La Comisión Provincial por la Memoria denunció secuestros y torturas de personas en una comunidad terapéutica

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia en el marco de internaciones ilegales sin consentimiento de las víctimas. También señalan que “desde julio de 2021 hasta comienzos de 2023 murieron tres personas” en la comunidad terapéutica Centro Victoria de la localidad de Tortuguitas, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

“Es muy grave lo que estaba pasando, porque el lugar nunca fue habilitado por la provincia ni por el municipio y hasta el pasado mes de junio permanecían alojadas allí más de sesenta personas, cuatro de ellas menores de 18 años, compartían los espacios comunes con adultos”, denunció Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo. Apuntó que se encontraban en “gravosas condiciones edilicias, sufrían severos castigos físicos, maltrato psicológico, torturas, con falta de alimentación y sin tratamiento médico o psiquiátrico, entre otros padecimientos cotidianos”.

Inspección de la CPM

“Denunciamos todo esto luego de la inspección realizada al lugar. Después -la semana pasada- pedimos la clausura del Centro Victoria y se efectivizó por orden del municipio de Malvinas Argentinas”, aseveró el secretario ejecutivo. Continuó diciendo que la Justicia de la Provincia “no intervino con la urgencia que ameritaba el caso, lo tomó con mucha tranquilidad”.

“La comunidad terapéutica funcionaba de manera clandestina, sin habilitación municipal ni provincial”, remarcó el abogado. Siguió denunciando encarecidamente que los trabajadores del dispositivo “secuestraban ilegalmente a los usuarios con métodos brutales, golpizas, ingesta forzada de psicofármacos”.

 “Durante la inspección que realizamos el pasado 6 de junio denunciamos la falta casi total de atención médico clínica, explotación laboral, reducción a la servidumbre, medicación forzada”, reconstruyó el letrado. Todo esto sucedía “como forma de castigo, como la inexistencia de tratamientos terapéuticos, pésimas condiciones de alojamiento, aplicación de distintos métodos torturas, malos tratos y graves violaciones de Derechos Humanos en forma sistemática”.

“Varias de las personas que fueron entrevistadas por nosotros contaron que las redujeron violentamente, que las sedaron y las llevaron a la institución donde permanecían”, aseguró el secretario ejecutivo. Fueron alojadas en ese lugar en “contra de su voluntad, de manera ilegal, sin ningún tipo de intervención de algún órgano judicial u organismo estatal”, enfatizó.

“Tampoco existía registro de un criterio justificado terapéuticamente hablando, no había evaluaciones interdisciplinarias al momento del ingreso al dispositivo, no se les permitía retirarse del lugar y había algunas personas que estaban bajo llave”, detalló García en relación al calvario que vivían las personas allí cautivas. El personal a cargo de la comunidad “ni siquiera conocía el número exacto de usuarios, tampoco tenían una lista con sus nombres”, agregó.

Violación de derechos de los usuarios y golpizas

“La institución no contaba con ningún tipo de actividad terapéutica, ni de laborterapia y las salidas se reducían a ir a una plaza cercana a jugar al fútbol un rato”, dijo el secretario ejecutivo. Continuó relatando que a esta práctica recreativa “solo algunos tenían acceso, los más sometidos por la comunidad terapéutica”.

“Por toda esta situación presentamos un habeas corpus colectivo ante la Cámara de Apelación y Garantías de San Martín, integrada por los jueces Sergio Pilarche, Javier Mariani y Patricia Toscano, que debía ser derivado por sorteo a un Juzgado de Garantías de ese Departamento Judicial”, detalló el letrado a este diario. Sin embargo, ante esto la Cámara resolvió “de manera arbitraria e infundada desestimar la acción de habeas corpus y dar intervención a la Fiscalía 23 de Malvinas Argentinas para que evaluara los hechos como si hubieran sido presentados mediante una denuncia penal”, se quejó.

“En el marco de este trámite judicial, la fiscal Silvia Bazzani ordenó el allanamiento de la institución”, celebró García. También recordó que en ese momento, “recomendamos a la magistrada transmitirle lo que estaba ocurriendo al Ministerio de Salud, para garantizar la aplicación de la Ley de Salud Mental, a los fines de que se realicen las evaluaciones y derivaciones pertinentes”.

“Después de esto la fiscalía solicitó la intervención de la Municipalidad de Malvinas Argentinas que -desde el Área de Asuntos Legales- se constituyó en el lugar”, reconstruyó el secretario ejecutivo. Luego dispuso la clausura administrativa del Centro Victoria, “a la espera de su confirmación por la Justicia de Paz”, señaló.

Liberación de los cautivos

Cuando todo este procedimiento concluyó, las personas que estaban allí alojadas se retiraron del lugar con sus familiares y otras fueron derivadas al Hospital Carrillo, para que sean evaluadas interdisciplinariamente para definir si requerían internación o no.

Antes de esto, el 31 de marzo desde este organismo habían solicitado reiteradamente a la Dirección Provincial de Registro y Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires información “sobre la habilitación, registros y antecedentes respecto al Centro Victoria, que informó que no existía documentación ni inscripción de la comunidad consultada”, remarcó el abogado.

“Cinco días antes de la inspección que hicimos, fiscalizadores del Ministerio de Salud habían estado en la comunidad terapéutica, donde a pesar de haber constatado su funcionamiento ilegal y la gravedad de las condiciones de internación, no tomaron ninguna medida de resguardo y además facilitaron los trámites para que la clínica presente los papeles para su habilitación”, se quejó el secretario ejecutivo. También apuntó que esto deja al descubierto “la precariedad institucional que existe”.

Investigación periodística sobre tres muertes

Cabe destacar que la intervención del programa de Salud Mental de la Comisión Provincial por la Memoria se inició con un informe elaborado por el periodista Pablo Galfré y Gustavo Zbuczynski, el presidente de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA). Este documento de 22 páginas registró las tres muertes ocurridas -entre julio de 2021 y principios de 2023- en la comunidad terapéutica Centro Victoria de Tortuguitas, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

“Para nosotros los hechos ocurridos en esta comunidad terapéutica muestran la continuidad  y la sistematización de prácticas ilegales en torno al funcionamiento en la provincia de Buenos Aires, respecto a los dispositivos que alojan personas”, reclamó el secretario ejecutivo. Siguió explicando que en su gran mayoría “son llevados a esos lugares para el tratamiento de consumo problemático”.

“Se disfrazan de clínicas o instituciones privadas proveedoras de servicios de salud, así realizan negocios oscuros, sin control ni habilitación de la autoridad sanitaria correspondiente y en los que se emplean la violencia como forma de control de las personas allí alojadas”, denunció el abogado García. Finalizó apuntando que mientras tanto “el Estado aprovecha de estos lugares clandestinos y hace un abandono de sus obligaciones en materia de salud mental, así también se libra de destinar el presupuesto que corresponde para atender esta gravísima situación”.