No será el primer festín que la Legislatura, hegemonizada por el PRO y sus socios, ofrezca a la voracidad del negocio inmobiliario, pero probablemente sea, si se concreta, uno de los más pantagruélicos. Este jueves a las 11:30 arrancó una sesión mixta (con legisladores en el recinto y otros de modo remoto), dos proyectos presentados por el Ejecutivo porteño podrían derivar en una nueva y formidable entrega del larretismo de espacios públicos que deberían disfrutar todos los ciudadanos a manos de un puñado de desarrolladores.

Lo que está en juego es nada menos que la privatización del río. Se debatirá la autorización para construir un barrio náutico con edificios de diez pisos frente al Río de la Plata, donde funcionaba el complejo Costa Salguero. Y no sólo eso. A manera de aperitivo, el oficialismo también impulsa una serie de convenios urbanísticos que le permitan elevar la altura permitida para futuras construcciones en predios de Puerto Madero, Palermo y Villa Crespo. Para todo esto requerirá al menos 31 votos.

El barrio náutico es un viejo anhelo del macrismo, es decir, la privatización del acceso al río no ya para comercios y eventos sino para viviendas de lujo. Lo había intentado en 2012, con el proyecto Solares de Santa María S.A., del grupo IRSA, que pretendía construir un barrio exclusivo con 13 torres en lo que había sido la Ciudad Deportiva de Boca, en Costanera Sur, y hasta llegó a condicionar la urbanización de la villa Rodrigo Bueno, enfrente, a la rezonificación de aquellos terrenos. Ese proyecto fracasó entonces y volvió a hacer agua en 2016.

Ahora, la conquista del río para unos pocos se muda a la Costanera Norte, para lo cual también reformular la zonificación de los terrenos de dominio público que ocupan unas 17 hectáreas que pertenecían al complejo Costa Salguero, y otras 14 hectáreas, separado por la desembocadura del colector del arroyo Maldonado, donde estaba Punta Carrasco.

Ambas parcelas quedaron incluidas en el llamado «Distrito Joven», una herramienta ya habitual del Ejecutivo porteño para allanar el camino a la enajenación de tierras públicas. Caídas las concesiones de los complejos que allí funcionaron durante décadas, pagando cánones ridículos y subalquilando a terceros, una ley aprobada por sus legisladores en diciembre del año pasado habilita al gobierno porteño a vender esos terrenos a la vera del río.

El concurso nacional para definir el proyecto urbanístico que se desarrollará en ese espacio ya fue seleccionado, y cristaliza aquel sueño de privatización ribereña: una suerte de barrio exclusivo de diez edificios de hasta diez pisos de altura, con calles internas y espacios verdes frente al Río de la Plata.

“Lo que se pretende consolidar es el primer emprendimiento de lujo de cara al río, cercenando la posibilidad del acceso al mismo, y otorgando usos del suelo que no tienen nada que ver con el espacio verde y público», sostuvo el legislador Javier Andrade (FdT). En efecto, la oposición al larretismo en la Ciudad, junto a asociaciones civiles que defienden el patrimonio urbano, señalan que el proyecto incumple el artículo 8 de la Constitución porteña, que es taxativo. Dice: «Los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación».

No es un obstáculo que haya detenido hasta aquí la codicia del real state a la que ha dedicado Horacio Rodríguez Larreta buena parte de su gestión. Tampoco la permanente rezonificación de predios, como la que se intentará con una serie de terrenos privados en los barrios más apetecidos por los desarrolladores inmobiliarios.

En Puerto Madero, el larretismo procura cambiar el tope de altura habilitado en un predio de Juana Manso al 300, para que allí se levante una torre de 140 metros de altura. En Villa Crespo, un segundo convenio apunta a permitir construcciones de hasta 36,7 metros en el polígono delimitado por las calles Fitz Roy, Vera, Ramírez de Velasco y las vías del ferrocarril San Martín. En Palermo, otro privado pretende construir torres de hasta 96 metros en las parcelas situadas entre Dorrego, Clay, Báez, Huergo y el Campo Argentino de Polo. A cambio, el Estado porteño recibiría 6 millones de dólares para destinarlos a la emergencia en la pandemia, una cifra varias veces inferior al lucro que obtendrían esos desarrolladores.

Entre muchas resistencias que genera el proyecto, el Observatorio del Derecho a la Ciduad lanzó una petición en la plataforma change.org para que no se sancione el proyecto, postulando que “la Costanera pertenece a la ciudadanía y no debe quedar en manos privadas para negocios inmobiliarios”.

“El PRO pretende vender de manera definitiva nuestro derecho de acceder al río”, dijo el legislador Juan Manuel Valdés (FdT). “Todos vimos en esta pandemia lo importante que es tener lugares donde hacer actividad física, respirar aire puro o encontrarnos con nuestros seres queridos. No podemos permitir que, donde deberían estar esos lugares, se emplace negocios para súperricos”.

En palabras del abogado ambientalista Enrique Viale, “todo el movimiento socioambiental de la ciudad de Buenos Aires debería estar accionando contra la entrega de 32 hectáreas de tierra pública a la especulación inmobiliaria. Es nuestra última oportunidad de reconciliarnos con el Río, de tener un horizonte en el cemento”.