de los Sordomudos –una congregación fundada en Verona–, por abuso sexual con acceso carnal, un delito que prevé una pena de prisión de 6 a 15 años, contra chicos hipoacúsicos que concurrían al instituto religioso, la mayoría provenientes de familias pobres, que pernoctaban en el lugar los fines de semana. También fueron detenidos tres trabajadores del establecimiento, aunque el grado de participación de cada uno todavía no fue probado.

De acuerdo al expediente, que ya alcanzó las 250 páginas con más de 40 testimoniales incorporadas, los abusos habrían comenzado en 2007 cuando la mayoría de las víctimas tenían entre 10 y 12 años. Según un vocero de la investigación, las denuncias demoraron tanto en salir a la luz porque algunos padres no confiaban en el relato de sus hijos. La otra posibilidad, más aberrante aún, es que habrían existido sobornos para silenciar la perversión.

El fiscal Sidoti pudo reconstruir que todo sucedió en un salón del fondo de la institución al que curas, monjas y hasta los chicos nombraban «Casita de Dios». Allí, algunos fueron violados y otros obligados a realizar sexo oral. Los que no participaban debían mirar, por turnos, a través de una rendija en la puerta. La justicia intenta dilucidar si las monjas eran también cómplices de los vejámenes.

«De haber tenido algún indicio hubiéramos hecho la denuncia», fue la escueta explicación del vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo de Benedictis. Dijo desconocer la brutal costumbre de Corradi, «trasladado» de Verona a Mendoza, acusado de abusar de menores entre 1955 y 1984.
«Si el caso de abuso no trasciende, es una práctica trasladar a los curas. Es lo que pasó con Corradi. La Iglesia tiene un sistema jurídico interno, sin garantías ni participación procesal de la víctima, que no tiene abogado defensor ni conoce los resultados de las pericias ni, si la hubiere, la resolución del procedimiento», explica Carlos Lombardi, abogado especialista en Derecho Canónico y asesor de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástica de Argentina.

«La Iglesia Católica –continúa– conoce esta realidad, porque los arzobispados del mundo tienen los legajos de cada uno de los sacerdotes que integran una diócesis; es decir, existen constancias de esos abusos.» «

El caso de Ilarraz, protegido por Roma

A fines de septiembre de este año, la Justicia de Entre Ríos confirmó que el cura Justo José Ilarraz, ex prefecto del seminario diocesano de Paraná, irá a juicio por la causa que investiga abusos sexuales contra al menos medio centenar de seminaristas de 10 a 14 años, entre 1984 y 1992.
El caso es paradigmático porque evidenció la complicidad de las altas jerarquías eclesiásticas con los curas pedófilos. Estanislao Esteban Karlic (hoy cardenal), Mario Maulión y Juan Puiggarí, los tres arzobispos de Paraná, fueron citados por el juzgado para explicar por qué, al tener probado que tuvieron conocimiento de las denuncias contra Ilarraz, nunca dieron aviso a la Justicia ordinaria, priorizando el secretismo y por ende, la impunidad del abusador.

Entre las pruebas que acumula la querella se encuentra una carta del Vaticano, llegada a los tribunales de Paraná este año, que confirma la confesión de Ilarraz realizada en 1997 ante el Tribunal Eclesiástico de la Santa Sede, donde reconoció los abusos y hasta mostró arrepentimiento.

Francisco y el obispo de Osorno

Consultado sobre el papel del Vaticano en el ocultamiento de los abusos sexuales, Lombardi, especialista en Derecho Canónico, opina que “con Francisco no ha cambiado nada. Es un gran demagogo que dice lo que la gente quiere escuchar, pero hace todo lo contrario”. Recuerda el nombramiento en Osorno, Chile, del obispo Juan Barros Madrid, a quien calificó de “principal encubridor del famoso abusador Fernando Karadima”.
Karadima fue condenado por el Vaticano a llevar una vida de penitencia y oración y “la prohibición perpetua de ejercicio público de cualquier acto de ministerio”, luego de probarse que era culpable del delito de abuso sexual y psicológico de menores.

La «demagogia» del Papa argentino, según Lombardi, radica en que formó una comisión a cargo de dos víctimas de abuso sexual, pero “cuando una de ellas empezó a realizar críticas constructivas al trabajo, lo echó de inmediato”.