Cuando sin clases significa sin comida

En el patio, Sandra intercepta al maestro de tercer grado, le da un beso y le dice: «Gordo, abrigate que hace frío». Más adelante se cruza con otra docente, le pregunta cómo salió el hijo en un examen. Se pone contenta al saber que se sacó un ocho. Después habla con unos alumnos, no tienen más de diez años, les pide que no corran, les explica el valor de no solucionar todo a los golpes.

Rubén abre la puerta de la escuela, da la bienvenida con una sonrisa que pacifica la furia de la calle. Unos minutos más tarde está empujando el carro con el mate cocido. En cada aula, la misma rutina: grita «buen día» y no empieza con el reparto hasta que el último de los pibes le devuelva el saludo. Así se los recuerda en Moreno.

El jueves 2 de agosto, a las 8:06 de la mañana, una explosión en la Escuela N°49 «Nicolás Avellaneda», del barrio San Carlos, provocó la muerte de la vicedirectora Sandra Calamano, de 48 años, y del auxiliar Rubén Rodríguez, de 45. Las pericias concluyeron que todo había sucedido en la cocina, culpa de una pérdida de gas, apenas unos minutos antes del ingreso de los alumnos. Al día siguiente hubo duelo y el lunes 6, los directivos de todas las escuelas de Moreno decidieron no reanudar las clases hasta garantizar la seguridad en cada una de ellas. Dos meses después, de los 294 establecimientos (una de las comunidades educativas más grandes de la provincia), alrededor de 260 siguen con sus puertas cerradas (y 275 con el gas cortado) y unos 90 mil chicos perdieron, en palabras de los propios docentes, «el único pedacito de Estado» que conocían.

«Las carencias de la Escuela 49 son las mismas que la de todas las escuelas de Moreno y hasta me animo a decir que las mismas de toda la provincia, y tienen que ver con pérdidas de gas, con paredes electrificadas, cables sueltos, filtraciones en el techo, con el agua en contacto con la electricidad, con riesgos de derrumbe y desbordes de los pozos ciegos, porque no tenemos cloacas», enumera Hernán Pustilnik, compañero de Sandra y Rubén, uno de los tantos que juró continuar el legado de militar por y para los pibes.

«La única comida fuerte –explica– la hacían en la escuela, porque la mayoría de las familias no tiene para cenar en sus casas. En invierno, muchos alumnos vienen en short porque no tienen pantalones largos, o con las zapatillas rotas y los dedos afuera. Nosotros juntábamos ropa y la repartíamos, combatíamos todo eso».

Luego de la decisión de los docentes de no continuar con las clases hasta que se garantizaran las condiciones dignas de trabajo, las inspecciones confirmaron el desastre: la mayoría de las escuelas tenían conexiones de gas deficientes. «Los gasistas no se explicaban cómo no había explotado todo antes», dice Pustilnik.

El 5 de agosto pasado, el interventor del Consejo Escolar de Moreno y dirigente de Cambiemos, Sebastián Nasif, tuvo que presentarse de improviso en la Fiscalía Nº8 de Moreno, luego de que los gremios docentes denunciaran que su secretaria había sacado «en cajas» documentación que probaría la desidia del organismo. Las sospechas provocaron un acampe autoconvocado frente al Consejo que recién se levantó con la conformación de un Comité de Crisis, integrado por directivos de cada nivel educativo de la zona, representantes de los barrios, padres de estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales, para evaluar y controlar el avance de las obras.

Pese a la presión social y la responsabilidad ineludible en las dos muertes, luego confirmada por la Justicia, Nasif renunció a su cargo por otro motivo: las amenazas recibidas contra él y su familia.

«Dos meses, dos muertos y sólo dos escuelas abiertas en todo el distrito de Moreno», resume Flavio Selinger, director de la Escuela de Estética de Moreno. En diciembre, parte del techo de hormigón de uno de los salones se cayó. La suerte quiso que ninguno de los 1200 chicos repartidos en tres turnos ni nadie del plantel de docentes y auxiliares resultara herido. El 2 de enero, el por entonces interventor del Consejo Escolar, Nasif, hoy imputado por las muertes de Sandra y Rubén, anunció el inicio de las obras de reparación. Un mes después, la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar suspendió los trabajos. Hoy la escuela cuenta con un salón de unos 30 metros cuadrados a cielo abierto.

“Ya van nueve meses sin techo –dice Selinger–, lo que generó que las paredes de los baños se agrieten, que se produzca un deterioro generalizado en el edificio. Tuvimos que dar clases en la vereda, pero en este contexto de amenazas a compañeras de escuelas vecinas, sumado al secuestro virtual que le hicieron a mis hijos, decidimos trabajar en el único patio cubierto que tenemos. Lo hacemos por seguridad, para cuidar a los compañeros y a los chicos, porque la inacción del Estado provincial es muy grande».

Frontera

Rosa tiene 48 años. La vida dura le suma arrugas pero no le quita fuerzas. Todos los días, sin importar la lluvia, el frío o el sol, se la ve instalada en uno de los paredones del predio donde funcionan la Primaria 39 y la Secundaria 49, en el barrio Cuatro Vientos. También hay una olla, un cucharón y un palo para mezclar.

«Estoy desde el 6 de agosto –cuenta Rosa–. Ese día ya no abrió la escuela, así que empecé a llamar a los vecinos, a los padres de los chicos, y entre todos, donando lo que se podía, armamos la olla. Le damos de comer a los chicos que vienen con el táper. Y a la tarde hacemos la chocolatada.»

Rosa, que vive a una cuadra y media del colegio, lo supo enseguida: sin clases, en esta barriada, también significa sin comida. «Con la escuela cerrada, los chicos pierden el único plato que tienen en todo el día. Así que me vengo a las siete y media, tengo un cocinero que me ayuda, y armamos todo para tener el almuerzo listo al mediodía. Después lavamos las ollas y ponemos a calentar la leche para la merienda. Me voy a eso de las cinco», dice.

Rosa se ocupa de lo urgente –el hambre– pero también mira más allá, al futuro posible con escuelas seguras. Por eso integra el Comité de Crisis, aunque eso haya puesto en riesgo lo que más quiere. «El primer día que fui a la reunión del comité salí a las seis. Esa misma noche, a mi hijo le pegaron un tiro. No le robaron nada. Se salvó de milagro. A mí, antes de eso, ya me habían amenazado. Un auto con cuatro hombres pasó por el frente de la escuela y uno de ellos me hizo el gesto con la mano como si me estuviera apuntando. Yo no le estoy haciendo daño a nadie, pero a los poderosos y a los funcionarios les molesta que uno visibilice el hambre, la necesidad de la gente.»

Enrique Elías enseña Historia en la Secundaria 32, en el barrio Villanueva, detrás de la Ruta 23, donde empieza lo que él llama el «Moreno tóxico». 

«Una vez al año –explica– hacemos una salida al centro. Llevamos a los chicos al cine y al museo. Yo les digo que se preparen porque vamos a cruzar la frontera. Ellos no conocen, nunca salen del barrio porque la realidad es que afuera les hacen sentir que son el último orejón del tarro, los hostigan, los miran mal. Cuando entramos al shopping y estamos en la fila, el personal de seguridad nos rodea con una faja, nos colocan un cordón de seguridad. Para los demás, somos el Moreno tóxico».

La Escuela 32 funciona en el edificio de la Escuela Primaria N°8. En diez años de existencia, nunca tuvo una estufa. La regla, en invierno, es abrigarse y tomar mate. El otro acuerdo se dio con los narcos de la zona. De día, la cancha de básquet es para la clase de Educación Física. De noche, es el estacionamiento de los clientes con auto que compran pasta base o marihuana.

 «Acá no llega nada. Es como vivir en otro tiempo, la violencia es muy grande. Hay una pobreza estructural. Pero naturalizar la injusticia no es hacer patria, nuestro trabajo es aspirar a algo más grande», dice Elías.

¿Dónde están los pibes que hoy no vienen a la escuela?

Elías no puede contestar. Sólo mira el barrio ahí afuera, a través de una ventana enrejada, sin vidrios. Se quiebra. Presiente lo peor. «

La 32 de Villanueva, “la escuela de los chicos muertos”

El barrio Villanueva, en Moreno, tuvo un pico de triste popularidad hace unos años atrás, cuando algunos programas de televisión visitaron la barriada para hacer informes sobre la racha de adolescentes asesinados, varios de ellos alumnos de la Escuela N° 32 (en la foto, hoy, con bancos apilados y ollas vacías). «La escuela de los chicos muertos», «Epidemia de muerte joven», o «Infierno de balas», fueron algunos de los zócalos elegidos por los productores de tevé para presentar una noticia terrible.

La seguidilla de muerte comenzó el 15 de marzo de 2013. Vladimir Romero, de 15 años, murió a manos de un vecino que, justificó, lo confundió con un ladrón. Javier Pereyra tenía la misma edad cuando salió de su casa rumbo al almacén a comprar una gaseosa. Según los testigos, un hombre en plena calle empezó a disparar a discreción a cualquier adolescente que pasara cerca, argumentando que estaba harto de que le robaran. Cinco de esas balas mataron a Javier. Según su familia, era un pibe sano que estudiaba y que jamás robó.

El último de esa escalada brutal de violencia fue Marcelo «Chelito» Rosas Acosta, de 17 años, acribillado de ocho tiros en mayo de 2014,  convenientemente antes de que se presentara a una rueda de reconocimiento para señalar al asesino de su amigo Carlos Ignacio García, de apenas 15.

El docente Enrique Elías recuerda que en uno de esos programas lo presentaron como «el profesor de los alumnos muertos» y, pese a la necesidad que había de denunciar el drama, se queja del tratamiento «amarillista» que hicieron los medios. Tiempo después, a través de una serie de cortos que hicieron los estudiantes, pudo reírse y repudiar aquella cobertura.

“No avanzan en la cadena de responsabilidades”

A dos meses de la explosión en la Escuela N° 49 de Moreno, que le costó la vida a la vicedirectora Sandra Calamano y al auxiliar Rubén Rodríguez, el establecimiento continúa cerrado y se encuentran procesados el gasista Christian Ricobene y el exinterventor del Consejo Escolar, Sebastián Nasif.

«El responsable real es el gasista porque es un profesional que tiene que hacer bien su trabajo, pero los responsables políticos son muchos, no sólo el entonces interventor del Consejo, sino también el ministro de Educación bonaerense Gabriel Sánchez Zinny y la gobernadora María Eugenia Vidal, que no nos ha dado ningún tipo de respuesta, no se comunicó con las familias ni siquiera para dar su pésame», se queja Alejandra (foto), hermana de Sandra.

La mujer admite que la familia «todavía no sabe qué va a pasar», porque ven que «la Justicia no sigue avanzando en la cadena de responsabilidades y sólo se queda con el gasista y el interventor».

La fiscal del caso, Gabriela Urrutia, imputó a Ricobene por homicidio culposo agravado con defraudación en perjuicio de la administración pública, mientras que a Nasif lo procesó por el incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber contratado al gasista cuando su matrícula no estaba habilitada.

«Dos meses después de las muertes de Sandra y Rubén, tenemos muy poco de parte de la Justicia. Yo sigo creyendo que los responsables directos e indirectos de esta situación tienen que estar presos, porque ellos son los que tienen a su cargo las escuelas y debieron haber resuelto los problemas edilicios, de gas, de luz, de todo», dice Diego, hermano de Rubén.

Para él, «el Estado está ausente, no tenemos respuestas, el plan de obras que presentaron en el Comité de Crisis es muy pobre. Creo que los maestros, directivos, organizaciones, gremios y padres son los que hoy estamos haciendo escuela».

Paro de 48 horas

Los docentes bonaerenses volverán a realizar un paro lunes y martes como rechazo al aumento por decreto otorgado por la gobernadora Vidal. Durante la segunda jornada de la medida de fuerza se llevará a cabo una movilización hacia la Casa de la Provincia en la Ciudad de Buenos Aires.

«Estamos reclamando que las autoridades se sienten con nosotros. La Justicia le ordenó negociar de buena fe, pero sacó un decreto y tampoco cumple con el fallo judicial que le exige aplicar la cláusula gatillo», denunció el secretario general de Suteba, Roberto Baradel. «Nos queremos reunir porque todavía hay más de 500 escuelas sin clases por no tener las condiciones edilicias. Nosotras queremos escuelas seguras», agregó.

La gobernadora había decidido, mediante el decreto 1145/2018, dar un aumento unilateral del 19% y así dar por cerrada la paritaria, algo que los gremios rechazaron de plano. «El decreto no hace más que ratificar el rumbo que venimos denunciando, los rasgos autoritarios por parte del gobierno», opinó José Luis Fernández, de Sadop.