80 familias en vilo por la amenaza de un desalojo inminente a una fábrica recuperada

Pese a que se había llegado a un pre-acuerdo con los antiguos dueños y para lograr que cobren los trabajadores que no se sumaron a la cooperativa, la Justicia avanza con la alternativa del remate de la planta.

La vida de 80 familias depende de la Cooperativa Confluencia, ex Cerámica Neuquén, bajo gestión obrera desde hace siete años. Pero esa fuente de ingresos está una vez más en riesgo, ante la amenaza de un desalojo inminente. Pese a que se había llegado a un pre-acuerdo con los antiguos dueños y para lograr que cobren los trabajadores que no se sumaron a la cooperativa, la Justicia avanza con la alternativa del remate de la planta y arbitra los medios para que se concrete el operativo de desalojo.

Para intentar frenar ese avance, trabajadores de la planta, junto al Sindicato Ceramista de Neuquén, se movilizaron este martes al Juzgado laboral 1, para exigir una audiencia y la continuidad del pre-acuerdo alcanzado. “Hubo un nuevo pedido del juez (Hugo) Ferreyra antes de la feria donde exige al gobierno que prepare el operativo para desalojar la fábrica. En los pedidos anteriores no usaban la palabra ‘desalojar’, aunque sabíamos que era la finalidad. Ahora están presionando al gobierno y a la policía para el operativo”, alertó Bernardo Retamales, presidente de la cooperativa, en diálogo con Tiempo.

“Hace siete años que estamos gestionando los trabajadores. Votamos en asamblea esta movilización para reclamar que siga el pre-acuerdo que establecía que los dueños comercializarían unos terrenos ociosos de la cooperativa para pagar las deudas (con ex trabajadores que no forman parte de la cooperativa). Desde 2018 fue dictaminado el remate. Pero puede haber otros medios para que cobren los compañeros, pudimos lograr una mesa con los ex dueños y el pre acuerdo daría una solución de fondo. Nunca dijimos que no cobren”, aclaró.

La amenaza de desalojo recrudeció durante la pandemia, al punto de que los obreros volvieron a la planta en plena cuarentena por temor a que avanzara la medida. En marzo pasado el juez laboral subrogante Ferreyra emitió un oficio de inspección con un protocolo para que un tasador ingrese a la fábrica y allí autorizaba a la policía a realizar un trabajo de inteligencia para armar el operativo de cómo ingresarían a la fábrica. Además, establecía “oficiar al Ministerio de Salud de la Provincia a los fines de que se prevea la presencia de ambulancias que la autoridad policial estime necesarias y se oficiará también al cuerpo de bomberos de la provincia a los fines de que se hagan presentes preventivamente en el lugar con los elementos que la autoridad policial estime necesario”. En ese momento, la policía provincial respondió que no estaban dadas las condiciones para tal operativo. Luego el abogado de una de las partes que impulsa el remate pidió que, si no actúan las fuerzas locales, lo hagan las federales.

“Siempre estuvimos abiertos al diálogo, a una mesa de negociación, no a un desalojo violento. Nuestra propuesta –que en su momento dejamos de lado porque surgió esta posibilidad del pre acuerdo-es tratar en la Legislatura el proyecto de expropiación y estatización. Si no avanza nuestro reclamo para que se respete lo pre acordado, vamos a hacer una fuerte campaña en ese sentido”, anticipó Retamales.

Ante el riesgo de desalojo, desde diferentes espacios sociales, políticos y de derechos humanos expresaron su solidaridad con los y las trabajadores ceramistas de Neuquén, advirtiendo que “pone en peligro la vida, la integridad de los obreros y a misma gestión obrera de la fábrica y las 80 familias que viven de ella”. El comunicado lleva la firma de referentes como Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, y Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre muchos otros.

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