La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) patrocinó a 17 de las 28 víctimas. También intervino como particular damnificada institucional.
Los hechos ocurrieron entre 2019 y 2020 en la comisaría 3ra de La Tablada. La decisión del jurado valora el testimonio de las mujeres y mujeres trans que, a pesar de la horrible situación que sufrieron, tuvieron la valentía de denunciar estos hechos y declarar durante el juicio.
“En algunos casos los votos se dieron por unanimidad de doce, en otros fue por mayoría de diez y once”, detalló Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), a Tiempo. Siguió relatando que “el jurado popular estuvo integrado por vecinos y vecinas de La Matanza. El mismo consideró culpable de los delitos de severidades, vejaciones, abuso sexual a 11 de los y las policías bonaerenses”.
“La terrible situación tuvo como víctimas a veintiocho mujeres y mujeres trans”, enumeró el secretario ejecutivo. Según indica la instrucción judicial de la causa y lo que se desprende del juicio que se realizó, estas prácticas fueron sistemáticas y se dieron en un contexto de graves vulneraciones a los Derechos Humanos de las detenidas”.
“Durante estos días de audiencia las víctimas declararon frente al jurado popular muy angustiadas por todo lo que sufrieron”, recordó García. También valoró que las mujeres fueron muy valientes porque “relataron con precisión los actos de violencia física y psicológica que sufrieron durante esos cuatro meses de encierro en la comisaría, nosotros patrocinamos a diecisiete de las veintiocho víctimas”.
Prácticas de torturas
“Una de las tantas cosas que nosotros señalamos fue que todas esas prácticas que padecieron estas mujeres constituyeron a actos de torturas y por ello solicitamos que se condenen estos delitos”, aseguró el abogado. Siguió relatando que en los alegatos “fundamentamos el pedido exponiendo ante el jurado la sistematicidad de estos métodos utilizados por la fuerza de seguridad, porque lo hicieron con intenciones concretas de provocar sufrimientos y secuelas graves en las víctimas”.
“A lo largo del juicio se pudo acreditar que durante esos cuatro meses, desde septiembre de 2019 a enero del 2020, los policías ejercieron violencias físicas, psicológicas con el objetivo de humillar y degradar a las víctimas”, aseveró el secretario ejecutivo. Señaló que lo hicieron para “producir gran sufrimiento y castigar a las detenidas de múltiples formas”.
“Las mujeres recibieron insultos racistas, xenófobos, aislamiento extremo como forma de castigo, esto implica el encierro en pequeñas celdas durante periodos prolongados”, reconstruyó García. Continuó denunciando que “las forzaban a orinar en botellas de plástico y defecar en bolsas de nylon”.
“También sufrieron el robo y destrucción de los alimentos que les llevaban sus familias, los policías les tiraban la comida o la dejaban al sol para que se pudra”, señaló el abogado. Contó que no les brindaban agua caliente ni fría para que se hidraten, entre otros graves hechos a los que fueron sometidas”.
Abusos sexuales
“Los funcionarios policiales abusaron sexualmente de las detenidas durante una requisa en la que buscaban un celular. Las víctimas declararon que en la comisaría había escáner para detectar metales en el cuerpo de las personas, pero que no lo utilizaron”, remarcó García. El funcionario provincial denunció que la requisa personal -en el cuerpo de las personas- vejatoria “consistió en que una agente policial introdujo sus dedos en las cavidades íntimas de cuatro mujeres detenidas con un mismo guante a todas”.
“Una de las mujeres declaró estar muy angustiada, con mucho dolor, porque sabe que tiene una enfermedad de transmisión sexual y lamenta haber podido contagiar a sus compañeras”, detalló sobre el terrible episodio perpetrado por los policías en la comisaría. También señaló que otra joven “que era virgen, también fue víctima de estas prácticas, lo que le provocó una profunda afectación física y psicológica”.
“El procedimiento fue totalmente ilegal y también participó personal policial masculino, sin consentimiento de las víctimas ni autorización judicial”, puntualizó el secretario ejecutivo. Aseguró que los hicieron con “la única finalidad de castigar, humillar, denigrar y violentar la integridad sexual de las detenidas que resultaron víctimas”.
Violaron todos los parámetros establecidos en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estipulan que estas requisas constituyen abuso sexual y así también lo entendió “el jurado popular que declaró culpables a cuatro de los seis policías imputados por los abusos sexuales”, dijo.
“También se comprobó durante el juicio, que fueron requisas vejatorias masivas que estuvieron a cargo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), se realizaron después de una protesta de las mujeres por las condiciones inhumanas en las que se encontraban viviendo”, reconstruyó el secretario ejecutivo. Apuntó que en ese momento, “funcionarios del GAD junto a personal de la comisaría 3ra de La Tablada, encerraron a diez detenidas en un baño muy precario”.
“Allí las obligaron a desnudarse, las golpearon con palos para que realicen ejercicios físicos hasta el cansancio extremo, con sus cuerpos en contacto mientras una de ellas menstruaba”, denunció el abogado ante este diario. Enfatizó en que todo se hizo frente a la mirada “de policías hombres que las insultaban de distintas maneras; les gritaban negras de mierda, mugrientas, putas, entre muchas otras cosas espantosas”.
Los policías considerados culpables por el jurado popular
En su decisión final, el jurado popular -durante la madrugada del sábado- declaró culpables: al subcomisario Lionel Maximiliano Gómez, Ángel Ariel Reales y Javier Ramón González por los delitos de severidades y abuso sexual; Valeria Suárez, Silvia Solari y Lara de las Nieves Taramazzo por el delito de severidades; Silvina Suárez por el delito de abuso sexual; y Hernán Garzón, Yanina Vargas, Johanna Romero y Franco Hinojosa por el delito de vejaciones. Por su parte, Maida Ruíz, Cristian Aliaga, Leandro Maidan y Ariel Pasquale fueron declarados culpables por el jurado.
Tras esta consideración, el juez Gerardo Gayol del Tribunal Oral Criminal N° 4 de La Matanza realizará el próximo diez de mayo la audiencia de cesura, para que las partes requieran el monto de las penas para los policías y después se dictará la sentencia.
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