Así lo afirma la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), en referencia a medicamentos "liberados" como analgésicos y prazoles. Se suman los riesgos de la automedicación. Se profundiza en la Argentina el drama de los medicamentos: la venta de recetados cayó un 16% comparado a 2023. y PAMI avanza con las restricciones.
El recorte en el acceso a medicamentos fue uno de los ítems que incluyó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su informe sobre el primer año de gobierno de Javier Milei: “La cobertura del PAMI para medicamentos se restringió y dejó a miles de personas que dependen de su jubilación, desprotegidas”.
También destacó que “la eliminación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) implicó la renuncia a una política sanitaria nacional y el fin del apoyo financiero a la producción de medicamentos esenciales”. Todo en un panorama en el que los precios de los medicamentos «subieron drásticamente», afectando la continuidad de tratamientos: «la venta de medicamentos recetados cayó un 16% en comparación con el año anterior”.
A los problemas en la accesibilidad se suman los que trae la desregulación. El pase de medicamentos analgésicos y antiácidos a venta libre, así como el permiso para vender ciertos remedios en góndolas de farmacias y en otros establecimientos implican menos controles por parte del Estado sobre la calidad y seguridad de esos productos, además de los riesgos que conlleva el tema ante la creciente automedicación.
“Si no hay fiscalización se abre la posibilidad de que aparezca el mercado negro de falsificaciones. En los ’90 la situación terminó con la mafia de los medicamentos, el ‘caso efedrina’. Hay un montón de ejemplos”, advierte Ricardo Pesenti, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA).
Y alerta: “hoy lo que se ve en lugares con mucha circulación de droga es que los medicamentos de venta libre están usándose para cortar droga. En Córdoba por ejemplo. Se está investigando”.
El mes pasado, a través del Decreto 1024/2024, el Gobierno Nacional habilitó que los medicamentos de venta libre puedan ser exhibidos en góndolas de farmacias y las personas los adquieran de forma directa, sin intermediación de un profesional matriculado. En tanto, en establecimientos no habilitados como farmacias sólo se pueden comercializar antiácidos y analgésicos, con una lista ampliada tras la resolución 8227/2024 (de septiembre), que pasó a incluir también protectores gástricos.
“Un medicamento es un producto químico con implicancias de control de temperatura y humedad. Si está al rayo del sol nadie puede garantizar que no se alteró. El Gobierno había especificado que si un establecimiento quería vender analgésicos y antiácidos debía tener ciertos recaudos, pero en este último decreto lo sacaron, con el supuesto fin de dar accesibilidad y bajar precios. Pero los precios los pone el fabricante, no las farmacias. Y la accesibilidad está garantizada con las farmacias de turno, por lo que no vemos la necesidad”, cuestiona Pesenti.
Y se pregunta: “cuando hay una detección de algún problema dentro del sector, tenemos un sistema de alertas porque las farmacias somos efectores periféricos de farmacovigilancia. Si está dentro del canal farmacéutico, en 48 horas se retira todo. En cambio si hay algo falsificado y está en otro lado, ¿cómo se entera la gente?”.
Desde COFA realizaron un relevamiento en estaciones de servicio, supermercados y kioscos porteños: “encontramos medicamentos de venta bajo receta, antibióticos. Lo presentamos ante el Ministerio de Salud y en la Justicia, por el riesgo para la salud. Tenemos una cautelar en la que estamos solicitando que queden sin efecto las medidas del DNU 70/23 que tienen que ver con las farmacias”. Tras la negativa en primera instancia, la entidad apeló y está esperando el fallo de segunda instancia.
“Es súper preocupante fomentar la venta fuera de las farmacias por no saber la procedencia, por no tener nadie que garantice la legitimidad de los medicamentos”, coincide Alejandra Gómez, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. “Más allá de que en Provincia esto es ilegal, toda esta situación que anunciaron y la cercanía con otras jurisdicciones como CABA –donde esto sí se puede aplicar– genera temores de que se repitan situaciones graves como las que dieron en los ’90”.
Medicamentos supuestamente más accesibles, pero en los hechos más inaccesibles. De acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), “desde que Javier Milei ganó el balotaje en noviembre de 2023 los medicamentos que las personas mayores utilizan habitualmente alcanzaron en promedio una inflación acumulada del 210,7%, superando ampliamente a la ya elevada inflación de ese mismo período: 201,5 por ciento”. Pero además, los aumentos de los productos vía PAMI superaron a los de venta al público: acumularon una suba del 340,7 por ciento.
Un día después de la publicación de ese informe, el Ministerio de Salud de la Nación emitió un comunicado en el que aseguró que “en 2024, los medicamentos aumentaron menos que la inflación”, de acuerdo a una medición propia con datos del Indec. El truco es que analiza las subas desde enero, sin contemplar la fuerte devaluación inicial de la actual gestión.
El informe de CEPA concluye que “la jubilación mínima con bonos, en términos de la canasta de medicamentos PAMI, sufre una caída de 39,9 puntos porcentuales entre junio 2023 y noviembre 2024”. Otro dato, aportado a partir de un pedido de acceso a la información pública realizado por Clarín, reflejó que la venta de medicamentos del PAMI cayó un 13% entre enero y septiembre a nivel nacional. Ese número fue anterior a la reducción de la cobertura anunciada este mes, por lo que habría que sumarle ese impacto.
Las cifras se vuelven palpables en las farmacias. “Se ven situaciones muy angustiantes. Jubilados que dejan sus medicamentos en el mostrador. Que estaban acostumbrados a llevarlos en forma gratuita, vienen sin dinero a buscarlos y no pueden llevarlos –describe Rubén Sajem, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos (Ceprofar)–. Es preocupante porque se están abandonando tratamientos”. «
“Seguimos en la lucha con varios pacientes. Hay casos que desde junio están a la espera del tratamiento. Por ejemplo de Olaparib, un medicamento que provee la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). Ya realizaron todos los trámites, mandan mail día por medio, llaman, los teléfonos no están funcionando. Algunos casos aislados se solucionan y otros esperan hace muchos meses”, cuenta Débora Bosco, de Fundación Solidaridad Cáncer (Fusoca) sobre las dificultades para acceder a tratamientos oncológicos que dependen de Nación. Una de esas pacientes es Marilina González (46) con cáncer de ovario epitelial de alto grado. Pese a su gravedad no está recibiendo su tratamiento: “Hace siete meses estoy tramitando la medicación, me tuvieron mucho tiempo en el IPC (Instituto Provincial del Cáncer) pidiéndome papeles y como mi medicación es de alto costo y no está en el vademécum de provincia entré en la Dadse y estoy en veremos. Me dicen que pasé la auditoría y estoy en presupuesto. En junio presenté el último papel y ya estoy con un abogado por un amparo. Me corre el tiempo. Siempre digo: tal vez no te mata el cáncer, te mata la burocracia”.
“Al sector privado entran vacunas todas las semanas, igual el Ministerio no tiene ninguna incidencia ahí”, respondió la cartera sanitaria nacional en noviembre, ante la consulta por la falta de dosis contra el dengue. Desde entonces, sigue habiendo dificultad para conseguir dosis, sobre todo para quienes están a la espera de completar su esquema.
En Santa Fe, el Colegio de Farmacéuticos difundió que el laboratorio Takeda, fabricante de la vacuna Qdenga, redujo los envíos a las droguerías, dejando a muchas farmacias sin stock: “continuamos sin poder reponer las dosis necesarias para atender la demanda”. Esperan que la situación mejore en enero, aunque podría no alcanzar para el aumento de pedidos. La misma preocupación se dio en Córdoba y en Tucumán, donde el presidente de la Asociación de Farmacias de esa provincia, Sergio Barilari, declaró: “Estamos enfrentando un quiebre de stock”. Más demanda que oferta y la mano invisible del Estado.
El jefe de Medicina Ambulatoria del Hospital de Clínicas, Raúl Mejía, advirtió a mediados de año los peligros de la automedicación creciente en el país: “el primer inconveniente es que uno puede estar tomando algo que no sea para lo que le está pasando. Segundo, eso que está tomando puede estar enmascarando algún síntoma de otra cosa. El tercero es que la persona puede estar gastando dinero en un producto que no se ha demostrado que sea útil, como ocurre con los polivitamínicos. Por último, los efectos adversos que producen: los antiinflamatorios, por ejemplo, pueden dañar el riñón y el estómago”.
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