El Máximo Tribunal consideró por unanimidad que "ha cumplido su propósito". Organizaciones como FARN advierten que aún “subsisten demoras en la ejecución de obras y los indicadores presentados en los informes de ACUMAR dan cuenta del bajo nivel de cumplimiento".
El dictamente que lleva la firma de los jueces Rosatti, Maqueda, Rosenkrantz y Lorenzetti considera que la aprobación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) y la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) son los dos hechos que marcaron la culminación de la intervención de la Corte en la causa como supervisora del cumplimiento de la sentencia.
“La intervención de esta Corte ha cumplido su propósito de generar la reforma estructural que resultaba imprescindible para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución”, remarcaron.
Y acotaron que “este tipo de procesos se consideran culminados desde la perspectiva de la actuación de este Tribunal, una vez que: (i) se han definido claramente las metas a cumplir; y ii) se ha establecido el órgano a cargo de su instrumentación”.
Los jueces expresaron que “los objetivos institucionales propuestos por la sentencia de esta Corte se encuentran cumplidos con la aprobación del PISA —que fija los objetivos a llevar a cabo para lograr la recomposición del bien colectivo— y con la creación de la ACUMAR a cargo de su cumplimiento”.
“Una vez que el plan se encuentra en funcionamiento, es ACUMAR la que está en condiciones de ejecutar la política pública que desarrolla el mandato constitucional de garantizar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano”, manifestaron.
Como destaca el sitio Palabras del Derecho, la sentencia aclara que las causas, actualmente radicadas ante los jueces de ejecución como consecuencia de las competencias atribuidas por la Corte en las sentencias dictadas en el 2008 y en el año 2012, vinculadas con la ejecución del plan, continuarán su trámite «ante el juzgado que corresponda en razón del territorio y de la materia con aplicación de las normas procesales ordinarias pertinentes». Asimismo, dispone que para tal fin «deberán ser remitidas a estos últimos en el plazo de quince días» y deja sin efecto lo dispuesto en el considerando 21 de la sentencia dictada en el 2008, previamente mencionada.
A las pocas horas de salir el fallo de la Corte, las organizaciones (que fueron las más activas estos 16 años controlando y exigiendo cumpliemientos) empezaron a hablar. Una fue la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), integrante del Cuerpo Colegiado en la causa del saneamiento: «el fallo omite explicar de qué manera se han alcanzado y cumplido los objetivos ambientales fijados en el año 2008”.
Recuerdan que tras la sentencia del 8 de julio del 2008, la Corte Suprema ordenó la elaboración de un Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) que tenía como metas mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos) y prevenir futuros daños.
Para cumplir estos objetivos, el Tribunal estableció ocho postulados (mandas) que conformaban la puesta en marcha de un programa de información pública; cesación de la contaminación de origen industrial; saneamiento de basurales; limpieza de los márgenes del río; expansión de la red de agua potable; extensión del sistema de desagües pluviales y saneamiento cloacal. Por último, establecieron un plan sanitario de emergencia.
Desde FARN explicaron que, a pesar de que la Corte afirmó haber cumplido su propósito para alinear la actividad del Estado con los principios y derechos consagrados en la Constitución, “subsisten demoras en la ejecución de obras y los indicadores presentados en los informes de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) dan cuenta del bajo nivel de cumplimiento respecto de lo ordenado por el máximo tribunal en 2008”.
“La Corte le soltó la mano a los habitantes de la cuenca Matanzas Riachuelo”, denunció María José Lubertino, presidenta de Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. “Rechazamos y repudiamos este fallo de la Corte que es escandaloso y nos preocupa el destino y la situación de las familias que siguen viviendo en un contexto de contaminación”, alertó.
Como parte del Cuerpo Colegiado con mandato para asistir a la Corte en el seguimiento de las mandas que había ordenado, Lubertino señaló: “Hemos puesto de manifiesto en estos 16 años el incumplimiento sistemático del Estado nacional, provincial y de la Ciudad, el incumplimiento en el marco de la salud y el derecho a la vivienda de los vecinos que están en la Cuenca Matanzas Riachuelo. La Corte ha hecho oídos sordos a todas nuestras peticiones de audiencias públicas y no pueden tomar en cuenta lo que dice ACUMAR sin escuchar a los vecinos (…) Es mentira que estén controlando a las empresas que contaminan. Siguen volcando sustancias”.
El 17 de junio, desde el Cuerpo Colegiado, conformado por Greenpeace, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Vecinos de La Boca, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) y FARN, le solicitaron a la Corte Suprema que convoque a una audiencia pública para debatir la efectividad del PISA y el cumplimiento de las mandas judiciales.
Y también para que especialistas en materia ambiental, hídrica, toxicología y gestión de residuos, entre otras disciplinas, pudieran exponer ante el Tribunal su conocimiento técnico, «brindando mayores herramientas para una decisión judicial razonable y eficaz». Sin embargo, la Corte nunca convocó a esa audiencia pública.
“Sólo el Máximo Tribunal podía y debía adoptar una decisión para revertir este cuadro de situación. En su lugar, eligió cerrar el caso. En este contexto, el nivel de cumplimiento efectivo de las acciones y medidas dispuestas para su solución no sólo continuarán siendo insuficientes, sino que se agravarán”, advierten en FARN.
A su vez, subrayaron que esta sentencia implica un «cambio drástico» en el posicionamiento de la Corte, ya que basa su decisión en los informes de la ACUMAR, organismo al que antes criticaba por considerar insuficientes las medidas adoptadas e incumplidos los objetivos trazados: “con el cierre de la causa en estas circunstancias, se ponen en riesgo todos los avances logrados”.
El 8 de julio se cumplieron 16 años del fallo judicial que ordena al Estado sanear el Riachuelo. Mientras el impacto de la motosierra se hacía sentir en el país, las organizaciones de la sociedad civil advertían sobre lo mucho que falta para cumplir aquella sentencia y pedían al Máximo Tribunal que interceda ante el desfinanciamiento por parte del Gobierno.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y la Asociación Vecinos de La Boca (AVLB) –integrantes del Cuerpo Colegiado que interviene en la causa- advirtieron sobre los riesgos de un retroceso ante los recortes y ajustes que recaen sobre el sector.
Solicitaron que “se requiera al Jefe de Gabinete de Ministros la reasignación de partidas presupuestarias a efectos de que la Acumar cuente con los fondos suficientes a fines de desarrollar las tareas necesarias para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo”. Y reclamaron también “que se ordene restituir todas las direcciones y coordinaciones eliminadas o disminuidas de categoría” por la nueva gestión.
Foto: Mariano Martino
En abril, el presidente de Acumar designado por el mileísmo –Lucas Figueras, quien ya había estado a cargo durante el macrismo- acudió a la cita del juez Jorge Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº2, para presentar el plan de acción del ente sobre la cuenca. Uno de sus ejes fue el ajuste presupuestario: aludió a los fondos congelados de 2023 y dio cuenta de un achique de la estructura del organismo en un 50%. Es decir, despidos y cierre de áreas.
En el informe presentado por las organizaciones sociales a la Corte alertaban que «en el actual escenario inflacionario y sin presupuesto actualizado, la Acumar no podrá desarrollar acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las acciones y programas comprometidos en el cumplimiento de las mandas que integran la condena. La consecuencia es el empeoramiento de la calidad de vida de las personas que viven en la Cuenca Matanza Riachuelo”.
El presupuesto 2025 tampoco prevé mejoras significativas de los fondos, mientras CABA y Provincia también deben hacer sus aportes, mientras son asfixiadas presupuestariamente por la misma Nación, sobre todo la gestión bonaerense. Un círculo vicioso de un ajuste interminable. En ese contexto, con un Ejecutivo Nacional que se jacta del ajuste y la motosierra, la Corte (siempre a tono con el ‘clima de época’) decidió desligarse y dar por cerrado el asunto.
Mientras, el desguace no sólo se da en forma de despidos y achique del organigrama. Tiene efectos cotidianos tan palpables como la suspensión de la entrega de bidones de agua potable en Villa Inflamable (Avellaneda).
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