Sofía tiene 27 años. Desde los 18 está en una silla de ruedas, tras un accidente en moto. “No sale mucho y cuando lo hace no le gusta. La silla tiembla”, dice su mamá, que es su único sostén. Las calles son de tierra, barro si llueve. “Al principio salíamos del barrio a upa, pero ya no puedo levantarla y además no quiere, y yo trabajo todo el día. Las veredas están rotas, a veces comienzan a arreglar algunas pero no las terminan, se hace muy difícil andar”. Sofía vive en la Villa 20, en Lugano, y lo que sufre a diario lo padecen muchas personas con discapacidad que residen en barrios populares.
Según el censo realizado en mayo de 2016 por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, en ese barrio viven 28.000 personas de 9119 familias, y hay 4581 viviendas en un espacio de 48 hectáreas. La tasa de “hacinamiento crítico” es de 14,3 por ciento. El aglomeramiento, las calles angostas y la falta de espacios abiertos perjudican la accesibilidad general, pero sobre todo a las personas que padecen alguna discapacidad. Un relevamiento de 2019 afirma que en el 16,3% de los hogares (211.079) de la Ciudad habita al menos una persona con discapacidad. Pero el porcentaje de esos hogares en las villas es muy superior y asciende al 22,8%, es decir, en casi uno de cada cuatro viviendas precarias reside una persona con discapacidad.
La Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma, junto a la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA y el Frente Salvador Herrera, relevaron el espacio público en relación a la discapacidad en varios barrios populares: Villa 20, los asentamientos Scapino, Albariño e Inta y el sector Caacupé de la Villa 21-24. “El trabajo abordó dos perspectivas fundamentales a la hora de planificar un espacio público sin barreras: la accesibilidad y la dimensión ambiental”, explica a Tiempo la ingeniera María Eva Koutsovitis, coordinadora de la cátedra. “Este relevamiento nos permitió construir indicadores de accesibilidad y fue el punto de partida para formar promotoras y promotores de derechos de las personas con discapacidad, y organizar consejerías en estos barrios para orientar a las familias”.
En cuanto a las prioridades de intervención, los resultados fueron coincidentes en todos los barrios relevados: mejorar la luminaria pública, garantizar el ancho de veredas y pasillos, construir rampas de acceso al espacio público e incrementar los espacios verdes.
Pero la falta de accesibilidad en los barrios más postergados no se refiere solo a las malas condiciones edilicias, el hacinamiento y el abandono de obras por parte del gobierno de la Ciudad. El acceso a los servicios básicos es otra problemática. De acuerdo a cifras de la Dirección General de Estadística y Censos del GCBA, solo el 4% de los habitantes de la Villa 20 tiene acceso al tendido eléctrico; el 25%, a cloacas; y apenas el 35% al agua potable.
“Nosotros realizamos charlas en la Villa 31 para capacitar a madres que tienen hijos e hijas con discapacidad, y cuando comenzamos descubrimos no tenían idea de que sus hijos eran poseedores de derechos”, dice Ana María Dones, trabajadora social, fundadora y referente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI). “En estos barrios hay una falta total del Estado, que no solo se visibiliza en la falta de infraestructura sino en la carencia de campañas de concientización para este sector, que es muy vulnerable. Ni siquiera les informan que pueden sacar un certificado de discapacidad, que tienen derecho al transporte gratis, tampoco saben que existe la Ley 24.901 que les da el 100% de cobertura en todos los tratamientos”.
Veredas rotas, calles de barro, obras paralizadas hace meses, falta de acceso a servicios básicos indispensables y de información sobre derechos vulnerados, son un combo que padecen a diario los habitantes de las villas porteñas. “La falta de acceso a la escolaridad, la salud y al trabajo son los grandes temas que sufren las personas con discapacidad, sobre todo si viven en los barrios populares”, opina Meli Garbini, coordinadora operativa del área de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. “La gran mayoría no pueden concurrir a sus tratamientos de rehabilitación por la falta de accesibilidad en sus barrios. Pero los problemas no son solamente urbanísticos. Muchos no saben cómo obtener su certificado de discapacidad y casi siempre terminan en la Defensoría”.
Debate y planificación
La Comisión Especial de Personas con Discapacidad de la Legislatura porteña se reunió para discutir la problemática de la accesibilidad en los barrios populares de la Ciudad, con la presencia de especialistas en la temática y vecinos. Encabezó el encuentro el presidente de la Comisión, Juan Manuel Valdés. El objetivo: escuchar a todos los involucrados en el trabajo diario de dar respuesta a las necesidades de esa población con discapacidad, doblemente vulnerable, y elaborar, con la información recabada, un informe que permita avanzar en soluciones.
