Organismos de Derechos Humanos rechazan su extradición ya que los delitos que se le imputan corresponden a hechos ocurridos antes de 2016 por lo que están encuadrados en el Acuerdo de Paz firmado ese año por el Estado colombiano y la guerrilla.
El pedido de extradición de Molares Schoenfeld fue solicitado por el Gobierno del presidente colombiano Iván Duque por haber integrado las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), requerimiento que fue rechazado por la defensa y por organismos de Derechos Humanos que consideran que los delitos que se le imputan corresponden a hechos ocurridos antes de 2016 por lo que, plantean, están encuadrados por el Acuerdo de Paz firmado ese año por el Estado colombiano y la guerrilla.
Otranto dio inicio al juicio pasadas las 9.45 de la mañana del miércoles, y la lectura del pedido de extradición a cargo del secretario del juzgado, Adrián Flores, que se extendió hasta las 11.30.
La defensa estuvo encabezada por Gustavo Franquet y Eduardo Soares, que integran La Gremial de Abogados. Luego de la lectura, se trataron dos cuestiones preliminares.
Desde el penal de Ezeiza donde está detenido Molares, el abogado Soares indicó que «las condiciones en que estamos para ejercer la defensa son muy precarias» y agregó: «Estamos en una celda, los sonidos son muy malos y se nos complica escuchar, tampoco hay wifi; no hay enchufe y hay problemas auditivos con lo cual fue muy difícil escuchar todo lo que se leyó».
Franquet sumó luego: «Si los testigos van a declarar en estas condiciones no podemos ejercer la defensa».
En respuesta, el juez Otranto señaló que «así como el juzgado hizo gestiones para que ustedes puedan ingresar al penal hará las necesarias para participar en el juicio desde un lugar cómodo y con acceso a su material digital. En todo caso el requerido deberá ser trasladado».
La segunda cuestión expresada por la defensa fue la existencia de «nueva prueba, dos nuevas documentaciones, informes periodísticos», según precisaron.
En este punto, el fiscal Baquioni se solidarizó con la situación planteada por las condiciones tecnológicas y no planteó objeciones a la incorporación de la nueva prueba que será analizada en otra audiencia, a realizarse la semana próxima.
Luego se procedió a la invitación a declarar de Morales Schoenfeld quien se negó a hacerlo, al comienzo del debate y se estableció un cuarto intermedio hasta las 12.30 cuando está previsto escuchar el testimonio del padre del detenido, Hugo Morales.
También, pasado el mediodía, se escucharán los alegatos de la defensa.
La audiencia se celebró en la mañana del miércoles en forma virtual, y fue seguida por el acusado, junto a sus abogados, desde el penal de Ezeiza donde se encuentra detenido desde noviembre del año pasado.
Morales Schoenfeld está detenido en Ezeiza desde noviembre cuando fue detenido por la división Interpol de la Policía Federal mientras se encontraba en la casa de su padre en la localidad chubutense de Trevelin.
Participaron el fiscal federal de Esquel, Federico Baquioni Zingaretti, y el titular de la Dirección de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración, Diego Solernó.
Por la APDH estuvieron Eduardo Taviano y Pablo Pimentel.
El fuero penal ordinario de Colombia, en base a la imputación de un integrante de la Fiscalía General de la Nación, acusa a Molares Schoenfeld del secuestro del concejal Armando Acuña, ocurrido en marzo de 2009 en el municipio de Garzón, departamento del Huila.
Organismos de DDHH consideran «inadmisible» la extradición ya que «las acusaciones formuladas -inciertas e infundadas- corresponden al periodo comprendido en los Acuerdos de Paz», advirtieron el pasado martes en una declaración firmada por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otras entidades.
Los defensores del fotógrafo argentino, alegaran que el fuero penal ordinario de Colombia no tiene competencia para solicitar la extradición porque los delitos que se le imputan son anteriores al Acuerdo de Paz del año 2016, por lo que deben ser tratados por la Justicia Especial para la Paz (JEP), tribunal encargado de administrar justicia a los actores del conflicto armado.
La instancia judicial
El juicio se desarrollará durante seis jornadas y fue transmitido por el canal de YouTube del sitio La Retaguardia.
El pasado martes Franquet adelantó a Télam: «Vamos a demostrar que quien pide la extradición (el Estado colombiano) no tiene competencia para hacerlo y que la pide por delitos políticos, por lo cual no corresponde concederla. Además, en el juicio vamos a probar un tercer elemento, la cuestión humanitaria, porque extraditar a Facundo Molares equivale a extraditarlo para que lo maten, porque está bastante claro que (en Colombia) lo están esperando para matarlo».
«En Colombia, hay más de 200 integrantes de las FARC que adscribieron a los Acuerdos de Paz y luego de desmovilizarse fueron asesinados. Esa es la postura de La Gremial de Abogados»
Soares, en tanto, insistió en que la competencia para juzgar los hechos cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia es «la Justicia Especial para la Paz, como lo determinan la Constitución, las leyes del Congreso y decretos presidenciales» de ese país.
También, señaló que las circunstancias que rodean al requerimiento del Estado colombiano no garantizan el cumplimiento de las garantías contempladas en varios artículos de la ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal, también conocida como ley de extradición.
Y sobre el aspecto humanitario, afirmó: «En Colombia, hay más de 200 integrantes de las FARC que adscribieron a los Acuerdos de Paz y luego de desmovilizarse fueron asesinados. Esa es la postura de La Gremial de Abogados».
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