En Brasil, los obstáculos para enfrentar la pandemia de coronavirus, como las dificultades para accionar medidas sanitarias y económicas, se suman a una fuerte y persistente tensión política. Además de las incertidumbres sobre el patrón de transmisión, el país está lidiando con la inseguridad sobre la preservación de los niveles mínimos de democracia. La pandemia intensificó la polarización en la que la sociedad ha estado inmersa desde la destitución de Dilma Roussef.
Bolsonaro fue elegido por votantes decepcionados con el Partido de los Trabajadores, adeptos a los cultos neopentecostales, miembros de las fuerzas armadas, policía, grupos paramilitares, camioneros y, por supuesto, la mayoría de los sectores empresariales. Desde el comienzo de su mandato, decidió mantener su discurso de campaña y comenzó a gobernar contra el «sistema» (prensa, universidades, intelectuales y artistas). El énfasis en los enemigos sirvió como blindaje contra las alianzas políticas y la formación de mayorías parlamentarias. Bolsonaro decidió asegurar su reelección en 2022 alimentando las redes sociales con odio al «sistema».
Fue esta arquitectura política, permisiva a los mandatos y delitos menores de los hijos del presidente, los gurús anticientíficos y la oscilación entre las agendas de las élites neoliberales y los raptos autoritarios por parte de los militares, lo que nos permitió decir que la pandemia no fue más que una «pequeña gripe». En enero hubo una división que opuso a los científicos y parte de los medios de comunicación contra las clases empresariales, el gobierno nacional y los gobiernos estaduales. En febrero, la posición de algunos, previamente opuestos a la proximidad de una inmensa tragedia de salud, cambió.
El anuncio de un crecimiento económico mediocre (el llamado «pibinho») estimuló críticas al gobierno de los parlamentarios de centro y derecha y de ortodoxos economistas fiscalistas. Estos desplazamientos generaron, por un lado, la posibilidad de coaliciones entre el centro y la izquierda, incluso con los gobernadores estaduales que apoyaron a Bolsonaro, como los de Río y São Paulo. Por otro lado, se intensificó la participación de los militares en el núcleo central del gobierno, incluso en el grupo coordinador de las acciones para combatir al coronavirus.
Tal inestabilidad afecta los discursos y las acciones de enfrentamiento a la pandemia. Por mucho que los investigadores y ahora las autoridades subnacionales adviertan e intenten imponer medidas de distanciamiento social, todavía hay muchas gente en las calles, comercio abierto y faltan insumos básicos como equipos de protección individual para profesionales de la salud, tests y camas de cuidados intensivos.
En medio de la confusión, desinformación y dificultades de acceso a los servicios de salud, empresarios del sector de la salud se benefician. En nombre del coronavirus, están aprovechando para obtener aún más subsidios públicos para sus negocios. Son grupos económicos que aprendieron a expandirse durante las crisis. Estamos investigando iniciativas del sector privado aquí y en Argentina a partir de un Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) que llevamos a cabo con investigadores del Departamento de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús.
La hipótesis que guía la investigación es que el sector privado de la salud, participa y financia campañas electorales y, sea derrotado o victorioso, puede aliarse con los gobernantes. Como esta adhesión puede ser útil para las coaliciones gubernamentales en el poder, las políticas públicas de apoyo a la privatización son preservadas por los gobiernos de matiz conservador como por los progresistas.
* Doctora en Salud Pública. Profesora del Instituto de Estudios en Salud Colectiva de la Universidad Federal de Rio de Janeiro. Integrante del PICT Políticas y Economía de la Salud.2018-0005.DESACO-UNLa. En Argentina dirigido por la Dra. María José Luzuriaga.