El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 condenó este martes al mediodía a la máxima pena, prisión perpetua, a los tres efectivos de la Policía de la Ciudad que en noviembre de 2021 mataron a balazos a Lucas González. Los consideró coautores de homicidio quíntuplemente agravado, entre ellos, por «odio racial” y por las tentativas de asesinato de sus tres amigos.
En un fallo histórico, se estableció que la patota policial de la Brigada 6 de la Comuna 4 que aquella mañana del 17 de noviembre iba a bordo del Nissan Tiida, el inspector Gabriel Alejandro Isassi (42), el oficial mayor Juan José López (48) y el oficial Fabián Andrés Nieva (38), actuaron motivados por el “odio racial”, entre otros agravantes como haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad. Además, fueron condenados a distintas penas menores otros seis policías por los delitos de torturas y encubrimiento.
Los jueces Ana Dieta de Herrero, Hugo Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero ordenaron dejar asentado que tanto Lucas, como sus amigos Julián Salas (19), Joaquín Zúñiga (19) y Niven Huanca (19) -y los padres de todos ellos- fueron víctimas de «violencia institucional».
“Es un precedente clave”
Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, expresó a Tiempo que si bien aún se aguardan los argumentos del fallo, “para conocer la lectura del caso de cara a la idea de odio racial, sin lugar a dudas es un precedente clave para reconocer y poner en discusión el racismo en la Argentina y en especial en las intervenciones de las policías”.
“No podemos desatender que las policías desarrollan prácticas abusivas e ilegales, casi con exclusividad, sobre los jóvenes marrones de los barrios empobrecidos de todo el país. Y la forma en la que las policías trataron a los amigos de Lucas después de su asesinato, es la forma regular en la que las policías interactúan con los jóvenes marrones: maltratarlos, insultarlos por su piel, por su vestimenta”, explicó la especialista.
Darraidou mencionó como antecedente el caso de José Delfín Acosta Martínez, un activista uruguayo que luchaba por los derechos afrodescendientes y que fue detenido arbitrariamente y luego asesinado por la Policía Federal en el año 1996. “El Estado argentino reconoció que es paradigmática la persecución y estigmatización del colectivo afrodescendiente en nuestro país”, añadió la referente del CELS, quien acotó al respecto que “la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció por este caso que, entre otras cosas, el Estado argentino tiene que incluir cursos de formación regular para las fuerzas de seguridad, en particular a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Policía Federal”.
Darraidou puntualizó que estas “capacitaciones tienen que abordar sobre el carácter discriminatorio que tienen los estereotipos de raza, color, nacionalidad y origen étnico, de manera que este es un problema que todavía nos queda mucho por hacer y por problematizar”.
El jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad en la mira
Los jueces del TOC 25 ordenaron que se extraigan copias de los testimonios vertidos en el debate y se inicie otra causa tendiente a investigar la actuación del jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, y del subjefe, Oscar Cejas, en el marco de la causa. Esas actuaciones recayeron en el TOC 7 que ya tiene en sus manos una denuncia de la abogada Natalia Paola Arévalos, hermana del oficial Ángel Arévalo que fue uno de los cuatro policías absueltos.
Este martes, en sus últimas palabras, Arévalo, primero le dio su “más sentido pésame a la familia de Lucas, a la madre y al padre” y luego advirtió: “También quería decir que, después de haber escuchado todo lo que se dijo en las audiencias que se fueron sucediendo a lo largo de este debate y, puntualmente después de haber escuchado la declaración del principal Cuevas, al cual yo también le creo, tengo que decir que repudio absolutamente todo lo que escuché, es más me da vergüenza de que personas así formen parte de la policía y desprestigien de esa forma a la fuerza”.
«Acá hay personas que nunca quisieron que esa verdad se sepa, porque esa verdad no les conviene y esto lo tengo que decir porque la familia de Lucas lo tiene que saber. El Jefe de la Policía de la Ciudad por intermedio de dos de sus abogados están presionando al personal subalterno, o sea a los oficiales de menor jerarquía, o a los ‘vigilantes’ como ellos los llaman, para que ellos hablen con sus familiares que estuvieron presentes el día de la reunión y digan que no escucharon nada y que lo que dijo mi hermana es mentira, que desacrediten lo que ella dijo”, continuó el oficial, en alusión a los dichos de su hermana, que había mencionado en el juicio que el 23 de febrero de 2022 se reunió con Bernard y Cejas quienes le habrían dicho: “Nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque esto es un tema político y no queremos que llegue a nosotros”, recordó.
