Días después de la conferencia de prensa en la que el gobierno jujeño anunció que iban a encarar detenciones y allanamientos a quienes impulsaran cortes y manifestaciones contra la Reforma Constitucional exprés encarada por Gerardo Morales, empezaron las órdenes de prisión. El miércoles fueron 22 pedidos en Humahuaca, de los cuales al menos 5 ya se concretaron, y este jueves se sumaron 20 más.

Hay sindicalistas, representantes de pueblos originarios y docentes. De hecho, este miércoles a la tarde la policía jujeña ingresó en la Universidad Nacional de Jujuy (UnJu), en plena reunión del Consejo Superior.

«Allanan las casas de 22 personas que participaron de la marcha del 30/6 en Humahuaca. Se los acusa de delitos gravísimos como sedición y privación de la libertad, para que queden detenidas. El gobierno cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas«, denunció el miércoles el Centro de Estudios Legales y Sociales.

Hoy se sumaron nuevos pedidos de detenciones: «Continúan los allanamientos en Jujuy y hay más de 40 órdenes de detención en las últimas horas. La mayor parte de las personas que están siendo detenidas son referentes de diferentes organizaciones sociales, sindicales, indígenas y políticas», remarcaron en el CELS.

La denuncia la hicieron algunos integrantes del Concejo Deliberante de Humahuaca, en base a lo ocurrido el 1° de julio, cuando el recinto trató la aprobación o rechazo a la Reforma de Morales. Esa noche hubo una manifestación afuera y la respuesta de la policía con más represión llegando a herir a manifestantes. Uno de ellos perdió un ojo. Son tres las personas que perdieron un ojo ante ataques de fuerzas de seguridad jujeñas en el último mes.

«Pretenden hacer pasar esa movilización por un intento de sedición y secuestro. La fiscalía y el juez deciden criminalizar la protesta social –remarcaron desde el CELS–. Ese día la policía de Jujuy reaccionó reprimiendo a quienes se manifestaban: hubo personas heridas graves, entre ellas jóvenes que perdieron la visión».

Detenidos, secuestros y allanamientos

Las 22 personas sobre las que se libraron los pedidos de detenciones son de Humahuaca. Fueron por orden del fiscal Enrique Alancay, que dictó órdenes de detención para las siguientes personas por sedición y privación ilegítima de la libertad.

Según el fiscal de la causa, el pedido de allanamiento fue «para proceder al registro y secuestro de elementos informáticos y celulares de uso personal de los imputados para geolocalizarlos el día del hecho y cualquier otro elemento que tenga relación con el delito investigado”. 

«Mi hijo fue citado a la policía sin un motivo preciso a las 10 de la mañana y directamente lo metieron preso, luego al mediodía me entero que lo llevaron a San Salvador de Jujuy –denunció a la prensa local Carola Zamboni, madre de uno de los detenidos–. Está secuestrado, desaparecido porque yo no sé adónde lo llevaron, en qué lo llevaron y quién lo llevó».

Al mismo tiempo, la policía jujeña ingresó a la UnJu, violando la autonomía universitaria. Horas antes el propio gobernador había amenazado con expropiar la sede de la UBA en Tilcara acusando que desde ahí se fomentaban los cortes.

Al momento que ingresaron los efectivos sin identificación, la comunidad académica, docentes y organizaciones estudiantiles estaban debatiendo el repudio a la Reforma de la Constitución. También avanzaban en el pedido para que la institución sea querellante ante la Justicia.

La universidad repudió el hecho: «Estas acciones violentan la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Los hechos revisten suma gravedad institucional y condicionan e interfieren en las posibilidades de diálogo para la generación de consensos y soluciones en momentos de alta sensibilidad y tensión social».

Iván Blacutt, docente y miembro de ADIUNJu, dialogó minutos después con Radio 2 sobre lo acontecido: “Estábamos en una sesión del Concejo Superior de la Universidad junto con docentes de ADINJu y alumnos de la universidad presentando un anteproyecto para declarar un órgano en repudio de la constitución y que se presenten como querellantes en las causas contra docentes y alumnos de la UNJu y que se expidan sobre toda la situación en la provincia. Habíamos tenido un debate muy enriquecedor, se pasó a un cuarto de comisión especial para el lunes, estábamos terminando y nos dimos vuelta y estaba entrando la policía y había grito de alumnos”.

Remarcó que estaban sin identificaciones, no había ninguna causa para estar ahí. «Ellos expresaron que les dijeron que alguien había llamado por una manifestación y que querían ver lo que pasaba. Es una nueva persecución a otro sector que se expresa en contra de la reforma»

Y concluyó: “Se retiraron porque este es un territorio nacional y federal, no pueden intervenir en ningún ámbito universitario. Entraron arbitrariamente y fueron echados por docentes y autoridades de la universidad. Claramente fue un amedrentamiento por lo que está accionando la universidad contra el gobierno de Morales».

Luego del hecho, al propio Iván Blacutt se lo llevó la policía jujeña, que lejos está de atenuar las acciones represivas contra la comunidad.