Ante el pedido de un empresario, la justicia revocó el plazo de 18 meses que le había dado a los vecinos y vecinas del edificio ubicado en Parque Patricios para buscar una solución habitacional. “Las autoridades porteñas continúan desoyendo nuestro derecho a la vivienda digna”, señalaron.
A fines del año pasado, los vecinos y vecinas de Santa Cruz 140 habían logrado suspender el desalojo y obtuvieron un plazo de un año y medio para buscar una solución habitacional. Pero en 2020 y en plena pandemia, el panorama cambió.
“A principios de este año el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, en complicidad con la justicia civil porteña, solicitó que se resuelva la situación del inmueble. El juez Fernando Jorge Virginio Cesari dio luz verde, el pedido de 18 meses fue revocado y nuestro expediente cursando, esto significa que tenemos dictada sentencia firme. Hemos apelado al lanzamiento, que es, en definitiva, el desalojo forzoso. Esperamos que nos notifiquen y no descartamos que se lleve adelante en los próximos días”, alertó Iliana Llanos, presidenta de la cooperativa de Vivienda Papa Francisco que se confirmó en el edificio.
En ese sentido, Llanos también señaló la responsabilidad del gobierno de la Ciudad. “Las autoridades porteñas continúan desoyendo nuestro derecho a la vivienda digna dentro de la Ciudad. Entendemos que la reubicación de las familias debe ser ordenada a los fines de que el gobierno se disponga a discutir una solución habitacional definitiva para nuestra casa colectiva”, sostuvo Llanos en diálogo con Tiempo.
En un comunicado para convocar a una conferencia de prensa que se realizó este lunes, las familias expresaron: “En el edificio de Santa Cruz 140 de Parque Patricios, luego de 18 años de haber recuperado un inmueble abandonado, la especulación inmobiliaria de Leonardo Ratuschny y la insensibilidad del Dr. Fernando CESARI del Juzgado Civil N°60 arremeten nuevamente avanzando con el intento de desalojo de las 106 familias que vivimos en el edificio y sin garantizar el acceso a una vivienda digna definitiva.”
En el texto, señalaron la “inacción y omisión histórica de las responsabilidades políticas por parte del Gobierno de la Ciudad de Horacio Rodríguez Larreta”, y “la falta absoluta de sensibilidad” por parte del juez, que pretende dejar en la calle a 350 personas y 131 niñas, niños y adolescentes en medio de una crisis profunda y cuando está vigente el decreto que prohíbe desalojos.
También cargaron contra el Poder Judicial de la Ciudad, que no hace lugar a su pedido de amparo empresario inmobiliario como Leonardo Ratuschny, “propietario de distintos “falsos hoteles” que lucran con la necesidad habitacional de miles de vecinxs y que cuentan con la complicidad política y financiera de Larreta”.
Esto hace que “hoy les habitantes de Santa Cruz 140 reforcemos nuestra resistencia y lucha por la solución definitiva más que nunca para enfrentar el intento de desalojo ratificado por un Poder Judicial clasista, patriarcal y funcional a la especulación que nos despoja de nuestra vivienda y hábitat.”
En el edificio Santa Cruz funcionaba la fábrica textil SELSA en la década de 1990. Cuando la empresa quebró, los edificios de los talleres fueron casi inmediatamente vendidos o rematados. De todos los edificios, sólo había quedado sin vender el de la sede social, que fue abandonado y a partir del año 2002 comenzó a ser ocupado y recuperado como vivienda por familias.
El camino recorrido por las familias de Santa Cruz 140 no ha sido sencillo. Las 106 familias que llevan viviendo allí hace más de 10 años han solicitado subsidios y créditos y realizado innumerables trámites para legalizar su situación, sin obtener una sola respuesta. Desde hace ya algunos años sus habitantes emprendieron mejoras dentro del edificio y comenzaron a organizarse en la toma de decisiones mediante asamblea. En 2014 conformaron la Cooperativa Papa Francisco, para poder obtener un crédito blando y comprar el edificio en el marco de la Ley 341 que habilita al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) a otorgar créditos para la compra de viviendas sociales por medio del Programa de Autogestión de la Vivienda.
En junio de 2019, el instituto les informó que, pese a reconocer que están inscriptos en el Programa de Autogestión de la Vivienda, no cuenta con presupuesto para brindarles una solución, aduciendo además que hay 350 cooperativas más en lista de espera. El gobierno de la Ciudad se desentendió de la situación y el juzgado civil Nº 60, a cargo del Dr. Fernando Jorge Virginio Cesari, rechazó pedidos de amparo realizados por la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y ordenó el desalojo de las viviendas.
En agosto, el juez ordenó el desalojo para el 18, 19 y 20 de septiembre pero, en el marco de una jornada de lucha, con ollas populares y un festival, las familias lograron que la medida se suspendiera por 18 meses.
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