El gobierno de María Eugenia Vidal envió a la Legislatura un proyecto de ley que aumenta las penas para quienes agredan de forma verbal o física a un docente con arresto de hasta dos meses o multas de 31 mil pesos. 

La iniciativa, que busca frenar la violencia a la que se ven expuestos quienes trabajan en las aulas de las escuelas públicas y privadas, introduce modificaciones al Código de Faltas (ley 8031) e ingresó la semana pasada en el Senado provincial.

 El texto, al que accedió Tiempo, introduce el artículo 74 bis que sanciona con arresto de 5 a 30 días o multa del 50 al 100% del salario de un oficial de la Policía a la persona que “invocando un vínculo con un alumno, dentro del establecimiento educativo de gestión pública o privada al que éste concurre, o en las inmediaciones del mismo, hostigue, maltrate, menosprecie o perturbe emocional e intelectualmente a un trabajador de la educación, sea docente o no”. 

También fija la misma sanción para quien “insulte a un trabajador de la educación, sea docente o no, o provoque escándalo; ejerza actos de violencia física contra un trabajador sea docente o no; arroje contra un trabajador de la educación, sea docente o no, o contra un bien de utilidad educativa, elementos de cualquier naturaleza; ingrese sin autorización a un establecimiento educativo y no se retire a requerimiento del personal docente o no docente o perturbe de cualquier manera el ejercicio de la función educativa”. La pena o la multa se duplicarán si cualquiera de las acciones se cometen “frente a alumnos”. 

En el caso del arresto, esto implica que el agresor podría cumplir una condena de hasta dos meses en la cárcel. En el caso de la sanción económica, el texto toma como referencia el salario del Oficial Subayudante del Agrupamiento Comando de la Policía -el más bajo del escalafón- para calcular el monto: hoy el salario para ese cargo es de 15.516 pesos. Es decir que la sanción mayor sería de 31 mil pesos y la menor de 7500 pesos. 

El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro,  adelantó que el gobierno busca que el proyecto se trate y apruebe antes de fin de año. «Vamos a usar esta ley y nos vamos a involucrar hasta donde el límite constitucional nos permita. Queremos cuidar a los docentes», señaló el ministro en rueda de prensa.