La mayoría de los oradores que desfilaron durante las dos jornadas cuestinó el proyecto impuesto por el oficialismo porteño que, por otro lado, ya avanzó con la licitación de los trabajos.
Entre otros espacios políticos y ambientales, la Defensoría del Pueblo porteña, el Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas y el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, plantearon serias críticas al proyecto durante las dos jornadas de audiencias públicas llevadas adelante el viernes pasado y este lunes a instancias de la Subsecretaría de Gestión Comunal del gobierno porteño.
Excepto los seis expertos propuestos por la gestión que conduce Horario Rodríguez Larreta, el centenar de voces que se manifestó lo hizo en contra. “Ya ni se molestan en hablar bien del estudio de impacto ambiental, ni en plantar funcionarios para decir que está todo fantástico o pseudovecinos a favor de la iniciativa. Todos estuvieron en contra y más del 90% de las que hablamos el primer día fuimos mujeres”, destacó Cecilia Alvis en diálogo con Tiempo, referente del Colectivo de Arquitectas.
“Este proyecto se inscribe dentro del Plan BA Costa, iniciativa del GCBA como desacertada respuesta a la histórica Audiencia Pública donde más de 2000 expositores reclamaron recuperar los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco que por ley y por mandato constitucional no pueden ser privatizados y deben ser de uso público”, expresó Bárbara Rossen, responsable de la Conducción Ejecutiva de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo.
“Tenemos el deber de reiterar el incesante incumplimiento constitucional, conforme lo establece el art. 8 que reza: ¨Los espacios que forman parte del contorno ribereño de la ciudad son públicos y de libre acceso y circulación ̈ así como también lo dispone el capítulo IV de Ambiente que establece “garantizar su uso común”, continuó Rossen, quien calificó al proyecto de “escenográfico” al considerar que “proponen además del loteo privatizador, mantener concesiones en el único espacio verde de tierra absorbente que dejarían. No son 8 hectáreas. Son 32”.
Desde el Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, manifestaron que “la Agencia de Protección Ambiental convoca a una Audiencia Pública de una obra que ya ha sido licitada por la Jefatura de Gabinete de Ministros. Según consta en el Boletín Oficial No 6430 del 1º de agosto pasado, la licitación “Parque del Golf” se abrió el 27 de julio, estipulando presentaciones hasta el 19 de agosto y apertura de ofertas el 30 de agosto”.
En igual sentido se manifestaron el abogado Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y el arquitecto Gustavo Cañaveral, quien precisó que “la Ciudad de Buenos Aires está en emergencia constitucional y judicial. Todo esto es ilegal”.
El proyecto del oficialismo contempla desembolsar más de 650 millones de pesos para una serie de trabajos que demorarían unos seis meses, cuya primera etapa está programada entre octubre y diciembre: la demolición de algunas construcciones del ex Driving Golf y su estacionamiento. Debido a que en el predio también hay una estación de servicio abandonada, se deberán excavar sus sistemas subterráneos de almacenamiento de combustible. Luego, se construirá un camino de sirga de hormigón sobre el Río de la Plata y el arroyo Ugarteche y cerca de la avenida Costanera Rafael Obligado, se mantendrá el edificio del «club house» que era parte de la cancha de golf y se construirán instalaciones deportivas y juegos infantiles.
Todas las organizaciones de profesionales y ambientalistas recalcaron que la Legislatura no abordó el Proyecto de Ley presentado en mayo de este año como parte de la Iniciativa Popular que juntó las firmas de 53 mil vecinos que avalaron “tal como fija la Constitución de la Ciudad, que se avance con un parque público en la totalidad del predio de Costa Salguero y Punta Carrasco”.
“Esta acción colectiva, hecho histórico de participación democrática, tuvo como antecedente la Audiencia Pública más numerosa registrada en la Ciudad de Buenos Aires. El pedido de la ciudadanía fue y es claro: las 32 hectáreas del predio Costa Salguero – Punta Carrasco deben volver al dominio público”, concluyeron.
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