Más de medio millón de hectáreas de bosques devastados, 11 muertos y 65 detenidos por los incendios.
El gobierno descartó de inmediato algún tipo de atentado terrorista. Una de las versiones que intentaban interpretar el suceso hablaban de que las mismas empresas madereras una de las fuentes más importantes de ingresos del país luego del cobre y otros minerales provocaban los siniestros para cobrar los seguros, o que había intereses inmobiliarios en cada una de las regiones comprometidas.
Nicolás Rojas Scherer es politólogo y en conversación con Tiempo descarta que los grupos Matte y Angelini los mayores controladores de ese negocio y líderes mundiales en celulosa puedan ganar más con el seguro que con la venta de materia prima o derivados. Pero sí ve detrás de esta catástrofe la mano invisible del mercado a través de un entramado que con los años fue consolidando monocultivos de pino y eucalipto en detrimento de los bosques nativos «lo que ha producido un deterioro en las condiciones climáticas y ecológicas del sur chileno».
En tal sentido, Rojas Scherer recordó que en cinco siglos de historia, Chile perdió más de 1000 kilómetros de bosques que «a la llegada de Diego de Almagro llegaban hasta Copiapó, bien al norte de Santiago». La desertificación y la indiscriminada explotación minera son consecuencia de este proceso. «Diría, arriesgando una frase polémica, que gran parte del desarrollo de Chile ha sido realizado mediante grandes incendios», señaló.
La investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia chileno Susana Gómez-González aprovechó un congreso que se desarrolla en Sevilla, España, para abundar en esa misma explicación. La experta analizó que esta ola de incendios se concentra en la zona costera de Chile porque precisamente allí el bosque nativo fue «muy fuertemente transformado» para crear plantaciones forestales, incluso con subvenciones oficiales, alentadas por una ley aprobada durante la dictadura, en 1974, y prorrogada en 2015.
Como consecuencia de esta liberalidad y entusiasmo inversor, se permitieron plantaciones intensivas de pinos y eucaliptos hasta el borde de las viviendas, lo que, puntualizó, aumenta la peligrosidad del fuego, que es lo que ocurrió en Santa Olga, una población dentro de las explotaciones madereras.
Otra científica, la bióloga neocelandesa Mary ThereseKalin Arroyo, investigadora de la Universidad de Chile, culpó con todas las letras a la implantación desenfrenada de pino y eucalipto en reemplazo de las especies autóctonas. «En mi país, Australia, se los llama árboles gasolina, porque producen un aceite altamente inflamable», dijo a medios chilenos. Al mismo tiempo, ese aceite impermeabiliza el suelo y no deja que la hojarasca se descomponga naturalmente, lo que aumenta el volumen de material combustible, con el agregado de que cualquier incendio se esparce a una velocidad sorprendente.
Eso es lo que detectaron los miembros de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la institución destinada a la prevención y detección de desastres. En un total de 140 focos diferentes de fuego, los técnicos constataron que las llamas avanzaban a más de 4,2 kilómetros por hora, un ritmo similar al de una persona caminando rápido. Fernando Maldonado, jefe del departamento de Desarrollo e Investigación de la Conaf, declaró al diario La Tercera que en sólo diez horas nocturnas, uno de estos focos consumió 9000 hectáreas, equivalentes a 900 canchas de fútbol, en la Sexta Región.
Por ese motivo, alrededor de 110 organizaciones sociales de Chile y otras del ámbito internacional pidieron a las autoridades terminar con un modelo de explotación forestal y reclaman al gobierno por no haber tomado las medidas necesarias desde hace años, porque este no es el primer incendio, aunque sí quizás el de mayor envergadura.
Sucede que a las muy magnánimas leyes de la dictadura, el primer experimento de la Escuela de Chicago en un laboratorio real gracias al pinochetismo, se añadió que los gobiernos democráticos no tomaron suficientes cartas en un asunto en el que se mueven intereses monumentales. Así, sólo en estos incendios, la Corporación Chilena de la Madera (Corma) calcula pérdidas por más de 350 millones de dólares. Eso sin sumar las que sufrieron agricultores en sus plantíos o por losanimales afectados por las llamas y que no tienen una cámara que haga lobby por ellos.
Los escasos intentos de regular un negocio tan próspero chocaron en 2008 con el rechazo del Tribunal Constitucional contra aspectos sustanciales de la Ley de Bosque Nativo en favor de la Conaf, lo que maniató a un organismo que podría haber alertado y tomado medidas sobre esta catástrofe. Y que advierte que con el cambio climático, para 2020 en regiones como El Maule, centro de uno de los mayores dramas esta vez, podría haber semanas enteras con más de 40 grados de temperatura promedio, lo que implica el riesgo cierto de incendios espontáneos ante la menor chispa.
De todas maneras, Michelle Bachelet ya informó sobre la detención de unas 65 personas por su responsabilidad en los incendios. Lo que no dijo el gobierno es a qué intereses obedecería esa intencionalidad que al menos para el ya mencionado Conaf, que consignó fotos donde se podía ver a pequeños paracaídas destinados a provocar incendios esparcidos entre la vegetación, no fueron para nada casuales. «Acá hay una gente organizada que está provocando estos incendios. Estos incendios, bajo mi punto de vista, no tienen mucho que ver con el calor», denunció Carlos Valenzuela, el alcalde del distrito de Constitución, al que pertenece Santa Olga.
El 75% de los bosques chilenos, según cifras oficiales, son de pino, el 15% de eucalipto y apenas el 10% es nativo. Tanto el pino como el eucalipto están mejor adaptados para «renacer» entre sus cenizas, no así las especies locales. Cuesta poco imaginar qué tipo de vegetación habrá en esas regiones en poco tiempo. «
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