Dos jóvenes de 13 y 14 años fueron abusadas a cambio de comida y dinero. Luego eran amenazadas.
Según el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 17 porteño, para cometer los abusos, los condenados se aprovecharon del «grave estado de vulnerabilidad» de las dos hermanas, de la relación de superioridad y del poder que tenían sobre ellas por la mayoría de edad y por la condición de funcionarios públicos que tenían.
Para la Justicia, las víctimas eran buscadas la mayoría de las veces en el Parque Lezama de La Boca y luego eran llevadas a una pensión situada en Warnes 2105, donde residían mayormente agentes y aspirantes de la Policía Federal Argentina, o al predio del Cuerpo de Policía Montada.
Contactaban de manera telefónica a las chicas, ya sea llamándolas o mandándoles un mensaje donde les decían la hora y el lugar por donde pasarían a buscarlas. En algunos casos, les daban dinero para cubrir “los gastos de traslado” que tenían hacía esos lugares.
En el fallo, pudo corroborarse que en varias ocasiones les enviaban luego mensajes amenazantes para que las chicas siguieran bajo su control “a fin de satisfacerlos sexualmente”.
Los policías Sebastián Borfitz y Héctor Palavecino recibieron una pena de 16 años de prisión, con el agravante de haber abusado de su autoridad por ser agentes de una fuerza de seguridad. Al agente de la Policía Federal Gustavo Salinas le fijaron una pena de 14 años de prisión mientras que Mauricio Acevedo fue condenado a 12 años y seis meses de prisión, y su hermano Jorge, efectivo del Servicio Penitenciario Federal, a 12 años. Por otra parte, Héctor Martínez fue sentenciado a 10 años de cárcel por la misma calificación pero por su intervención con respecto a una sola de las chicas.
En esa misma línea, Miguel Campero recibió una condena de siete años de prisión. En su alegato, la fiscalía había solicitado penas que iban desde los 12 años y seis meses hasta los 17 años.
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