Los penitenciarios fueron condenados a dos y tres años de prisión con ejecución condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante diez años.
Los condenados son Gastón Abila y Gabriel Bergonzi, que cumplían funciones en la Unidad Penal 23 de Florencio Varela, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Fueron condenados a dos y tres años de prisión con ejecución condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el plazo de diez años. Las magistradas los consideraron “coautores responsables de encubrimiento agravado, por tratarse de un homicidio y por la condición de funcionarios públicos”.
El detenido Rey fue asesinado “durante la represión a una protesta por las condiciones de los detenidos durante la pandemia, ese día los penitenciarios usaron balas de plomo. La justicia los encontró culpables de encubrimiento agravado y los condenó a dos y tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos por diez años”, contó Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo.
“Nosotros participamos en la causa como particular damnificado institucional y siempre destacamos la gravedad de los hechos ocurridos. Recordemos que la agente penitenciaria Daniela Heindeireich, que disparó y mató a Rey, fue declarada no culpable el año pasado por un jurado popular, por lo cual solicitamos una profunda revisión del expediente”, reclamó el secretario ejecutivo.
La víctima recibió tres escopetazos desde el muro perimetral cuando se subió a un techo durante un estallido en la Unidad Penal 23 de Florencio Varela. “En ese momento, los detenidos reclamaban por las condiciones en que estaban encerrados durante la pandemia y por sus visitas. Sabemos que estaban desesperados, angustiados y con miedo por lo que estaba pasando”, reconstruyó el letrado.
Heindeireich habría disparado con una escopeta con munición de guerra, cartucho multipropósito con postas de plomo. “En el veredicto quedó plasmado que los dos acusados -el subjefe de la Guardia de Seguridad Armada Gastón Abila, junto al subdirector administrativo, el prefecto mayor Gabriel Bergonzi- se deshicieron de los tres cartuchos servidos con munición de guerra, que son rojo”, remarcó el abogado.
Y, además, “cuando se realizó el rastrillaje en el lugar donde sucedieron los hechos, los encontraron tirados entre los puestos del muro perimetral. Además, los jefes penitenciarios ordenaron a sus subalternos no hablar del tema y no denunciaron el hallazgo ante la autoridad judicial como corresponde”, agregó García.
Las juezas, en la sentencia, “valoraron varios testimonios que señalan el pasamanos de esas postas de plomo. También evaluaron que los dos imputados, por los cargos jerárquicos que ocupaban y las responsabilidades que tenían, no sólo no podían desconocer lo sucedido con esos cartuchos, sino que además intentaron ocultarlos cometiendo el delito de encubrimiento agravado”, repasó el secretario ejecutivo.
Consideraron de vital importancia para el esclarecimiento del suceso investigado, el testimonio de una de las agentes penitenciarias que se encontraba en el muro perimetral cuando los detenidos habían subido al techo. “Dijo que empezaron a disparar con las escopetas y munición antitumulto para disuadirlos, que hubo muchos tiros, pero en un momento el ruido era más fuerte de lo habitual y se escucharon muchos gritos que alertaban sobre que las explosiones no eran de proyectiles letales”.
Además, “la testigo especificó que los cartuchos rojos son municiones de plomo y por su color se diferencian de las postas de goma, y que los encontró al lado de la oficial en la que trabajaba la agente Heindeireich”, apuntó el letrado. Las magistradas subrayaron que, “varios testigos la vieron recargar con cartuchos rojos, al mismo tiempo que vieron caer al detenido Rey del techo”, apuntó.
“Entonces quedó claro que la escopeta con la que tiró la penitenciaria, es la que secuestraron en la armería del penal, también que los cartuchos rojos encontrados en un cajón, son municiones para ataque externo y que no se usan intramuros. Consideramos que semejante situación de impunidad puede generar que el Estado argentino reciba condenas de Tribunales Internacionales”, finalizó el secretario ejecutivo.
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