La SRA de Jesús María publicó un informe con falsedades para justificar el lobby para cambiar la Ley de Bosques Nativos de la provincia y que los puedan habilitar para ganadería. Crecen las denuncias por venta de tierras quemadas.
El 14 de agosto se dio a conocer el Estudio de áreas quemadas en la provincia de Córdoba: Periodo 2010 – 2022, solicitado por la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Jesús María y publicado por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, en el que se deja entrever el interés por la modificación de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Córdoba y la posibilidad de que se habilite a la ganadería como una solución para disminuir el combustible vegetal que alimenta a los incendios.
El estudio de las entidades agropecuarias fue elaborado por el ingeniero Marcelo Romero y el biólogo Erio Curto. Presenta la superficie quemada entre 2010 y 2022, en 16 departamentos de Córdoba. Cinco semanas después, los fuegos avanzaban en la región.
El 25 de septiembre, investigadores de Conicet, de la Universidad Nacional de Córdoba y del INTA publicaron un informe crítico al respecto. Alertaron por la desinformación que se generó y por las repercusiones sesgadas en algunos medios como Bichos de Campo, La Voz del Interior y El doce TV. Todo fuego es político.
Nicolás Marí, investigador del INTA Cruz del Eje y uno de los autores del informe crítico hacia el estudio de la SRA, explica que en ese análisis ruralista notaron “ciertos sesgos de la información, apuntando en contra de la ley provincial de los Bosques Nativos. La Sociedad Rural hace años que viene criticando al gobierno de la provincia con respecto a la reglamentación de esta norma”.
La ley provincial se reglamentó en 2010. Establece tres colores para calificar las áreas. Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse. Son los que deben permanecer como bosques para siempre. Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación. Se trata de zonas que pueden estar degradadas, pero que con adecuadas actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y ser usados para: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica. Categoría III (verde): sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad.
“Le molesta a la Sociedad Rural porque en las zonas rojas, ellos necesitan más tierra para la actividad agropecuaria –enfatiza el investigador–. Las sociedades rurales están en un proceso de expansión sobre áreas naturales; eventualmente necesitan retirar el sotobosque del lugar y poder poner vacas y plantar en sustitución pasturas exóticas, mega térmicas, que son muy invasivas y generan combustible fino. Son el alimento ideal para las vacas”.
El mensaje de la Sociedad Rural apunta a ubicar a las zonas rojas como las responsables de la alta ocurrencia de incendios y del daño ambiental generado en la provincia. Marí define como «falsa» la parte del informe rural donde sostiene que los bosques son las áreas que más se queman, y le adjudican a ellos la responsabilidad de la propagación del fuego: “es erróneo, porque lo que más se quema en la provincia son pastizales y matorrales, dado que es el combustible fino. Y en última instancia, el bosque”.
Entre las copas altas del monte maduro, los rayos del sol reducen su impacto hasta dar en la tierra. Por debajo de ellas, los pastos y otras especies herbáceas crecen de manera esporádica. Esta condición natural reduce la combustión para la velocidad del fuego. “Los bosques son más ignífugos, tienen una mayor resistencia a la propagación del fuego –subraya Nicolás–. Cuando un fuego se propaga por pastizales y llega a un bosque, puede sofocarse”.
Otro de los puntos que se cuestionan está vinculado al satélite utilizado para cartografiar áreas quemadas. “Nosotros usamos el satélite Landsat –remcaran los investigadores–, es un satélite estrella, de información abierta, gratuita y preciso. Para la superficie quemada, que es una de las críticas que le hacemos a la Sociedad Rural, ellos hablan de un método que no es el más usado, al contrario es el menos usado y menos recomendando”.
Detrás del lobby hay figuras. El ex intendente de Jesús María y de la Sociedad Rural, Luis Picat, hoy diputado mileísta por la UCR, tiene una denuncia -realizada por el gobierno de Gerardo Zamora-, por usurpación, incendio y explotación de miles de hectáreas de tierras públicas en Santiago del Estero. “Usurpó tierras, quemó, deforestó por sus propios intereses con la remera de la Sociedad Rural. Representa esa mentalidad”, grafica Marí.
No solo los ruralistas quieren las tierras. El gobierno de Córdoba presentó una denuncia, tras la difusión en redes de supuestos ofrecimientos inmobiliarios, vinculados a la venta de predios que se ubican en sectores afectados por los incendios forestales. El planteo judicial estuvo acompañado por documentación que corrobora las ofertas.
Como cada año, los intereses sobre las zonas quemadas afloran. Tras los fuegos del 2020, el mega emprendimiento inmobiliario en Santa Cruz del Lago, en las cercanías de Carlos Paz, no sólo avanzó sobre la tierra quemada: a pesar de ser zona roja, la Secretaría de Ambiente autorizó el proceso para obtener la licencia ambiental y construir. Lo mismo sucedió en Candonga, a 50 kilómetro de la capital cordobesa.
Allí la Provincia dio el visto bueno para urbanizaciones en una zona de alta conservación según la Ley de Bosques. Ante este avance inmobiliario, aparece la polémica construcción de la Autovía en Punilla y la conexión con la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), también sobre tierras en emergencia.
“Entendemos que todas las vías de movimiento vehicular están asociadas con una avanzada de la urbanización y sabemos que no hay control –retoma la bióloga Cecilia Diminich–. Se ve a nivel satelital que cada vez que hay una vía de acceso, es una vía de sangre para el ecosistema. Una vez que se abre un camino, el ambiente empieza a degradarse”.
Córdoba es una de las provincias argentinas más deforestadas en el transcurso de la historia reciente. Las causas tienen una vinculación directa con el corrimiento de la frontera agropecuaria, basado en un modelo de producción agroindustrial que desplazó hacia el norte y noroeste a otras prácticas como la cría de animales.
Según los datos sobre incendios recopilados por el grupo de investigación del Instituto Gulich, dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), a comienzos del siglo XX, Córdoba poseía 12 millones de hectáreas de bosques nativos originales. “Para 2012 quedaban sólo 594 mil hectáreas, que ascienden a casi dos millones si se contemplan otros tipos de vegetación”, explican desde unciencia.unc.edu.ar. Y como dato histórico, entre los años 1998 y 2002, Córdoba alcanzó niveles de deforestación comparable con los máximos mundiales: “mientras que entre 2002 y 2006, esos índices se ubicaron entre los más altos de Argentina”.
En 1987 había alrededor de tres millones de hectáreas de monte nativo, para el 2020 menos de seiscientas mil. En un contexto global de cambio climático, la bióloga Cecilia Diminich, explica que el incremento de la temperatura no se va a frenar: “vamos a vivir en ambientes más calurosos y en las zonas de Córdoba vamos a tener olas de calor más largas y frecuentes, con eventos de sequía más profundos. Los inviernos más crudos, todo se vuelve a extremar”.
Durante los incendios, el manejo del fuego llevado a cabo por la ETAC -Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes- fue públicamente cuestionado. Vecinos y vecinas de la región de Punilla Norte, presentaron denuncias contra este organismo de la provincia, creado en el año 2021, ante su actuación frente a los recientes incendios forestales.
La utilización recurrente del corta fuego, que implica una quema controlada para eliminar el combustible vegetal fino que puede incidir en la propagación rápida de las llamas, fue utilizada en condiciones climáticas adversas, vientos de más de 30 kilómetros por hora, alta temperatura y baja humedad, lo cual favoreció, en muchos casos, al descontrol de los incendios.
Las denuncias fueron presentadas en la Unidad Judicial Móvil de Capilla del Monte, ubicada en la comisaría de dicha localidad.
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