La Legislatura porteña aprobó este jueves el convenio urbanístico que por el cual se permitiría la construcción de torres de hasta 45 pisos en la Costanera Sur, un proyecto impulsado desde hace años por las gestiones del PRO en la Ciudad y que supondrá un negocio multimillonario para el grupo IRSA, dueña del predio de la exCiudad Deportiva de Boca Juniors, a contramano de la iniciativa de organizaciones vecinales que buscan que el lugar sea un gran parque público.

Tras casi dos horas de debate, los legisladores larretistas y sus aliados lograron aprobar inicialmente (se trata de una ley de doble lectura, que antes de aprobarse definitivamente deberá pasar por audiencia pública) el convenio firmado el 19 de julio entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la desarrolladora inmobiliaria.

El convenio contiene cambios al tipo de uso del suelo del predio de 71 hectáreas, que actualmente solo tiene autorización para actividades deportivas, y amplía los permisos a fin de habilitar la construcción de edificios cuya altura máxima podrá ser de 145 metros. Como “contraprestación”, IRSA cede al dominio público un 75% de la superficie para espacios verdes, un acuerdo que puede naufragar en la lógica de «barrio cerrado» que ronda el proyecto, reduciendo esos espacios al verde que rodee a cada una de las torres de viviendas de lujo.

Esta primera aprobación preanuncia una audiencia pública similar a la de Costa Salguero, cuando miles de vecinos acudieron en masa a rechazar lo que las entidades vecinales y ambientalistas y los partidos de la oposición porteña consideran una entrega de la costa ribereña a privados.

De la foto del miércoles, cuando los bloques opositores adelantaron su rechazo al proyecto y realizaron un «abrazo» al predio, se paso este jueves a la aprobación del convenio, con 36 votos a favor (los del oficialista Vamos Juntos y sus legisladores aliados de la UCR-Evolución, el Socialismo y el GEN) y 19 en contra, una vez revocado, horas antes, el fallo judicial que impedía el tratamiento en el recinto por no existir una evaluación de impacto ambiental.

El segundo Puerto Madero porteño, que amenaza destruir el único humedal que le queda a la Ciudad de Buenos Aires, la Reserva Ecológica, y que termina de coronar el paradigma urbano del PRO de una ciudad para pocos y de un río para muy pocos, ya está en marcha.