El magistrado considera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debería expedirse al respecto de todo lo que está pasando en la órbita federal.
Cabe destacar que este Sistema que integra el magistrado realiza relevamientos constantes que surgen de las visitas a distintos dispositivos de encierro. Lo hace en conjunto con la Comisión de Cárceles; Defensoría General de la Nación; Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN); Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Asociación Pensamiento Penal (APP); distintos jueces y varios integrantes más.
Todos estos organismos que participan tienen sus trayectorias y trabajos sostenidos en el tiempo. Este jueves tendrán una reunión en la cual acordarán las próximas estrategias que implementarán para lograr el cese de esta terrible situación que aqueja a la población carcelaria federal.
“Entre todos formamos un sistema que realiza seguimientos y relevamientos de todas las unidades del SPF, son lugares de encierro en los se encuentran detenidos que están a cargo de la Justicia Nacional Federal”, contó el juez Sergio Paduzack, a Tiempo. También agregó que por eso “visitamos cuarteles de Gendarmería Nacional; Prefectura Naval Argentina; comisarías, alcaidías y también algunas unidades provinciales”.
Hacinamiento extremo
Repasó que el 13 de marzo hicieron una inspección “tal cual se menciona en la acordada de la Cámara del Crimen de la semana pasada, entre tres organismos de este Sistema que formamos -que vela por la situación de las cárceles- coincidimos en el diagnóstico, o sea, que hay sobrepoblación de un 100 x 100”, aseguró el magistrado. Continuó detallando que los lugares son “absolutamente inhumanos, degradantes, carecen de duchas, un solo baño para 25 personas sin ningún tipo de intimidad, no tienen salida a un patio, permanecen las 24 horas encerrados, la verdad es que la situación es desesperante”.
“El informe que elaboramos en forma colectiva con los distintos organismos, personalmente se lo hice llegar la jueza y presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa; Leopoldo Bruglia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal”, aseguró Paduzack. También se lo envió a “Julio Lucini de la Cámara del Crimen; a la jueza Carla Cavaliere, quien tiene -en estos momentos- en su poder un hábeas corpus sobre la situación de las comisarías, alcaidías de la Policía de la Ciudad; y a la Cámara Contravencional de la Ciudad”.
“El raconto que hace la Cámara del Crimen en su acordada del pasado 21 de marzo es así de cierto, el problema viene de mucho antes de la pandemia y las medidas que se adoptaron cuando empezó empeoraron la situación. Hablo puntualmente de las unidades de tránsito, la 28 que está abajo del Palacio de Justicia y 29 que está en Comodoro Py”, explicó el juez federal. Además recordó que sobre estos lugares “se conocieron informes catastróficos, denuncias con fotos, sobre personas detenidas que estaban desde hace mucho tiempo en ese lugar sufriendo falta de agua para consumo humano, ducha y encierro permanente las 24 horas”.
“Por todo esto realizamos varias reuniones con distintos organismos, para definir estrategias y poder solucionar esta terrible situación, esto se tradujo en distintas medidas que tomó la Cámara”, reconstruyó el magistrado. Luego ameritó la redacción de un hábeas corpus “que básicamente lo lleva el juez federal Daniel Rafecas, el mismo -que aún sigue en trámite- solicita los cupos de las alcaidías 28 y 29 que mencioné anteriormente”.
Medidas sanitarias por la pandemia
“Justo después de interponer este recurso vino la pandemia, a partir de ese momento estas dos alcaidías no recibieron más presos”, recordó el juez Paduzack. Por lo cual los detenidos a los cuales los tenían dando vueltas por ahí fueron alojados en dispositivos de la Policía de la Ciudad, es decir, la problemática que tenían estas dos alcaidías se trasladó a las comisarias”, resumió.
“Desde el momento que recibimos ese pronóstico nos dimos cuenta que íbamos a tener el mismo problema de sobrepoblación que hay en las comisarías de la Provincia de Buenos Aires”, reconstruyó el magistrado. Todo esto sucedía” mientras legitimábamos el alojamiento permanente de detenidos en los calabozos de la Policía de la Ciudad”.
“Todos sabemos el problema que hay en las comisarías de la provincia, que alojan a cualquier cantidad de detenidos, esto ya originó muchísimas muertes e incendios”, advirtió Paduzack. Además citó que existe “el famoso ‘Fallo-Verbitsky’, que es aplicable a todas estas circunstancias, porque si te indica en forma clara y precisa que no se puede alojar detenidos en las comisarías de provincia, mucho menos se puede hacer en las de Capital”.
“El debate viene hace tiempo, pero después surgió esa mesa de debate por la emergencia sanitaria por el Covid-19 que convocó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”, recordó Paduzack. Señaló que no fue demasiado productiva “porque en definitiva lo que expusieron en ese momento fue una serie de problemas donde todos tienen un poquito de razón, pero no se encontró ninguna respuesta a la problemática”.
Servicio Penitenciario Federal
“Por su parte, el Servicio Penitenciario Federal nos dice que ellos están saturados, pero si en verdad hace una buena clasificación tiene lugar disponible en el interior del país”, apuntó el magistrado. También criticó el desgano de las autoridades penitenciarias que “podrían sugerir a ver quienes voluntariamente quisieran ir a esos penales y así empezar a trabajar con los jueces de ejecución penal para a ver de qué manera se pueda lograr; sin embargo, esta propuesta está paralizada”.
“El SPF sostiene que la culpa la tenemos los jueces, pero solo respetamos la Ley, a nosotros nos pusieron la flagrancia que es una picadora de carne que agarra al delito más barato, lo detiene y lo condena en cuestión de horas”, describió el juez ante este diario. Siguió relatando que desde el punto de vista procesal del sistema penal “esto resulta súper efectivo, pero lo que originó es esta problemática que tenemos hoy, que las comisarías están llenas de personas que van a ser condenada a tres o cuatro meses de prisión porque están ahí por hurtos, robos en grados de tentativas y demás delitos menores”.
“Por todo esto es que hace mucho tiempo se vienen pidiendo reformas legislativas que produzcan salidas alternativas a los delitos menores y de este modo no ocupar cupos que pueden ser usados para crímenes mayores”, reclamó Paduzack. También puntualizó que en el medio de todo esto “hay una discusión política, la pelea del Gobierno Nacional con el de la Ciudad, respecto al dinero que le corresponde o no para dar uno solución, eso fue lo que paralizó una obra que estaba recontra avanzada, que es la cárcel nueva de Marcos Paz”, señaló.
“A este penal ahora no lo termina nadie, porque Nación dice que la tiene que terminar la Ciudad, pero esta dice que se quedó sin dinero para hacerlo porque le cortaron los fondos”, explicó el magistrado. Mientras tanto la obra está “parada, deteriorándose y cuando la quieran retomar va a costar muchísimo más dinero”, remarcó.
La problemática de los cupos
“Es un hecho muy importante que la Cámara del Crimen ponga el ojo en que esta situación es absolutamente intolerable y que convoque a una mesa real de trabajo”, valorizó el juez Paduzack. También aclaró que “no esperamos el milagro de que mañana se solucione el problema, pero hay que bajar la cantidad de cupos porque arrancamos en 300 y hoy ya superamos los 1.200 y esto va a seguir creciendo, aún no llegamos al techo, esto va a empeorar en gran manera. Por lo cual hay que sentarse a discutir, trabajar muy enserio y no empezar a repartirse culpas”, subrayó.
“Por todo esto, este jueves el Sistema de Seguimientos y Controles de las Condiciones Carcelarias tendrá una reunión para tratar el tema y ver qué caminos seguimos para avanzar en el tema”, enfatizó el magistrado. Necesitan encontrar nuevas vías de diálogo que “podemos tener, más allá del oficio o reclamo permanente que hace la Cámara del Crimen a las distintas autoridades”, agregó
“Siguiendo mi criterio, esto demanda un compromiso mucho más serio de todos los operadores judiciales, más presencia de los jueces que están sabiendo la condiciones en las que están alojados sus detenidos y presionar con elementos de pruebas”, recomendó el magistrado. El organismo político que encabeza y controla al SPF; “se tiene que hacer cargo de esta situación, porque después cuando tenemos incendios, reclamos, motines, muertes llamamos a una mesa de diálogo y, en lo personal pienso, que eso es actuar muy tarde”, aseveró.
“Mientras tanto, nosotros seguiremos haciendo inspecciones, controles en las cárceles, alcaidías y comisarias”, afirmó el juez Paduzack. Finalizó puntualizando que “también haremos saber a las autoridades sobre los resultados de nuestras recorridas; pero considero que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debería expedirse al respecto de lo que está pasando”.
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Excelente nota. Celebro el interés del magistrado y de las instituciones que se ocupan de la problemática. Y agrego: no solo los lugares son desastrosos, también hay personas definitivamente resueltas a no cumplir la función por la quenñ perciben sus sueldos (fondos dilapidados) en severa afectación de las condiciones de vida de los internos. Y, lamentablemente, cuando los abogados lo hacemos notar las autoridades judiciales lo dejan pasar, y los internos son castigados como consecuencias de las denuncias. Quedo a disposición de las investigaciones con caso documentado.
Sin dudas muchas cosas para mejorar , pero muchas cosas para replantear cómo el delincuente con celular en la cárcel y lo.peor que la mayoría lo utiliza para delinquir. Premios y castigos , una sociedad normal nos merecemos.